El calendario marca el 20 de junio de 2026. Al recorrer las calles de San Salvador resulta difícil imaginar el nivel de miedo que dominaba la vida cotidiana hace unos años. Han pasado siete años desde la noche de 2019 en que se presentó una estrategia destinada a cambiar el panorama de la inseguridad: el Plan Control Territorial (PCT).
Lo que en el papel fue una iniciativa ambiciosa se ha convertido en el eje del cambio más marcado en la historia reciente de El Salvador. La implementación del Plan se organizó en fases claras y sucesivas, concebidas para debilitar las estructuras criminales que durante años controlaron amplias zonas del país.
El 20 de junio de 2019 comenzó la Fase 1: Preparación. La meta inicial fue recuperar el control operativo de los centros urbanos con mayor presencia delictiva y cortar las comunicaciones desde los centros penales. Desde entonces se observó una presencia coordinada e intensificada de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada.
El 2 de julio de 2019 se puso en marcha la Fase 2: Oportunidades, que introdujo un enfoque preventivo orientado a la recuperación del tejido social. La creación de los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO) llevó bibliotecas, acceso a tecnología y talleres a jóvenes de sectores estigmatizados, con el propósito de ofrecer alternativas a la delincuencia.
El 30 de julio de 2019 arrancó la Fase 3: Modernización, que dotó a las fuerzas de seguridad de nuevas herramientas tecnológicas: drones, sistemas avanzados de videovigilancia, equipamiento y vehículos blindados, reduciendo la brecha técnica frente a las pandillas.
Tras una pausa por la pandemia, el 19 de julio de 2021 se lanzó la Fase 4: Incursión, que incorporó a más de mil nuevos soldados a operaciones públicas y reforzó la seguridad del transporte colectivo con el Plan Transporte Seguro.
La Fase 5: Extracción se orientó a cercar municipios y departamentos clave para debilitar los remanentes de las estructuras criminales. A estas etapas siguieron la Fase 6: Integración, con medidas dirigidas a atacar causas estructurales de pobreza, y la Fase 7, enfocada en garantizar la sostenibilidad de los avances alcanzados.
En marzo de 2022 la estrategia recibió un impulso adicional con la adopción del Régimen de Excepción, una medida legal que amplió las capacidades operativas del PCT, permitiendo la detención de decenas de miles de presuntos integrantes de pandillas y contribuyendo a la pérdida del control territorial de las maras.
Impacto del Plan en la economía y el sector turístico salvadoreño
La pacificación del territorio ha generado un impacto económico y una mejora en la imagen internacional del país. La reducción de la extorsión, una carga recurrente para comercios y pequeños emprendimientos, ha recuperado dinamismo en barrios y mercados, facilitando la apertura y operación de negocios sin el pago de cuotas ilícitas.
El turismo se consolidó como uno de los motores del Producto Interno Bruto (PIB). Según datos oficiales del gabinete económico, el sector creció 92% entre 2019 y 2025. El país pasó de ser una zona señalada por advertencias a convertirse en un destino atractivo para el surf, el turismo ecológico y eventos internacionales.
Playas como El Tunco y El Zonte, integradas en la iniciativa Surf City, registran ocupaciones hoteleras altas y han atraído inversión extranjera interesada en operar en un entorno considerado más seguro para sus capitales.
De igual manera, los resultados de estos siete años de implementación del Plan Control Territorial y sus medidas complementarias son medibles y contundentes:
Tasa de homicidios histórica: Al cierre de 2025, El Salvador registró 82 homicidios en todo el año, lo que representa una reducción del 28% respecto a 2024.Índice de seguridad internacional: La tasa oficial se ubicó en 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, situando al país entre los más seguros del Hemisferio Occidental.Días sin homicidios: En lo que va de la gestión, el país acumula más de 1,100 días consecutivos sin muertes violentas, un dato que contrasta con las décadas previas, cuando los promedios diarios superaban la decena de asesinatos.Reducción de otros delitos: Los delitos de alto impacto social, como robos y extorsiones, mostraron una contracción superior al 51% interanual.
A siete años de su inicio, los resultados del Plan evidencian que reducir los índices de inseguridad fue posible mediante una estrategia sostenida, la asignación de recursos y decisión política orientada a recuperar espacios y brindar alternativas sociales y económicas.
