El movimiento huti (Ansar Allah), que controla Sana, condeno a muerte a 17 personas por espionaje a favor de potencias extranjeras y aplico penas de diez anos de prision a otras dos; uno de los acusados fue absuelto. El Tribunal Penal Especializado de Sana, bajo control de los insurgentes, dio a conocer la decision a traves de la agencia oficial Saba.
La sentencia describe una red que, segun los jueces Yahya al Mansur y Rabie al Zubair, habria operado entre 2024 y 2025 con supuesta colaboracion de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Israel, Reino Unido y Arabia Saudita. El tribunal sostiene que los implicados utilizaron dispositivos de comunicacion cifrada e instalaron camaras ocultas conectadas a sistemas de transmision en directo.
Segun el fallo, los acusados habrian entregado informacion sobre la ubicacion de dirigentes huties, sus desplazamientos y el estado de posiciones militares sensibles, ademas de datos relativos a misiles, depositos de proyectiles y puntos de lanzamiento. Los jueces afirman que estas informaciones fueron proporcionadas a cambio de pagos en efectivo.
Ansar Allah ejerce control sobre Sana y amplias zonas del norte de Yemen desde 2014. Durante ese periodo, su aparato de seguridad ha denunciado en repetidas ocasiones la existencia de redes de espionaje supuestamente vinculadas a paises occidentales y a la coalicion liderada por Riad. Reuters informo en junio de 2024 que tribunales huties impusieron 44 condenas a muerte en otro caso de espionaje relacionado con Arabia Saudita.
El sistema judicial bajo control huti ha recibido criticas de organismos internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado testimonios sobre detenciones arbitrarias, torturas y confesiones obtenidas bajo coaccion. En 2019 la oficina pidio la revision de varias sentencias de muerte dictadas por tribunales huties y advirtio sobre “graves violaciones del debido proceso”.
El grupo acusa con frecuencia a organizaciones internacionales de actuar como cobertura para labores de inteligencia. En octubre de 2025 la ONU califico de “infundadas” las acusaciones huties que vinculaban a trabajadores humanitarios con actividades de espionaje.
Los gobiernos mencionados en la causa no emitieron comentarios inmediatos sobre la decision judicial. Washington, Londres y Riad suelen evitar declaraciones publicas sobre procesos que se desarrollan en territorios sin reconocimiento internacional, mientras que Israel mantiene silencio sobre sus operaciones en Yemen pese a las tensiones registradas en los ultimos meses.
El contexto militar influye en la situacion: los huties incrementaron sus ataques con drones y misiles en apoyo a la causa palestina desde 2023 y enfrentan de forma regular bombardeos de la coalicion saudi y ataques atribuidos a Israel. Ese escenario ha alimentado las acusaciones de espionaje y reforzado las medidas de seguridad internas.
El recurso a ejecuciones publicas forma parte, segun informes de organizaciones de derechos humanos, de la estrategia de control social del movimiento. Human Rights Watch y Amnistia Internacional han documentado un aumento de las sentencias capitales en areas bajo dominio huti desde el inicio del conflicto y han cuestionado la existencia de garantias procesales, alertando sobre el uso de condenas con fines politicos.
La guerra civil en Yemen continua fragmentando el pais entre multiples centros de poder. Las condenas anunciadas en Sana evidencian el alcance del aparato de seguridad huti y su intencion de proyectar autoridad en medio de un conflicto que, segun Naciones Unidas, ha generado una de las peores crisis humanitarias del mundo.
