El jefe de bomberos de Duisburgo había advertido por escrito, meses antes, que el predio elegido para el festival Love Parade era “físicamente inadecuado” para un evento de esa magnitud. Esa advertencia fue desoída y, el 24 de julio de 2010, 21 personas murieron aplastadas en un túnel.
No fue un accidente imprevisible. Según una investigación de Der Spiegel, entre doce y trece inspecciones previas concluyeron repetidamente que el plan conduciría al caos y a víctimas. “Cada vez que íbamos acordábamos que el plan iba a resultar en caos, que la gente iba a resultar herida y muerta”, declaró al diario Express un oficial de policía de Colonia que inspeccionó el lugar. La respuesta de la administración local fue insistir en que el festival debía realizarse.
El Love Parade se celebró por primera vez en Berlín Occidental en 1989 y, durante la segunda mitad de los años 90, se transformó en uno de los festivales de música electrónica más grandes y reconocidos por su carácter masivo y pacífico.
Con el tiempo el evento se trasladó a distintas ciudades de Alemania. Las cifras de asistencia fueron habitualmente objeto de disputa: en 2006 los organizadores en Berlín hablaron de 1,2 millones de personas frente a una estimación policial de 500.000; en 2008 Dortmund anunció 1,6 millones aunque la prensa local lo situó en la mitad.
En 2010 la sede fue Duisburgo, en la región del Ruhr. Se escogió una antigua estación de carga ferroviaria de 230.000 metros cuadrados, de los cuales gran parte correspondía a edificaciones, por lo que la superficie abierta disponible era mucho menor de lo que se anunciaba y su capacidad real distaba de las cifras prometidas por los organizadores.
El acceso al recinto se realizaba por un único túnel que funcionaba como entrada y salida. El 24 de julio de 2010, con cientos de miles de personas intentando ingresar, ese túnel se convirtió en una trampa.
La tragedia del Love Parade en Duisburgo se saldó con 21 muertos y más de 650 heridos. Las víctimas fallecieron aplastadas o por asfixia en el corredor de acceso, donde la multitud quedó inmovilizada entre paredes de hormigón. Entre los fallecidos había ciudadanos de varias nacionalidades, incluidos alemanes, españoles, holandeses, australianos, italianos y chinos.
El organizador Rainer Schaller —propietario también de la cadena de gimnasios McFit, principal patrocinadora— atribuyó la catástrofe a una “orden fatal” de la policía, que habría dispuesto abrir el extremo occidental del túnel. Schaller dijo que antes de eso los organizadores habían cerrado diez de las 16 puertas de acceso por riesgo de saturación. La policía de Colonia, que investigó los hechos, rechazó esas acusaciones y pidió cautela frente a las especulaciones.
Las fallas en las comunicaciones agravaron la situación: las radios analógicas de policías y bomberos eran antiguas y difíciles de reparar, según Andreas Nowak de la federación policial de Renania del Norte-Westfalia, y en algunas zonas del operativo los agentes se quedaron sin señal. Además, la red móvil colapsó, lo que impidió el uso generalizado de teléfonos celulares.
Un acomodador entre los 1.080 que trabajaban en el evento declaró a Bild que “todo el mundo esperaba órdenes pero ninguna llegó. De repente había cuerpos por todos lados. Las salidas de emergencia en la parte superior de la rampa fueron abiertas por la policía cuando ya era demasiado tarde”.
Las cifras sobre la cantidad de asistentes fueron contradictorias. El portavoz policial de Duisburgo, Ramon van der Maat, estimó entre 300.000 y 400.000 personas durante todo el sábado, dentro y fuera del predio; Schaller habló de 187.000 visitantes en el recinto; el ministro del Interior regional mencionó 350.000 en la ciudad y 120.000 en el predio. La cifra de 1,4 millones que Schaller y el alcalde Adolf Sauerland difundieron el mismo día fue descartada por van der Maat como “matemáticamente imposible”, por las limitaciones del transporte.
El jefe de bomberos de Duisburgo había enviado al alcalde Sauerland una carta en octubre de 2009 advirtiendo que el predio era inadecuado. Michael Böcker, presidente del sindicato de bomberos regional, afirmó a Der Spiegel que “las normativas sobre sitios de reunión masiva fueron ignoradas de forma criminal” y responsabilizó a quienes autorizaron el evento.
