La Justicia ordenó al Municipio de San Isidro dejar sin efecto el protocolo que usaba para atender casos de interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE), tras una presentación de Amnistía Internacional Argentina.
La medida fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N°2, que además exigió que el gobierno local garantice el acceso a estas prácticas conforme a la normativa nacional vigente.
Amnistía llevó el caso a la Justicia al sostener que el protocolo introducía requisitos adicionales a los previstos en la Ley 27.610, lo que podía generar demoras o desalentar a las personas que solicitaban una interrupción del embarazo.
El protocolo se había comunicado a los efectores de salud del distrito el 26 de marzo de 2026. Entre las exigencias señaladas por la organización figuraban la obligatoriedad de una consulta psicológica, la intervención de equipos de asistencia social y la reiteración del consentimiento de la paciente en distintas etapas del proceso.
También establecía que las interrupciones se realizaran en el Hospital Materno Infantil, mientras que los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) no estaban autorizados para llevar a cabo estas prácticas.
La denuncia de Amnistía
Otro aspecto cuestionado fue que, según Amnistía, el protocolo no había sido divulgado públicamente ni contaba con un acto administrativo que lo respaldara, lo que impedía conocer de antemano las condiciones para acceder al servicio.
En la causa se incorporó el testimonio de una paciente derivada a un consultorio identificado como “Maternidades vulnerables”, quien relató que durante la atención le mostraron un muñeco y una imagen religiosa.
La organización consideró que ese tipo de acciones podían constituir prácticas de presión o disuasión frente a una decisión ya tomada por la paciente.
“La Ley 27.610 es clara y ningún municipio puede pretender reescribirla ni imponer obstáculos adicionales para ejercer un derecho reconocido por ley”, afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Desde Amnistía evaluaron la medida judicial como un avance. Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad, calificó el mecanismo aplicado en San Isidro como “sumamente irregular” y sostuvo que podía dificultar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.
Galkin añadió que las pacientes debían pasar por varias instancias antes de acceder al procedimiento y que, según los testimonios, recibían información que podía desalentarlas o generar confusión sobre el trámite.
Con la resolución, el Municipio deberá suspender el protocolo cuestionado y garantizar el acceso a la IVE/ILE conforme a lo establecido por la normativa nacional.
