El Senado de la Nación ya fijó fecha para retomar sus actividades. Mientras el oficialismo busca los votos necesarios para la sesión del 6 de agosto, en la que pretende dar media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada (conocida como ley de tierras), el día anterior se abrirán las comisiones para debatir el “Súper RIGI”.
El oficialismo convocó para el miércoles 5 de agosto a un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional e Inversión; y Legislación General, para tratar el proyecto que ya consiguió media sanción en la Cámara de Diputados. La reunión será a las 15:30 en el Salón Azul de la Cámara Alta.
El proyecto que se abordará en ese plenario, presidido por representantes del oficialismo en las tres comisiones, obtuvo media sanción en Diputados el 24 de junio pasado, con 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones.
En aquella votación, el bloque La Libertad Avanza contó con el acompañamiento del PRO, la UCR y bloques provinciales. Si se repite la misma alianza, el oficialismo podría conseguir dictamen en el plenario del miércoles, aunque no podría llevar el texto al recinto al día siguiente porque el reglamento exige un plazo mínimo de siete días entre dictamen y tratamiento en sesión.
El “Súper RIGI” propone incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios orientados a nuevas actividades económicas. Entre sus medidas figura una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
También contempla arancel cero para determinadas importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; fija un tope máximo del 0,5% para el impuesto sobre los Ingresos Brutos en las provincias adheridas; prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas y, al igual que el RIGI, ofrece estabilidad regulatoria por 30 años.
En esta reformulación del RIGI introducida por la ley de Bases, se exige que los proyectos que ingresen al régimen comprometan una inversión mínima de 1.000 millones de dólares, mientras que en el RIGI original el umbral variaba entre US$200 y US$600 millones según el sector.
Para poder acceder a los beneficios por 30 años, los proyectos deberán ejecutar un mínimo de 200.000 millones en los primeros dos años desde la aprobación del régimen.
Los proyectos deben centrarse en sectores que hoy no tienen presencia significativa en la Argentina, denominados por el Gobierno “industrias del futuro”, como inteligencia artificial, centros de datos, fabricación de baterías de litio, paneles solares, turbinas eólicas y desarrollos vinculados a la cadena de valor del uranio. El objetivo declarado es transformar la estructura productiva nacional e incorporar tecnología de punta.
En materia de compras públicas, en Diputados La Libertad Avanza presionó por cambios: el oficialismo desistió de eliminar toda obligación local y aceptó un “plan de desarrollo de proveedores locales” y la posibilidad de contratar proveedores locales por hasta el 20% del monto destinado a proveedores, condicionado a la existencia de oferentes con capacidad, disponibilidad y competitividad. En cuanto al acceso a las divisas, el “Súper RIGI” mantiene el esquema progresivo para exportaciones (20% en el primer año, 40% en el segundo y acceso total en el tercero), incorpora exenciones completas de derechos de importación y exportación, beneficios sobre el impuesto a los débitos y créditos bancarios y una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales vinculadas a la creación de empleo.
