La localidad palestina de Qusra se ha convertido en una prueba tanto de la capacidad de Israel para contener la violencia de colonos radicales en Cisjordania como del grado de tolerancia de Estados Unidos hacia el Gobierno israelí en un asunto de alta sensibilidad.
Después de que el Ejército y la Policía Fronteriza israelíes desmantelaran dos enclaves levantados de forma ilegal cerca de las aldeas palestinas de Qusra y Jalud, en las cercanías de Nablus, y retiraran la carpa que jóvenes extremistas habían instalado en el patio de una casa de Qusra para cercar a una familia, Washington expresó su malestar. El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee —conocido por su respaldo político, religioso e ideológico a los asentamientos en la Ribera Occidental— calificó a los radicales que cercaron a la familia palestina de “terroristas”.
Frente a las críticas, Huckabee afirmó que EE. UU. presionó a las autoridades israelíes para que actuaran contra los extremistas en Qusra. Denunció que las acciones de quienes llevaron a cabo “este horrible acto terrorista para intimidar y hostigar a esta familia” son repugnantes y no tienen justificación. Más tarde señaló que la condena también provenía de parte del liderazgo de los asentamientos, y afirmó que “los colonos no son el problema en Judea/Samaria; lo son los descolonos”, en referencia a una pequeña minoría que, según él, causa daños tanto a familias palestinas como a Israel.
La protesta de la Administración Trump cobró especial relevancia en este caso, en parte porque una de las viviendas afectadas en Qusra pertenece a un palestino con nacionalidad estadounidense. EE. UU. trasladó sus quejas al primer ministro Benjamín Netanyahu, reclamando una condena pública y medidas contundentes contra los extremistas.
Anuncio del ministro de Defensa israelí
Varios días después de condenar las acciones de los radicales en la zona de Qusra, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció este viernes que ordenó al Ejército que prepare un plan para transferir a la Policía todas las competencias de orden público y aplicación de la ley relativas a civiles israelíes en Cisjordania.
Katz explicó que “el papel de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) es combatir el terrorismo palestino y centrarse en proteger fronteras y comunidades frente a amenazas”, y que por tanto la responsabilidad de hacer cumplir la ley en asuntos civiles y mantener el orden público pasará a la Policía.
Añadió que “la Policía se preparará y establecerá una fuerza adecuada para ocuparse y gestionar los asuntos civiles, con las competencias y presupuestos necesarios”, y recordó la decisión gubernamental de crear 104 nuevos asentamientos, lo que, según él, incrementará los retos de seguridad.
La medida pretende desvincular al Ejército de la gestión directa de incidentes protagonizados por jóvenes que en los últimos años han levantado pequeños enclaves ilegales en colinas y han hostigado y atacado a civiles palestinos. En la cúpula militar se subraya la falta de efectivos sobre el terreno, en parte por despliegues en otras zonas y por la escasez de soldados tras casi tres años de guerra, además del incremento de incidentes violentos de israelíes que buscan controlar más territorio y expulsar a palestinos.
Como muchas de las declaraciones de Katz desde su nombramiento, no está claro que estas órdenes se traduzcan automáticamente en cambios prácticos. Hoy la Policía israelí no tiene capacidad plena para aplicar la ley en toda Cisjordania, y la ejecución del plan acercaría de facto a una anexión, que requeriría una decisión de Gobierno y una ley en la Knesset, actualmente disuelta en espera de las elecciones de octubre. Desde la ocupación de Cisjordania tras la guerra de 1967 y ante la ausencia de un acuerdo definitivo con los palestinos, el Ejército ha sido la autoridad encargada de la aplicación de la ley en el territorio. El Ejecutivo apoya la anexión oficial, especialmente en la zona donde residen más de 500.000 israelíes, pero su puesta en práctica está limitada por factores como el veto de EE. UU.
Los acuerdos de Oslo, firmados a mediados de los años 90, dividieron Cisjordania en Zona A (control civil y de seguridad de la Autoridad Palestina), Zona B (control civil palestino y seguridad compartida con Israel) y Zona C (bajo control civil y de seguridad de Israel).
Qusra, el nuevo centro de tensiones y acoso
La tensión en Qusra aumentó el pasado domingo cuando varios radicales instalaron una tienda de campaña en el patio de una vivienda, bloqueando el acceso a tres casas. Los residentes palestinos denunciaron además cortes en el suministro de electricidad y agua. El Ejército tardó en intervenir y no fue hasta el miércoles cuando retiraron la carpa, procedieron a una detención y prometieron protección a los vecinos. En algunas horas posteriores, algunas personas volvieron al lugar, aunque ya sin la tienda. “Hubo enfrentamientos entre colonos y policías, pero al final los colonos siguen causando problemas”, declaró ese día Yosef Hassan, desde una de las casas afectadas.
“Es aterrador. Hay frustración y miedo por la vida de mi familia”, dijo a Reuters Loui Ridi, un palestino residente en Ohia cuya familia posee una de las viviendas sitiada en la última semana.
Este viernes, alrededor de un centenar de activistas israelíes de derechos humanos se desplazaron a Qusra —declarada “zona militar cerrada”, lo que limita la entrada y salida de no residentes— para apoyar a los palestinos y llevar alimentos a las casas afectadas.
La ONG israelí Paz Ahora denunció que “lo ocurrido en Qusra no es un incidente aislado, sino el resultado de una política gubernamental que permite la expansión del terrorismo de colonos”. El diputado de la derecha Avihai Boaron (Likud) dijo a la radio pública israelí que no conocía todos los detalles de lo sucedido en Qusra, subrayó que “todo debe hacerse conforme a la ley” y apuntó que desde Qusra, según él, han salido numerosos atentados y amenazas contra israelíes.
