Los avances de la inteligencia artificial han inquietado durante tiempo a expertos en tecnología y, recientemente, esa inquietud se ha extendido a los votantes. En Occidente la IA suscita rechazo y ha pasado a formar parte de la agenda política. En Estados Unidos las protestas contra centros de datos han impedido proyectos por casi 100.000 millones de dólares; donantes poderosos han canalizado decenas de millones hacia una carrera electoral en Manhattan; y aproximadamente el 40% de los votantes encuestados querría prohibir la IA en la mayoría de los sectores. También han surgido tensiones laborales, como la amenaza de huelga de trabajadores de Samsung en Corea del Sur tras el aumento de beneficios de los fabricantes de chips.
La reacción negativa probablemente está empezando. La tecnología aún se encuentra en una fase temprana: en el Reino Unido el candidato Andy Burnham ha hablado poco sobre la IA, y en Estados Unidos los ciudadanos la sitúan en el puesto 29 de 39 temas electorales.
Las disputas alrededor de los centros de datos anticipan confrontaciones mayores. La oposición a estos edificios va más allá del típico “no en mi patio trasero”: más estadounidenses dicen que preferirían tener un reactor nuclear cerca antes que un centro de datos, y proyectos como uno planeado en el desierto de Utah han encontrado resistencia intensa.
Puede que los centros de datos resulten poco atractivos, pero la hostilidad refleja la reputación de la IA. Durante años responsables del sector han alertado sobre un posible “apocalipsis laboral” y riesgos existenciales; por ello, quienes se oponen a los centros de datos alegan que así protegen el medio ambiente, los empleos y, en última instancia, a la especie —y en parte no están equivocados.
Sin embargo, esa reacción puede ser perjudicial. La IA tiene el potencial de transformar positivamente la economía y la sociedad, como lo hicieron la electricidad o la máquina de vapor: podría aumentar la productividad y los ingresos, acelerar la búsqueda de tratamientos para enfermedades, y mejorar la educación y las tecnologías verdes.
Esos beneficios podrían perderse si los gobiernos privan a la IA de la capacidad de cálculo necesaria o la regulan de manera que la vuelvan inoperante. Un precedente inquietante es la ralentización de la investigación sobre vacunas de ARNm tras la reacción pública durante la pandemia de COVID-19.
También es preocupante que algunos países cedan ante la indignación pública mientras otros avanzan. Si Estados Unidos se queda atrás, podría perder la vanguardia mundial en IA —y las capacidades cibernéticas y militares asociadas— frente a una China autoritaria. Europa y Canadá, más reacios al riesgo, podrían sufrir pérdidas difíciles de recuperar; históricamente, pocos países han igualado a los pioneros tras grandes revoluciones tecnológicas.
Hay, por tanto, mucho en juego. ¿Pueden actuar los gobiernos? Las grandes declaraciones sobre un “contrato social” para la era post-IA son atractivas en teoría, pero hoy ofrecen poca orientación práctica, y las incertidumbres siguen siendo considerables.
Es preferible avanzar paso a paso. Cuando la economía china crecía alrededor del 10% anual en la década de 1980, su liderazgo adoptó el lema “cruzar el río tanteando las piedras”: avanzar de forma iterativa, anticipando problemas pero manteniendo flexibilidad. Gestionar la era de la IA exigirá un enfoque similar.
Con ese objetivo, propongo cuatro recomendaciones para responsables políticos y empresas de IA. Primero, difundir los beneficios de la IA lo más ampliamente posible. Hay que demostrar a las comunidades que se oponen que sus localidades también pueden beneficiarse si dejan de bloquear proyectos. Algunas empresas de centros de datos ya financian iniciativas locales; ese enfoque debe ampliarse con mecanismos que otorguen a la gente un interés económico en el progreso de la IA y apoyos para adaptarse a los cambios, como el seguro salarial. Un sentido compartido de prosperidad puede reducir la política tóxica de “quién gana y quién pierde”.
Segundo, regular con decisión cuando sea necesario intervenir. Riesgos como ciberataques o bioterrorismo potenciados por la IA deben tomarse en serio. Abordarlos es esencial por sí mismo y debilitaría los argumentos a favor de prohibiciones generales. Lo ideal es que estas normas se coordinen internacionalmente.
Tercero, medirlo todo. La percepción de que la IA ya está causando despidos masivos o disparando la factura eléctrica puede ser errónea; sin datos precisos es difícil evaluarlo. Preocupaciones como el consumo de agua de los centros de datos están exageradas en muchos casos. La ausencia de estadísticas alimenta la desinformación; institutos como el UK AI Safety Institute o el nuevo Institute for AI Economics pueden servir de modelo.
Cuarto, utilizar la IA para mejorar la administración pública. No solo el sector privado puede aumentar la productividad con IA: la declaración de la renta podría simplificarse, los sistemas sanitarios públicos deberían intercambiar datos de forma eficiente y las escuelas deberían experimentar con enfoques de aprendizaje impulsados por IA. Además, la IA puede facilitar a los ciudadanos el seguimiento de la actividad política.
La tecnología genera menos rechazo cuando contribuye directamente a tratamientos médicos, a la educación de los hijos o a servicios públicos eficaces; y la confianza en la supervisión estatal aumenta si la gestión gubernamental funciona bien.
Política de las máquinas
Los votantes tienen motivos para preocuparse por cómo la IA puede afectar sus vidas: el futuro será convulso, inusual e imprevisible. Convencer a la población de que la disrupción puede servir a sus intereses es tan importante como mejorar los propios modelos de IA. Si no se logra, aumentarán las protestas y se perderán oportunidades significativas para la humanidad.
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