El Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata dictó una medida cautelar de no innovar que obliga a AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.) a mantener sus obligaciones operativas e inversiones vigentes y a no modificarlas en el marco del proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional.
El fallo, firmado por el juez Mariano López, se originó en una acción preventiva de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, encabezada por Guido Lorenzino. La resolución afecta a 26 municipios del conurbano bonaerense, entre ellos Pilar.
Marco contractual
En mayo de 2026, el ministro de Economía Luis Caputo publicó en el Boletín Oficial los pliegos para la venta del 90% del paquete accionario de AySA según la Resolución 704/26. El plan contempla una concesión por 30 años, con opción a prórroga por diez años adicionales, y apunta a transferir la operación a un socio privado estratégico.
El Ejecutivo proyectó ingresar alrededor de US$ 500 millones destinados al pago de deuda soberana.
Pasivos ambientales sin contemplar
La Defensoría del Pueblo bonaerense advirtió que el proceso no incorpora “elementos básicos que garanticen el acceso al agua” y que no contempla pasivos ambientales existentes en territorio provincial. Por ello, solicitó la intervención judicial para impedir actos que reduzcan las exigencias actuales sobre inversiones, mantenimiento, expansión, saneamiento y continuidad del servicio esencial.
El organismo reclamó medidas que aseguren la protección del derecho al agua y la conservación ambiental antes de avanzar con cambios contractuales.
Reducción de exigencias y postergación de obras
El juez López consideró que el nuevo esquema contractual tiende a disminuir las exigencias regulatorias y a postergar obras críticas, sin incluir mecanismos suficientes de prevención y reparación ambiental. Por eso ordenó a AySA abstenerse de cualquier acción que modifique sus obligaciones vinculadas al agua potable, la salud pública y el ambiente hasta que se realice una evaluación integral ambiental, sanitaria e institucional.
Expediente a la justicia federal
López se declaró incompetente para resolver el fondo del litigio por tratarse de una cuestión de competencia federal y remitió las actuaciones a la Cámara Federal de La Plata.
La medida de no innovar se dictó de forma excepcional ante la existencia, según el juez, de una situación de emergencia destinada a prevenir un daño inminente sobre los recursos hídricos de la provincia.
