Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación y dirigente del Partido Justicialista, dijo que el peronismo no puede desconocer la influencia interna de Cristina Fernández de Kirchner, pero rechazó que su situación judicial bloquee la discusión política. Señaló que, si el espacio organiza un programa claro y define candidaturas en competencia, puede volver a imponerse en 2027.
Olmos, conocido por su trayectoria como negociador dentro del PJ, afirmó que la centralidad de la exmandataria convive con la necesidad de debatir una propuesta económica y electoral que recupere la confianza de la sociedad.
En una entrevista con Radio Splendid vinculó ese debate con un balance del ciclo peronista reciente y con la necesidad de evitar los mecanismos de selección que, a su juicio, permitieron ganar en 2019 pero no garantizaron una gestión eficaz. Planteó que la legitimidad de futuros liderazgos debe provenir de los votos y no de acuerdos cerrados.
Olmos integra el espacio conocido como Peronismo Federal, que busca diferenciarse del kirchnerismo y prioriza la representación de las economías regionales y la integración de sectores alejados del esquema dominante. Ese sector propone discutir un nuevo programa económico y funcionar como espacio de encuentro para dirigentes del interior, destacando la horizontalidad y el debate federal.
En contraste con el Gobierno nacional, reivindicó dos obras que atribuyó a gestiones peronistas y que, dijo, explican el actual superávit energético: Vaca Muerta y el gasoducto construido en la administración anterior. Afirmó que el oficialismo simplemente cambió denominaciones y definió a la administración de Javier Milei como un “gobierno de nomenclatura” en materia de obra pública.
Reiteró que Cristina mantiene un lugar insoslayable en el peronismo, pero negó que ello impida debatir candidaturas, programa y estrategia electoral; insistió en que el espacio debe abordar la situación de la ex presidenta sin convertirla en el único tema de la agenda.
Ignorar a Cristina “es estar fuera de la realidad”
Frente a la posición de dirigentes que sostienen que no puede haber debate interno mientras Cristina esté detenida, Olmos distinguió entre reconocer un liderazgo y suspender la política. Dijo que ignorar la figura de Cristina sería “estar fuera de la realidad”, pero aclaró que eso no debe paralizar las discusiones internas.
Recordó la historia del peronismo y la actitud de Perón cuando estuvo proscripto o exiliado, señalando que aun en esas circunstancias promovió la participación electoral y el debate.
Por ello rechazó que la situación judicial de la ex mandataria cierre el resto de las conversaciones: sostuvo que dejar de hacer política y no debatir el programa económico ni la propuesta para 2027 no constituye un programa de gobierno.
Olmos agregó que quienes quieran representar al peronismo deben pronunciarse sobre el caso de la expresidenta, pero sin convertirlo en el eje excluyente. Subrayó que el espacio tiene que ofrecer a la sociedad un programa capaz de recuperar confianza, porque perdió elecciones por motivos que hay que analizar.
La apuesta por ordenar una competencia interna de ideas y candidaturas
Sobre la reorganización del PJ, sostuvo que la solución no pasa por una síntesis previa entre dirigentes, sino por un proceso de autocrítica, debate programático y selección abierta de candidaturas. Su diagnóstico es que el peronismo necesita reconstruir una conducción con legitimidad electoral.
Defendió la competencia interna como herramienta para ordenar al espacio: si se organizan y se enfrentan ideas y programas con un candidato que los represente, afirmó, el peronismo puede ganar en 2027.
Asoció esa propuesta con una crítica al esquema que llevó a Alberto Fernández a la Presidencia: dijo que ese método permitió ganar una elección, pero no gobernar. Por eso consideró necesario presentar “este programa con esta persona” para que la sociedad decida mediante el voto.
También observó que el Gobierno de Javier Milei aún no tiene un claro capitalizador de su desgaste, porque la definición presidencial en Argentina se resuelve “en la última milla”. Por eso aconsejó no anticipar nombres y concentrarse en clarificar ideas y construir una alternativa más que una mera oposición.
Reivindicó obras del último gobierno y cuestionó el enfoque económico de Milei
En su evaluación de la coyuntura, Olmos describió a la administración libertaria como un orden macroeconómico sostenido a costa de altos costos sociales: caída del consumo, cierre de comercios y aumento del endeudamiento familiar. Al mismo tiempo reivindicó activos de infraestructura energética atribuidos a gobiernos peronistas.
Señaló que “hoy empezamos a ver los beneficios del superávit energético” por Vaca Muerta y por el gasoducto, y aseguró que ambas obras fueron realizadas por el peronismo. Agregó que el actual Gobierno se limitó a cambiar nombres de obras y espacios culturales.
En ese sentido definió que, hasta ahora, Milei ha sido “un gobierno de nomenclatura” en materia de obra pública. Criticó además la apertura de importaciones, el atraso cambiario y el perfil financiero de la gestión, al decir que el ministro Luis Caputo actúa como “el jefe de la mesa de dinero”.
Dijo que la alternativa peronista debe conservar orden macroeconómico pero con otra orientación: promover mayor actividad, aumentar la recaudación y sostener funciones estatales como la educación superior, la salud, las políticas para discapacidad y la inversión pública.
A Cristina no se le aplicó el debido proceso
Respecto del proceso judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, Olmos consideró que no se respetaron plenamente las garantías del debido proceso. Criticó los tiempos en que intervino la Corte Suprema y la forma en que se resolvió el recurso extraordinario.
Aludió a que no se aplicaron las reglas del debido proceso consagradas en el artículo 18 de la Constitución, y afirmó que el expediente se resolvió con “tiempos electorales” más que con criterios judiciales, cuestionando que la Corte ni rechazara ni admitiera el recurso en los términos habituales.
Sostuvo que esa actuación dejó la impresión de una decisión con matices políticos y advirtió que la falta de garantías para una ex presidenta afecta la seguridad jurídica en general, no sólo la percepción de inversores o regímenes especiales para empresas.
Finalmente vinculó el caso con la previsibilidad institucional: dijo que si a una exmandataria elegida dos veces no se le aplican plenamente las garantías constitucionales, el mensaje sobre el funcionamiento de la Justicia alcanza a ciudadanos, empresas e inversores y socava la confianza en las reglas del sistema.
