Los ministros de Exteriores del G7 han advertido sobre la posibilidad de imponer nuevas sanciones a Irán si el régimen continúa con la represión de las protestas que se desarrollan desde finales de diciembre de 2025. Según organizaciones de Derechos Humanos, las manifestaciones han dejado hasta ahora más de 3.400 muertos y “miles” de heridos, aunque otras fuentes sitúan el número de fallecidos entre 2.000 y 12.000.
El bloque diplomático, integrado por los jefes de la diplomacia de Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Italia y Japón, así como la alta representante de la política exterior de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, ha publicado este miércoles un comunicado conjunto en el que señala que está “dispuesto a imponer más medidas restrictivas si Irán continúa su represión de las protestas y la disidencia, en violación del Derecho Internacional y sus obligaciones internacionales”, según la nota difundida por la cartera diplomática francesa.
En el mismo texto, los ministros han solicitado a las autoridades iraníes “la máxima moderación, la abstención del uso de la violencia y la salvaguarda de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos iraníes”, incluyendo el derecho a la libertad de expresión, de información y de reunión pacífica “sin temor a represalias”. Los firmantes expresaron su “profunda preocupación” por el número de muertos y heridos reportados, condenando “el uso deliberado de la violencia, los asesinatos, las detenciones arbitrarias y las tácticas de intimidación empleadas por las fuerzas de seguridad contra los manifestantes”.
El comunicado firmado por los jefes de la diplomacia del G7 y la UE rechaza “firmemente la escalada de la brutal represión” que sufren los ciudadanos iraníes, quienes han expresado sus aspiraciones a una vida mejor, dignidad y libertad. Los ministros consideran legítimas las protestas motivadas por las condiciones de vida en el país.
Por su parte, Amnistía Internacional ha apelado a la “acción diplomática global para señalar el fin de la impunidad” frente a lo que califica como una “masacre de manifestantes”. La secretaria general de la organización, Agnes Callamard, afirmó que “pruebas fidedignas revelan ejecuciones masivas ilegítimas cometidas a una escala sin precedentes en medio de un bloqueo continuo de Internet impuesto para ocultar sus crímenes”. Callamard señaló que, pese al historial grave de violaciones de Derechos Humanos en Irán, “la gravedad y magnitud de los asesinatos y la represión desde el 8 de enero no tiene precedentes”.
La organización denunció que las autoridades iraníes “han librado su represión más mortífera hasta la fecha”, recurriendo a “asesinatos masivos de manifestantes que exigen un cambio fundamental y la transición del sistema de la República Islámica a un nuevo sistema de gobierno que respete los Derechos Humanos y la dignidad de las personas”. Amnistía Internacional pidió a los Estados miembros de la ONU “tomar medidas inmediatas y coordinadas para impedir un mayor derramamiento de sangre”, entre ellas la convocatoria de sesiones especiales en el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad de la ONU, así como la consideración de mecanismos de justicia internacional que permitan impulsar investigaciones y enjuiciamientos penales inmediatos de los responsables de graves violaciones.
La organización subrayó que la impunidad sistémica y continua por los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad en protestas actuales y pasadas “ha envalentonado a las autoridades iraníes a persistir en su conducta criminal”.
(Con información de EFE y Europa Press)
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, decidió disolver la Cámara Baja del Parlamento y convocar a elecciones anticipadas en las próximas semanas.
El objetivo es renovar el mandato legislativo de la coalición formada por el Partido Liberal Democrático (PLD) y el Partido de la Innovación de Japón (JIP), en un escenario marcado por recientes turbulencias políticas y cambios en la alianza oficialista.
La medida fue comunicada durante una reunión en la capital, donde Hirofumi Yoshimura, colíder del JIP, recibió la notificación directa de Takaichi.
El anuncio formal y los detalles de la convocatoria se realizarán en una conferencia de prensa prevista para el lunes, confirmó el secretario general del PLD, Shunichi Suzuki.
Takaichi, primera mujer en liderar el Ejecutivo japonés, asumió el cargo hace apenas tres meses tras la renuncia de Shigeru Ishiba. Su gobierno, que cuenta actualmente con un nivel de aprobación cercano al 70%, busca capitalizar ese respaldo en los comicios.
La fecha probable para la disolución parlamentaria sería el 23 de enero, mientras que las elecciones se realizarían el 8 o el 15 de febrero.
Estos comicios marcarán el debut de la nueva coalición entre el PLD y el JIP, luego de la ruptura con el partido político Komeito tras 26 años de cooperación. La salida, motivada por desacuerdos sobre la transparencia en el financiamiento partidario y diferencias en política exterior hacia China, dejó a la coalición oficialista con una mayoría frágil en la Cámara Baja y en minoría en la Alta.
