El Gobierno, con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, prepara el envío al Congreso de un proyecto de desregulación de más de 144 páginas. Según el anteproyecto al que accedió Infobae, el texto se estructura en 11 títulos y propone cambios profundos en ámbitos como el corretaje, el sector agroindustrial, el mercado de capitales, la logística portuaria y la comercialización farmacéutica.
La iniciativa declara la emergencia pública administrativa por seis meses y faculta al Poder Ejecutivo para eliminar barreras de entrada, cuotas de producción, licencias comerciales y otras restricciones que se consideren distorsivas de la libre competencia en actividades que no son servicios públicos. El objetivo es que el Ejecutivo pueda actuar con rapidez para suprimir obstáculos administrativos y promover la apertura de los mercados.
Una medida central es la digitalización integral de varios sectores. El proyecto impulsa la venta de medicamentos por canales digitales, la representación de valores negociables mediante tecnología blockchain o registros distribuidos y la creación de un Sistema Federal de Registro de Garantías digital e interoperable, que unificaría la publicidad de prendas y warrants en todo el país para simplificar trámites y aumentar la transparencia en las operaciones financieras y comerciales.
Fuentes oficiales del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado consultadas por Infobae indicaron que no pueden confirmar que se trate de la versión final: el proyecto está en revisión y sufre ajustes y modificaciones de forma continua. Aseguraron además que cuando se envíe al Congreso se informarán todos los detalles pertinentes, sin negar la existencia del borrador al que tuvo acceso el medio.
El anteproyecto prohíbe explícitamente la intervención estatal sobre precios, volúmenes o márgenes de rentabilidad en sectores como el gas licuado de petróleo (GLP). También elimina restricciones en el ejercicio del corretaje, suprimiendo la fijación de aranceles mínimos y topes o pisos en comisiones. Estas modificaciones buscan reforzar la competencia y reducir la intervención del Estado en la regulación de actividades económicas.
Cambios en el agro y farmacias
Los farmacéuticos figuran entre los sectores más afectados: el proyecto apunta a la desregulación de los puntos de venta de medicamentos. Los productos de venta libre podrían comercializarse en establecimientos distintos a las farmacias e incluso por canales digitales, siempre que se garantice la trazabilidad y la seguridad mediante requisitos técnicos fijados por la autoridad sanitaria. Se prevé además que las farmacias puedan utilizar plataformas de terceros para exhibición, gestión de pedidos, pagos y logística de medicamentos no sujetos a restricciones de expendio.
Otra medida prevista es la flexibilización de la propiedad: las farmacias podrían constituirse bajo cualquier figura jurídica y las droguerías podrían despachar recetas al público si se constituyen como farmacias. Asimismo, se propone establecer la obligación de mantener archivos digitales de los recetarios y del control de estupefacientes y psicotrópicos.
En cabotaje
En materia logística, la iniciativa habilita a buques de bandera extranjera a realizar operaciones de cabotaje —transporte de carga y pasajeros entre puertos argentinos— siempre que se respeten escalas progresivas de tripulación argentina (desde 0% durante los primeros 90 días hasta 75% en el primer año).
También se propone aplicar una alícuota de 0% a la importación de buques de hasta 20 años que se incorporen a la bandera nacional y eximirlos del impuesto al combustible naval de cabotaje. Se plantea, además, distinguir entre la dotación mínima de seguridad y la dotación operativa de explotación, de modo que el armador tenga mayor libertad para fijar el número de tripulantes comerciales según su plan de negocios. Con estas medidas el Gobierno busca aumentar la competitividad logística y facilitar la operativa portuaria.
Mercado de capitales
El régimen de instrumentos financieros y de garantías también recibiría modificaciones relevantes. El proyecto moderniza los regímenes de warrants y de prenda con registro, habilitando el uso de activos virtuales como garantía y facilitando la negociación de facturas de crédito electrónicas y otros títulos en plataformas digitales directas, sin intermediación obligatoria. La intención es fortalecer el mercado de capitales y ofrecer nuevas herramientas de financiamiento.
El documento al que accedió Infobae incluye además capítulos sobre el régimen de gas licuado, el régimen de libro y doblaje, el régimen de traductores públicos y aspectos vinculados a la navegación y el comercio de cabotaje. Cada apartado propone reformas orientadas a eliminar regulaciones consideradas innecesarias o restrictivas para la actividad privada. En conjunto, la propuesta busca facilitar el desarrollo de los mercados, modernizar la administración y promover la innovación tecnológica en los registros públicos, con una transición digital amplia de trámites y la apertura de sectores históricamente regulados.
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