La jueza Verónica Ruiz Blau concedió este jueves la libertad con medidas sustitutivas a Carlos Acevedo Navas, sindicado de homicidio en grado de tentativa por haber embestido en varias ocasiones al motociclista Larkin Morales. Medios locales señalaron que, además, el tribunal dejó indicios sobre la posibilidad de un cambio en la calificación del delito a tres semanas del inicio del juicio.
La resolución impuso arresto domiciliario, arraigo, la obligación de presentarse a firmar una vez al mes ante el Ministerio Público y el pago de una caución de Q25,000. El Ministerio Público se opuso a la solicitud de la defensa, argumentando que el acusado tiene contactos suficientes para influir en testigos y obstaculizar la búsqueda de la verdad durante el debate.
La petición de libertad fue planteada por la abogada defensoría Delmi Castañeda, quien expuso ante el tribunal que las circunstancias que motivaron la prisión preventiva habían cambiado. También alegó que Acevedo Navas, por su condición de persona de la tercera edad, presenta problemas de salud mental, incluyendo un cuadro de ansiedad, y que el Estado debe garantizar su cuidado.
La defensa de la víctima rechazó la decisión. Fernando Guerra, abogado de la familia de Morales, sostuvo que el hecho imputado justificaba mantener medidas más gravosas porque el acusado podría interferir en el proceso para eludir la justicia y, según dijo, ha adoptado acciones destinadas a dilatar el procedimiento.
La defensa de la víctima anunció recursos contra la libertad otorgada
Guerra manifestó sorpresa por la resolución y afirmó que la ley contiene una prohibición expresa para aplicar medidas sustitutivas en este tipo de delitos. Enfatizó que, según su interpretación del artículo 164, en el delito de homicidio doloso no procede la medida sustitutiva, por lo que anticipó la presentación de los recursos legales correspondientes y advirtió sobre el riesgo de sentar un precedente peligroso.
La querella advirtió que ese precedente podría extenderse a otros procesos penales. Guerra indicó que, con el criterio asumido por esta judicatura, podrían verse afectadas causas por violación, parricidio, abuso sexual de menores de 12 años y homicidios dolosos, entre otros.
El abogado también cuestionó que en la audiencia se insinuara la existencia de un acuerdo reparatorio y la posibilidad de modificar la calificación delictiva durante el debate. Aunque reconoció que el tribunal tiene la facultad de cambiar la calificación jurídica, consideró que ese tema no era pertinente en una vista destinada a revisar medidas de coerción.
Sobre el caso de Larkin Morales, Guerra subrayó que la acusación se mantiene en el marco de un proceso por homicidio, independientemente del grado de ejecución. Señaló que el joven sobrevivió pero perdió una pierna tras ser embestido en tres ocasiones, lo que, según él, constituyó un atentado contra su vida.
La madre de la víctima responsabilizó al sistema de justicia por lo que ocurra
Tras la audiencia, Mónica Cuque, madre de Morales, se mostró consternada y pidió apoyo público para su hijo. Afirmó que las oraciones y el respaldo de la población han sido fundamentales para mantenerlo fuerte y reclamó que no los abandonen en un proceso que, a su juicio, trasciende el caso individual y revela un problema más amplio del país.
Cuque responsabilizó al sistema de justicia guatemalteco por las consecuencias que pueda acarrear la decisión. Señaló que deja la responsabilidad penal y civil de lo que ocurra con el acusado y con el futuro de su hijo en manos del juzgador que tomó la determinación.
También criticó que Acevedo Navas quede con libertad de movimiento en el país y con la sola obligación de presentarse a firmar durante los primeros cinco días de cada mes. En su intervención afirmó que el acusado “tiene dinero, muchos abogados y personas de poder” detrás, mientras que su hijo cuenta únicamente con el respaldo de la ciudadanía.
