Los avances en inteligencia artificial llevan tiempo preocupando a expertos tecnológicos y, más recientemente, también a votantes. La IA ha ganado presencia en la agenda política occidental y suscita rechazo. En Estados Unidos, las protestas contra centros de datos han paralizado proyectos por miles de millones de dólares; grandes donantes vinculados a la IA han influido en campañas en Nueva York; y en encuestas alrededor del 40% de los votantes dicen querer prohibir la IA en la mayoría de sectores. Fuera de EE. UU., los debates también se han intensificado: tras el aumento de beneficios de los fabricantes de chips, trabajadores de Samsung en Corea del Sur amenazaron huelgas para reclamar pagos extraordinarios.
La reacción negativa apenas comienza, y la tecnología todavía está en fases tempranas. En el Reino Unido, el debilitado candidato a primer ministro Andy Burnham ha hablado poco sobre la IA. En Estados Unidos, los votantes sitúan la IA en el puesto 29 de 39 asuntos electorales, aunque esa posición probablemente cambie.
Esto está llamado a transformarse, y las controversias en torno a los centros de datos anticipan las luchas venideras. Estas instalaciones provocan una hostilidad que va más allá del rechazo local habitual; más ciudadanos afirman que preferirían tener un reactor nuclear cerca antes que un centro de datos. Incluso proyectos en zonas remotas, como un plan en el desierto de Utah, han encontrado oposición intensa.
Es verdad que los centros de datos pueden resultar poco atractivos a la vista, pero la oposición también responde a la percepción sobre la IA en general. Durante años, responsables del sector han advertido sobre la pérdida masiva de empleos o riesgos existenciales vinculados a la IA. Los críticos de los centros de datos creen, por diversas razones, que están defendiendo el medio ambiente, protegiendo empleos y evitando riesgos para la humanidad —y en algunos puntos no están equivocados—.
No obstante, esa reacción presenta riesgos. La IA tiene el potencial de transformar la economía y la sociedad de manera positiva, igual que lo hicieron la electricidad o la máquina de vapor. Podría impulsar la productividad y los ingresos, acelerar el descubrimiento de tratamientos médicos, y mejorar ámbitos como la educación y las tecnologías limpias.
Todo ello podría perderse si los países restringen el acceso a la capacidad de cálculo necesaria o imponen regulaciones tan estrictas que hagan inviable la tecnología. Un ejemplo comparable fue la investigación sobre las vacunas de ARNm, que sufrió frenos tras reacciones negativas durante la pandemia de COVID-19.
También es preocupante el riesgo de respuestas descoordinadas entre países: si algunos ceden ante la ira pública mientras otros avanzan, quienes se detengan podrían perder posición tecnológica y estratégica. Si Estados Unidos se retrae, podría ceder liderazgo en IA —y con ello capacidades cibernéticas y militares— a China. Europa y Canadá, más reacios al riesgo, corren el peligro de quedarse atrás. A lo largo de la historia, pocas naciones han alcanzado a los pioneros industriales.
Hay, por tanto, mucho en juego. Las grandes declaraciones sobre un “contrato social” para la era post-IA son discutibles y hoy aportan poca orientación práctica, en parte porque aún persisten muchas incertidumbres.
Un enfoque más prudente es avanzar gradualmente. Cuando China crecía al 10% anual en los 80, su líder Deng Xiaoping recomendaba “cruzar el río tanteando las piedras”: avanzar de manera iterativa, anticipando problemas pero manteniendo flexibilidad. Gestionar la era de la IA exigirá una actitud similar.
Con ese objetivo, aquí hay cuatro recomendaciones para responsables políticos y empresas de IA. Primero, ampliar y distribuir los beneficios de la IA lo más ampliamente posible. Convencer a quienes se oponen de que sus comunidades pueden obtener ventajas es esencial. Las empresas de centros de datos ya empiezan a ofrecer financiación a localidades cercanas; ese enfoque debería extenderse, con mecanismos que vinculen a la población a los beneficios económicos del progreso tecnológico y ofrezcan apoyo para la adaptación —por ejemplo, seguros salariales—. Un sentimiento compartido de prosperidad puede mitigar la política polarizada de “ganadores y perdedores”.
En segundo lugar, regular con firmeza donde haga falta. Riesgos como ciberataques avanzados o bioterrorismo potenciado por IA deben tomarse en serio. Abordar estas amenazas no solo es necesario por sí mismo, sino que también reduce los argumentos que piden prohibiciones amplias de la tecnología. Lo ideal es que estas regulaciones se coordinen internacionalmente.
En tercer lugar, medirlo todo. Muchas creencias públicas —por ejemplo, que la IA ya está provocando despidos masivos o elevando drásticamente las facturas eléctricas— pueden no corresponder con los datos. Sin estadísticas precisas es difícil evaluar impactos reales. Algunas preocupaciones, como el consumo de agua de los centros de datos, están exageradas: las instalaciones modernas no consumen más agua que otras industrias comparables. La ausencia de datos fiables alimenta la desinformación; institutos centrados en la seguridad y la economía de la IA pueden servir de referencia.
En cuarto lugar, emplear la IA para mejorar el sector público. No solo el sector privado debe beneficiarse: la administración pública puede usar IA para simplificar trámites (por ejemplo, la declaración de la renta), optimizar sistemas sanitarios mediante mejor integración de datos y apoyar escuelas en experiencias educativas basadas en IA. Además, la IA puede facilitar a los ciudadanos el seguimiento de la actividad de los políticos. La tecnología genera menos rechazo cuando se percibe que aporta beneficios personales y cuando existe confianza en la capacidad del Estado para gestionarla.
Política de las máquinas
Los votantes tienen motivos para preocuparse por cómo la IA puede cambiar sus vidas: el futuro será complejo, imprevisible y con disrupciones. Convencer a la población de que esos cambios pueden beneficiar sus intereses es tan importante como perfeccionar los modelos de IA. Si no se logra, aumentará el descontento social y se perderán oportunidades significativas para la sociedad.
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