El portal DerWesten.de publicó las actas de una reunión del 18 de junio de 2010 entre organizadores, bomberos, el departamento de salud y seguridad y el funcionario municipal Wolfgang Rabe. En ellas Rabe indicó que “el alcalde quiere que el evento se realice y que hay que encontrar una solución”; las objeciones del departamento de planificación edilicia no fueron aceptadas.
El alcalde Sauerland declaró al diario Rheinische Post: “No tengo conocimiento de ninguna advertencia”. El documento oficial de la ciudad autorizaba un máximo de 250.000 personas en el predio, pero aun así el festival se llevó a cabo.
Sauerland no asistió al acto de homenaje a las víctimas celebrado días después; su vocero explicó que el alcalde no quería “herir los sentimientos de los familiares ni provocarlos con su presencia”. La prensa también informó sobre amenazas de muerte dirigidas contra él.
Al acto asistieron el presidente alemán Christian Wulff y la canciller Angela Merkel. La gobernadora de Renania del Norte-Westfalia, Hannelore Kraft, quien dijo que su hijo de 17 años había estado en el festival sin resultar herido, se emocionó al afirmar: “Hay demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. ¿Cómo pudo pasar esto, quién tiene la culpa y quién es el responsable? Esas son preguntas que debemos responder”.
El alcalde resistió durante meses los pedidos de renuncia. Elegido por primera vez en 2004 y reelecto en 2009 como candidato de la CDU, tras la tragedia todos los bloques del concejo municipal excepto su propio partido apoyaron una moción de censura. El portavoz del FDP dijo que la ciudad necesitaba “un nuevo liderazgo creíble cuanto antes”.
El presidente Wulff, del mismo partido que Sauerland, recordó la existencia de la responsabilidad política pero se negó a exigir públicamente la dimisión. Prensa alemana informó que Sauerland consideraba ser destituido por el concejo antes que renunciar para preservar derechos jubilatorios; él negó esas versiones y las calificó de “irrespetuosas”.
En octubre de 2011 una iniciativa ciudadana reunió casi 80.000 firmas para forzar un referéndum de destitución. El 12 de febrero de 2012, 129.833 vecinos votaron a favor de cesar a Sauerland y 21.557 en contra; el umbral mínimo para la validez del referéndum era de alrededor de 92.000 votos. Sauerland dejó el cargo.
La fiscalía de Duisburgo tardó más de tres años y medio en formalizar cargos. En febrero de 2014, el fiscal Horst Bien anunció que se acusaba a 10 personas por homicidio imprudente y lesiones imprudentes: cuatro responsables de Lopavent, la empresa organizadora, y seis funcionarios municipales. La pena máxima prevista era de cinco años de prisión. Ni Schaller ni Sauerland figuraron entre los acusados. Todos los imputados negaron los cargos.
El proceso fue extenso: se interrogaron a casi 4.000 testigos y se analizaron en torno a 1.000 videos grabados durante la tragedia, pero las pruebas no resultaron concluyentes. El abogado Julius Reiter, representante de varias víctimas y sus familias, resumió la situación diciendo: “La esperanza de que se haga justicia en este caso va a morir en los tribunales”.
Reiter añadió que la conclusión del fiscal general de 2011 seguía siendo válida: autorizar el festival en Duisburgo implicó graves errores. Sin embargo, esa valoración no derivó en condenas. “Nuestros clientes sólo quieren entender cómo pasó lo que pasó para poder cerrar ese capítulo de sus vidas”, declaró el abogado.
El 4 de mayo de 2020, tras 184 sesiones, la Audiencia Provincial de Duisburgo suspendió el proceso contra los tres acusados que quedaban, al considerar que no había “indicios concretos” de actuación deliberada. La fiscalía respaldó la suspensión, citando un informe técnico que atribuía la tragedia a múltiples negligencias y la consideraba difícilmente previsible.
Uno de los sobrevivientes, Jörn Teich, que casi perdió la vida camino al festival, afirmó: “Allí se está haciendo más para encubrir a los responsables que para aclarar lo sucedido. Para mí, este es el punto en el que el Estado de derecho ha dejado de existir en Alemania”.
Muchas víctimas tampoco recibieron las indemnizaciones prometidas en 2011 y el caso se cerró sin responsables penalmente condenados. El predio de la antigua estación de carga, abandonado desde 2010, espera la construcción de un nuevo barrio. La Fundación Duisburgo 24.7.2010, creada para apoyar a las familias afectadas, celebró en julio de 2025 su último acto conmemorativo antes de disolverse, conforme a sus estatutos, tras diez años de actividad.
