La Asociación del Fútbol Argentino obtuvo un respaldo judicial relevante en la controversia por el traslado de su sede institucional a Pilar. La Cámara Nacional en lo Civil falló a favor de la entidad y dejó sin efecto las medidas de control promovidas por la Inspección General de Justicia (IGJ).
La resolución confirma la validez del cambio de domicilio aprobado por la AFA y determina que la supervisión de la institución corresponde ahora a las autoridades bonaerenses, tras la inscripción realizada ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
El fallo, suscripto por los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, consideró que la IGJ perdió competencia sobre la organización una vez concretado el traslado de jurisdicción. En consecuencia, anuló la Resolución Particular 140/26 y dejó sin efecto la designación de veedores que habían sido nombrados para controlar la actividad de la entidad por un plazo de 180 días hábiles.
El conflicto judicial se originó en una decisión de la Asamblea General de la AFA de octubre de 2024, en la que los dirigentes aprobaron una modificación estatutaria que permitió trasladar la sede social desde la Ciudad de Buenos Aires a Pilar.
Tras la aprobación y la inscripción del nuevo domicilio en territorio bonaerense, surgió la disputa sobre qué organismo debía ejercer el control administrativo y legal de la entidad presidida por Claudio Tapia.
Según la Cámara, las decisiones adoptadas por la autoridad provincial mantienen plena validez y no pueden ser revisadas por la IGJ, dado que se trata de organismos con competencias distintas. Los jueces recordaron además que el traslado no implica ausencia de controles, sino que la supervisión continúa bajo la órbita del ente provincial correspondiente.
De este modo, la resolución judicial afianza la radicación de la AFA en Pilar y despeja, al menos de manera provisoria, los cuestionamientos planteados desde el ámbito nacional sobre la legalidad del cambio de sede.
