El comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, pidió a las instituciones de la UE que respalden la llamada directiva de facilitación, presentada por la Comisión en 2023, que permitiría a los Estados miembros sancionar a quienes colaboren en la migración irregular.
“Se trata de desmantelar las redes de tráfico ilícito. Y en este sentido cuento realmente con el Parlamento (Europeo) y le insto a que adopte su posición respecto a la directiva contra el tráfico ilícito propuesta por la Comisión hace casi tres años”, dijo Brunner en su intervención ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, convocada de forma extraordinaria por videoconferencia para abordar la situación en Ceuta.
La directiva, criticada por organizaciones proinmigración, espera la posición negociadora del Parlamento Europeo, después de que el Consejo de la UE estableciera su postura en diciembre de 2024. La propuesta tipifica como delito la facilitación de la entrada, tránsito o estancia irregular cuando se realiza a cambio de un beneficio financiero o material.
Brunner considera que lo ocurrido en Ceuta —donde la semana pasada entraron más de 70.000 migrantes procedentes de Marruecos— demuestra la necesidad de disponer de “una herramienta sólida y eficaz para combatir el tráfico ilícito de personas”.
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La Comisión Europea apunta a las “mafias” y a grupos dedicados al tráfico ilícito de personas como responsables de la entrada masiva en Ceuta, por lo que considera necesario “reforzar las alianzas” para enfrentar ese fenómeno.
“También deberíamos reforzar la aplicación práctica de nuestras alianzas contra el tráfico ilícito a lo largo de las rutas migratorias y garantizar que el centro de Europol contra el tráfico ilícito se convierta en un auténtico centro de excelencia”, añadió el comisario, subrayando que la UE debe “salvar vidas deteniendo a los traficantes que las ponen en peligro sin piedad ni escrúpulos con el único fin de obtener beneficios”.
Por ello insistió en que es clave que el Parlamento Europeo fije su posición negociadora para iniciar las conversaciones que permitan redactar un texto legal.
Organizaciones como PICUM han criticado la propuesta, argumentando que no aborda las causas subyacentes. Chiara Catelli, representante de PICUM, señaló que “las redes de tráfico de personas prosperan allí donde las personas no disponen de una forma segura o realista de buscar protección o reconstruir sus vidas en Europa. Cuanto más difícil resulta para las personas migrar de forma segura y regular, más margen tienen las redes de tráfico ilegal para explotar su vulnerabilidad”.
