En la obra Esperando a Godot, dos personajes aguardan a alguien que nunca llega; cada día reciben la misma promesa de que «mañana sin falta» vendrá. Esa imagen ilumina la situación de Kosovo: aunque proclamó su independencia en 2008, Serbia mantiene en su Constitución que el territorio le pertenece y no lo reconocerá jamás.
Cinco países de la Unión Europea, incluido el nuestro, no reconocen la soberanía kosovar, lo que aleja a sus 1,6 millones de habitantes —más medio millón en la diáspora— de la posibilidad de integrarse en la UE. Kosovo es el único de los seis aspirantes de los Balcanes Occidentales que no tiene estatus de candidato oficial. En los últimos meses ha celebrado elecciones en tres ocasiones; la más reciente, el 7 de junio, no arrojó una mayoría clara y los partidos siguen negociando la elección presidencial, una espera que recuerda al «mañana sin falta» de la obra de Beckett.
La espera que más dolor provoca es la de las familias que aún no han podido cerrar las heridas de la guerra entre Serbia y la guerrilla albanesa de Kosovo (1998-1999). Ese conflicto costó la vida a más de 13.000 personas —unos 11.000 albanokosovares, en su mayoría civiles— y, décadas después, el paradero de alrededor de 1.600 desaparecidos sigue siendo una incógnita y una fuente de sufrimiento para sus familiares.
A comienzos de esta semana las autoridades anunciaron el hallazgo de una nueva fosa común en la región de Zubin Potok, en el norte de Kosovo. En ella se localizaron los restos de al menos 11 personas, que están en proceso de identificación en un laboratorio. La Comisión Gubernamental para las Personas Desaparecidas indicó que, según las primeras evaluaciones, se trataría de víctimas de desapariciones forzadas durante la guerra, según informó Afp.
El descubrimiento coincide con el inicio en Prístina de un juicio en rebeldía contra 21 serbios acusados de participar o instigar la masacre de Raçak (Reçak en albanés) en enero de 1999. Entre los acusados figuran el antiguo jefe de inteligencia Radomir Markovic, el entonces responsable de Policía Obrad Stevanovic y el exjefe de operaciones especiales Goran Radosavljevic, apodado Guri, a quien la fiscalía kosovar señala como mando operativo del asalto a la aldea. Markovic cumple una condena de 40 años en Belgrado por crímenes de Estado, mientras que Stevanovic y Radosavljevic se encuentran en libertad.
El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, junto a una fosa común recién descubierta en el norte del país. A. NIMANI / AFP
En Raçak fueron asesinados 45 civiles en una matanza atribuida a las fuerzas serbias, hecho que precipitó la campaña de bombardeos de la OTAN sobre Serbia en marzo de 1999 y contribuyó al final de la guerra. Tras la retirada de las fuerzas serbias, la OTAN desplegó la KFOR, que todavía mantiene en Kosovo alrededor de 4.700 efectivos. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia incluyó la masacre de Raçak en la acusación contra Slobodan Milosevic por crímenes de guerra en 2000.
“Ejecuciones a quemarropa”
El tribunal, presidido por la juez Violeta Namani Hajra, especializada en crímenes de guerra, exigió sin éxito que los acusados se presentaran a las autoridades kosovares y dictó órdenes internacionales de detención. La acusación detalla que las fuerzas serbias bombardearon primero Raçak, después registraron domicilios y ejecutaron a tiros a personas desarmadas. Serbia mantiene que los fallecidos eran combatientes armados.
Para la investigadora kosovar Donika Emini, del Centro de Estudios sobre el Sudeste de Europa de la Universidad de Graz (Austria), este juicio tiene una gran importancia simbólica y práctica para Kosovo. Afirma que el caso de Raçak fue un punto de inflexión en la percepción internacional del conflicto y supone un reto jurídico, especialmente porque buena parte del sistema judicial posterior fue creado y gestionado con apoyo internacional.
Emini señala que la ausencia de los acusados limita el impacto práctico del proceso, pero subraya que el simbolismo es relevante: la rendición de cuentas importa aunque llegue décadas después. La justicia, explica, no solo busca condenas, sino también reconocer el dolor de las víctimas, preservar el registro de los hechos y demostrar que los crímenes de la guerra no quedarán en el olvido.
Según la investigadora, el juicio representa sobre todo un reconocimiento para las familias de las 45 víctimas y los supervivientes de Reçak, que han esperado que la Justicia les ofreciera respuestas. Además, el proceso contribuye a reafirmar una narrativa histórica ante la negación y el revisionismo por parte de autoridades serbias, y a preservar la memoria mediante un procedimiento judicial.
Emini alerta de que las tensiones entre Serbia y Kosovo han aumentado y que los intentos de normalización impulsados por la UE han fracasado. La reconciliación ha quedado fuera de la agenda pública: las nuevas generaciones de ambos lados se distancian, las narrativas de los años 90 resurgen y, a medida que el proceso de integración europea se estanca, los Balcanes Occidentales pierden presencia en la agenda internacional, dejando la región en un riesgo de empeoramiento del statu quo.
La investigadora añade un dato preocupante: las generaciones más jóvenes muestran, en algunos casos, un nacionalismo más pronunciado que la de quienes vivieron directamente la guerra.
