La presidenta de la República, Laura Fernández, presentó en la Asamblea Legislativa un segundo paquete de seis proyectos de ley destinados a reforzar la lucha contra el crimen organizado, agilizar los procesos judiciales y endurecer las herramientas estatales frente a delitos como el narcotráfico, la minería ilegal y el sicariato.
En una exposición de más de una hora, explicó que las propuestas son fruto del trabajo de la Fuerza Élite, un equipo que revisa semanalmente la situación de seguridad para detectar vacíos legales que dificultan la persecución del delito.
Fernández afirmó que las organizaciones criminales actuales cuentan con mayor capacidad operativa y recursos que en décadas anteriores, por lo que consideró necesario actualizar una normativa que, a su juicio, resulta obsoleta frente a nuevas modalidades delictivas.
“No vamos a parar en la cruzada nacional contra el crimen organizado. No vamos a parar en la guerra sin cuartel contra el narcotráfico”, manifestó durante su intervención.
Reformar el proceso penal para acelerar la justicia
El primer proyecto propone reformar el Código Procesal Penal para suprimir la audiencia preliminar y reemplazarla por una única audiencia previa al juicio.
Según la presidenta, la medida busca evitar trámites repetidos, reducir los tiempos de resolución de los expedientes y disminuir los costos operativos del Poder Judicial, sin menoscabar las garantías del debido proceso.
Fernández señaló que hay causas penales que tardan tanto en llegar a juicio que los testigos llegan a olvidar detalles relevantes de los hechos investigados.
En ese apartado también criticó al Poder Judicial por, según ella, priorizar solicitudes de mayores recursos en lugar de impulsar reformas para mejorar la eficiencia, y cuestionó la ausencia de representantes de la Corte en una reunión previa para analizar las iniciativas.
Extradición para más delitos graves
Otra propuesta plantea una reforma constitucional para ampliar las causales de extradición de costarricenses por delitos vinculados al crimen organizado transnacional.
El proyecto incluye delitos como tráfico internacional de drogas, terrorismo, legitimación de capitales, trata de personas, tráfico ilícito de armas, tráfico de órganos, sicariato, homicidios asociados a estructuras criminales, cibercrimen y participación en organizaciones criminales internacionales.
La presidenta aclaró que la extradición seguiría siendo excepcional, sujeta a resolución de los tribunales costarricenses y al cumplimiento del principio de doble incriminación, es decir, que la conducta sea punible tanto en Costa Rica como en el país solicitante.
Tobilleras electrónicas para quienes obtengan beneficios carcelarios
Uno de los proyectos prioritarios establece el uso obligatorio de dispositivos de monitoreo electrónico para personas condenadas que reciban beneficios que les permitan salir de prisión antes de cumplir íntegramente su sentencia.
Fernández puso como ejemplo el caso de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y afirmó que, de haber existido una norma similar en su momento, el presunto líder criminal no habría permanecido prófugo durante una década.
La finalidad es sustituir mecanismos como la obligación de firmar periódicamente por un sistema de vigilancia continua mediante tobilleras que permita conocer la ubicación del beneficiario y reducir el riesgo de reincidencia.
La propuesta también busca reforzar los controles sobre los jueces de ejecución y endurecer los requisitos para acceder a regímenes de confianza.
Endurecer penas por minería ilegal
El cuarto proyecto está dirigido a combatir la explotación minera ilegal, con atención especial a zonas como Crucitas, en San Carlos.
La reforma aumentaría las penas de prisión por extracción ilegal de minerales, elevaría las sanciones para quienes financien o promuevan estas actividades y permitiría el decomiso de maquinaria, dinero y bienes empleados en la actividad ilícita.
Fernández sostuvo que las sanciones actuales son insuficientes y que hay personas detenidas en múltiples ocasiones por minería ilegal que recuperan la libertad rápidamente debido a la baja penalidad vigente.
Pensiones alimentarias y nueva estructura policial
El quinto proyecto propone sustituir el apremio corporal por monitoreo electrónico en casos de deudores de pensión alimentaria, con el objetivo de que puedan mantener un empleo y generar ingresos para cumplir sus obligaciones, bajo supervisión judicial.
No obstante, la presidenta advirtió que quienes reincidan o manipulen el dispositivo perderían el beneficio y serían remitidos al sistema penitenciario.
Finalmente, el sexto proyecto plantea modificar la estructura jerárquica de los cuerpos policiales mediante el restablecimiento de rangos tradicionales como coronel, teniente coronel, mayor, capitán, teniente y sargento; además de establecer concursos públicos para ascensos y requisitos académicos y de experiencia para los puestos de mando.
Fernández sostuvo que la iniciativa busca fortalecer la carrera policial, eliminar nombramientos discrecionales y homologar la nomenclatura de las policías costarricenses con la empleada por cuerpos policiales internacionales.
