Viktor Orbán, quien dejó el cargo de primer ministro de Hungría en mayo, instó este miércoles a sus seguidores a organizar una “resistencia nacional” contra el nuevo gobierno encabezado por Péter Magyar, tras la destitución de altos cargos y una serie de registros ordenados por el Ejecutivo.
En una rueda de prensa ante la sede de Fidesz, el partido que dirigió durante 16 años, Orbán calificó la situación de la instauración de un “régimen autoritario” y acusó a las nuevas autoridades de haber eliminado las bases democráticas del país. Afirmó que en Hungría ha comenzado de nuevo “una época de tiranía” y describió al actual sistema político como “ilegítimo”.
La tensión aumentó después de que la Fiscalía húngara registrara los servidores de datos de Fidesz en el marco de una investigación por presunta malversación relacionada con el Fondo Nacional de Cultura. Orbán sostuvo que la operación buscaba obstaculizar el funcionamiento legal de su partido.
Según el ex primer ministro, el Fondo Nacional de Cultura fue solo un pretexto y las autoridades incautaron bases de datos y correos electrónicos de miembros de Fidesz, una medida que describió como sin precedentes desde la caída del comunismo en 1990.
El nuevo gobierno, que asumió tras las elecciones del 12 de abril, impulsó rápidamente reformas constitucionales gracias a la mayoría de dos tercios que tiene el partido Tisza en el Parlamento. Entre las medidas más relevantes, el Legislativo destituyó al presidente Tamás Sulyok —a quien Orbán señaló como el último jefe de Estado legítimo— y finalizó el mandato del presidente del Tribunal Constitucional.
La administración de Magyar defendió esos cambios alegando la necesidad de depurar las instituciones de personas que consideró “títeres” del régimen anterior y prometió erradicar la corrupción atribuida a los años de gobierno de Orbán.
El primer ministro declaró en el Parlamento que su gobierno revisará “todas las decisiones, negociaciones y compromisos” del período anterior, incluidos subsidios y exenciones fiscales otorgados en los últimos 16 años. Magyar denunció que el Estado funcionaba como una “mafia” y se comprometió a recuperar bienes públicos que, según dijo, fueron adquiridos de forma ilegal.
La presión sobre altos cargos relacionados con la era Orbán llevó a la dimisión del fiscal general Gábor Bálint Nagy, quien explicó que renunciaba para proteger la independencia del Ministerio Público frente a ataques políticos. Nagy lamentó que la institución se haya convertido en “objeto de una serie de ataques” y advirtió que la Fiscalía no puede transformarse en un instrumento de las luchas políticas ni en un escenario de intereses políticos cotidianos.
El gobierno también suspendió el servicio informativo de la radio y la televisión públicas y cerró la Oficina de Protección de la Soberanía, organismos que, según Magyar, funcionaban como herramientas de propaganda y represión durante el mandato de Orbán.
Además, la administración abrió una investigación sobre los vínculos entre el exministro de Exteriores Péter Szijjártó y el fabricante chino BYD, tras la incorporación del exfuncionario a esa empresa después de haber gestionado desde el gobierno subsidios y permisos para la compañía.
(Con información de AP, EFE y Europa Press)
