Sudáfrica vivió una nueva jornada de violencia xenófoba cuando miles de manifestantes antiinmigrantes marcharon en varias ciudades principales, con al menos cuatro muertos y saqueos generalizados.
Las movilizaciones fueron convocadas por el grupo cívico March and March para marcar el vencimiento de un plazo que ese movimiento fijó unilateralmente para que los inmigrantes indocumentados abandonaran el país. Semanas de agitación habían provocado ya la salida o deportación de más de 25.000 extranjeros antes de la fecha señalada.
La organización exige expulsiones masivas, controles fronterizos más estrictos y una mayor aplicación de la ley migratoria. Su líder, Jacinta Ngobese-Zuma, anunció en Durban que las protestas continuarán con marchas semanales durante los próximos seis meses.
Ngobese-Zuma pidió que los recursos nacionales se utilicen para expulsar a los inmigrantes indocumentados y dijo que deben ser retirados “edificio por edificio”, en declaraciones dirigidas a sus seguidores.
En Thembisa, al norte de Johannesburgo, manifestantes lanzaron piedras contra la policía y presuntos inmigrantes, y se escucharon disparos cerca del distrito financiero. En Benoni, al este, la policía movilizó vehículos tácticos y abrió fuego tras sentirse amenazada por alrededor de 500 manifestantes.
En Soweto, grupos de manifestantes saquearon viviendas informales ocupadas por extranjeros, según la emisora pública SABC. En Pietermaritzburg, cerca de Durban, las fuerzas de seguridad usaron balas de goma para dispersar las marchas. En la provincia de KwaZulu-Natal se registraron diez detenciones por saqueos e irrupciones en domicilios.
El temor a la violencia provocó desplazamientos semanas antes del vencimiento del plazo. Nigeria, Ghana y Uganda organizaron repatriaciones para sus ciudadanos, mientras miles de personas de Malawi y Mozambique aguardaban en centros habilitados por el gobierno para ser trasladadas. Incluso personas con documentación válida optaron por regresar por precaución.
En Durban, unas cien personas de nacionalidad congoleña durmieron en las calles tras ser expulsadas por propietarios que temían daños a sus edificios durante las marchas. Varios arrendadores habían desalojado de forma ilegal a inquilinos extranjeros en días previos.
El presidente Cyril Ramaphosa condenó los ataques en un comunicado y, al mismo tiempo, anunció medidas para endurecer los controles migratorios. Afirmó que las preocupaciones sobre la inmigración ilegal son reales y deben escucharse, pero que el derecho a la protesta no legitima las amenazas, la intimidación ni la violencia.
Desde marzo, las autoridades han iniciado 103 causas penales contra grupos de autodefensa xenófobos, según indicó el subcomisionado nacional Tebello Mosikili. Miles de agentes fueron desplegados en todo el territorio y el ejército permaneció en estado de alerta.
Con unos 64 millones de habitantes, Sudáfrica acoge aproximadamente 3 millones de inmigrantes, alrededor del 4% de la población. Un tercio de los sudafricanos está desempleado y la economía enfrenta problemas estructurales, aunque investigadores sociales sostienen que los migrantes no son la causa del desempleo ni del aumento de la delincuencia.
La agitación ocurre a pocos meses de las elecciones locales del 6 de noviembre, en las que el Congreso Nacional Africano (ANC) podría sufrir importantes pérdidas. Se ha denunciado que políticos de distintos sectores alientan la retórica antimigrante para atraer votos.
El país ya registró episodios similares en 2008 y 2015, cuando decenas de personas murieron en brotes de violencia. A finales de abril, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación por los ataques en curso.
(Con información de DPA y Reuters)
