La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones dirigidas a los mecanismos utilizados por el régimen iraní para recaudar fondos mediante el control del tránsito por el Estrecho de Ormuz. Entre las medidas figura la designación de dos empresas identificadas como elementos centrales de un esquema de extorsión respaldado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que obliga a buques comerciales a contratar un seguro marítimo supuestamente obligatorio. Esas pólizas, gestionadas por Persian Gulf Marine Insurance Company y HormuzSafe Marine Services Authority, se presentan como servicios marítimos pero buscan generar ingresos y, según la OFAC, admiten pagos en activos digitales para eludir sanciones.
La práctica consiste en imponer seguros aprobados por la CGRI cuya cobertura incluye riesgos como la incautación de buques, riesgos que en muchos casos serían originados por las propias acciones de las autoridades iraníes. En palabras del secretario del Tesoro, Scott Bessent, “Estados Unidos no permitirá que Irán mantenga como rehén el comercio mundial ni que utilice el transporte marítimo internacional para financiar el terrorismo, la agresión y la represión de la Guardia Revolucionaria Islámica”.
Estas acciones forman parte de la estrategia de máxima presión sobre la economía iraní, coherente con la Orden Ejecutiva 13902 y el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 2. Además de sancionar a las empresas vinculadas al esquema de seguros, la OFAC incluyó en sus medidas a varios buques que transportaban petróleo crudo y productos petroquímicos, integrados en una red logística secreta conocida como la “flota clandestina”. Desde comienzos del año, más de 100 embarcaciones relacionadas con esa red han sido sancionadas con el objetivo de reducir los ingresos petroleros del régimen.
La medida responde, según el comunicado oficial, a los intentos de Irán por sostener su economía tras el impacto de la Operación Furia Épica. El régimen enfrenta, de acuerdo con la nota, una economía en “caída libre” y una inflación de tres dígitos, circunstancias que lo han llevado a buscar fuentes alternativas de financiamiento mediante aseguradoras estatales y la aceptación de activos digitales.
Cómo funciona el esquema
Según la OFAC, el régimen iraní, a través de la Compañía de Seguros Marítimos del Golfo Pérsico (PGMIC) y la Autoridad de Servicios Marítimos HormuzSafe, exige a los buques que transitan por el Estrecho de Ormuz la contratación de seguros emitidos o intermediados por entidades designadas y respaldadas por la Guardia Revolucionaria Islámica. Esas pólizas cubren, entre otros riesgos, la posibilidad de incautación de embarcaciones, un peligro que reportes atribuyen en gran medida a acciones orchestradas por las propias autoridades iraníes.
Hormuz Safe, desarrollada por el Ministerio de Economía de Irán, se presenta como proveedor de servicios marítimos digitales y admite pagos en Bitcoin y otras criptomonedas para sortear restricciones internacionales. La OFAC indica que esta aseguradora fue promovida por el sancionado financiero Babak Morteza Zanjani y opera en beneficio de la Guardia Revolucionaria Islámica, incrementando el control del régimen sobre la actividad marítima en la región.
Entre los buques sancionados por la OFAC se mencionan el WELL SAIL (bandera de las Islas Marshall, operado por Qi Hang Ship Management Limited); el LILY (bandera de Mozambique, propiedad de Confident Apex Limited); el AL SALMI (bandera desconocida, propiedad de Billion Nexus Int’l Co., Limited); el BREEZE V (bandera de Barbados, operado por Nevada Spirit Company Limited); el NATSUMI (bandera de Barbados, propiedad de Marinova Freight Limited); el CRYSTAL (bandera de Vanuatu, propiedad de Vast Mighty Limited); el NIRETA (bandera de Vanuatu, propiedad de Ocean Tranquility Limited); y el YEHOPE (bandera de Barbados, propiedad de Branch Saying International Trading Co Ltd.). Estas embarcaciones y compañías fueron designadas por su implicación en el sector petrolero iraní y por transportar millones de barriles a destinos como China y Emiratos Árabes Unidos durante 2025 y 2026.
La designación conlleva el bloqueo de todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, además de la obligación de notificar a la OFAC. Cualquier entidad en la que personas bloqueadas posean el 50 % o más también será automáticamente bloqueada.
Implicaciones legales de las sanciones y alcance global
Las regulaciones de la OFAC prohíben a las personas y entidades estadounidenses realizar transacciones o actividades comerciales con los designados, salvo autorización expresa. Las violaciones pueden dar lugar a sanciones civiles o penales para ciudadanos y empresas estadounidenses, así como para extranjeros en virtud de la responsabilidad objetiva aplicada en estos programas.
Instituciones financieras y otras entidades que participen en operaciones con personas sancionadas pueden exponerse a medidas coercitivas. También está prohibido proporcionar o recibir contribuciones, fondos, bienes o servicios de personas bloqueadas, y conspirar para eludir las sanciones. El programa de incentivos para denunciantes de FinCEN ofrece recompensas por información que conduzca a acciones exitosas con recuperaciones superiores a 1.000.000 de dólares.
Las personas o entidades que consideren tener motivos para solicitar la exclusión de la lista de sanciones pueden presentar peticiones a la OFAC, que evalúa dichas solicitudes conforme a los requisitos legales y a la guía pública sobre procesos de eliminación de listas.