El adelanto electoral responde también a la necesidad de aprobar un paquete presupuestario de 122,3 billones de yenes (USD 768.000 millones) para el próximo ejercicio fiscal. El plan de Takaichi apunta a enfrentar la inflación y estimular la economía japonesa, aunque ha generado preocupación en los mercados financieros por el aumento del gasto público y el elevado endeudamiento estatal.
El contexto internacional añade presión a la agenda del gobierno. Las relaciones entre Japón y China viven una etapa de máxima tensión tras declaraciones de Takaichi sobre Taiwán, que provocaron respuestas diplomáticas y restricciones comerciales por parte de Beijing.
La composición parlamentaria actual se consolidó recientemente con la incorporación de tres legisladores independientes al PLD, lo que permitió recuperar la mayoría en la Cámara Baja. Sin embargo, el Ejecutivo sigue limitado en la Cámara Alta, lo que condiciona la capacidad de impulsar reformas clave.
Analistas internacionales, como Jeremy Chan, de Eurasia Group, resaltaron en una entrevista para la agencia Reuters, la convocatoria electoral como un movimiento para aprovechar la popularidad de Takaichi y ofrecer una señal de estabilidad política.
Mientras tanto, la mandataria evalúa mecanismos transitorios para asegurar la continuidad del gasto público hasta que el nuevo parlamento pueda aprobar el presupuesto anual.
(Con información de Europa Press, Reuters y AFP)
Una delegación de Dinamarca y Groenlandia se reunió este miércoles en la Casa Blanca con altos funcionarios estadounidenses, en un contexto marcado por la renovada presión de Donald Trump para que Estados Unidos controle la isla ártica, a la que considera “vital” para la seguridad nacional estadounidense y la defensa antimisiles. El encuentro, que comenzó poco después de las 10:30 horas locales (15:00 GMT) y finalizó cerca del mediodía, congregó al ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio. Ninguna de las partes realizó declaraciones tras la reunión.
La postura de Trump ha tensado las relaciones transatlánticas desde su regreso a la presidencia hace casi un año. En las horas previas al diálogo en Washington, Trump reiteró en su red social que “Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de Seguridad Nacional” y afirmó que “la OTAN debe liderar el camino para que la isla esté bajo control estadounidense. Cualquier otra cosa es inaceptable”. El mandatario advirtió que, si no se concreta la anexión, “Rusia o China lo harán”, y subrayó que la presencia estadounidense haría a la OTAN “más formidable y efectiva”. Trump vinculó la adquisición de Groenlandia con la construcción de la “Cúpula Dorada”, un sistema de defensa antimisiles, e instó a la alianza atlántica a presionar a Dinamarca para que entregue el territorio: “¡Díganle a Dinamarca que se salgan de ahí, YA! ¡Dos trineos de perros no bastan! ¡Solo Estados Unidos puede lograrlo!”, escribió en Truth Social.
Desde Copenhague, el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, anunció el refuerzo inmediato de la presencia militar en Groenlandia y el Atlántico Norte, en coordinación con aliados de la OTAN. Poulsen comunicó que, a partir de este miércoles, “habrá un aumento de presencia militar en y alrededor de Groenlandia, con aviones, barcos y soldados, incluidos efectivos de otros países aliados”. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, confirmó en X el envío de militares suecos a Groenlandia para participar en ejercicios conjuntos bajo la Operación Arctic Endurance. El gobierno danés señaló que se han invertido casi 14.000 millones de dólares para robustecer la defensa en el Ártico, rechazando las acusaciones estadounidenses de desprotección ante Rusia y China.
Las autoridades de Groenlandia y Dinamarca han reiterado que la isla, de 2,16 millones de kilómetros cuadrados, no está en venta y que cualquier intento de violar su soberanía tendría consecuencias imprevisibles. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que los habitantes de Groenlandia “pueden contar con nosotros”. Desde París, el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió sobre posibles “consecuencias en cascada” si se afecta la soberanía de un país europeo aliado, y anunció la apertura de un consulado francés en Nuuk el 6 de febrero.
La población local ha manifestado su rechazo a la propuesta estadounidense. El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, declaró al diario Sermitsiaq que “si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, elegimos Dinamarca, la OTAN, el Reino de Dinamarca y la Unión Europea”. Su homóloga Motzfeldt subrayó: “Elegimos la Groenlandia que conocemos hoy, como parte del Reino de Dinamarca”. A través de redes sociales, la representación groenlandesa en Estados Unidos y Canadá preguntó “¿por qué no nos consultan?” y recordó que una minoría de los 57.000 habitantes de la isla apoyaría la incorporación a EEUU.
En las calles de Nuuk, la crisis ha sido tema central entre periodistas y residentes. Tuuta Mikaelsen, estudiante de 22 años, expresó a The Associated Press su deseo de que “los funcionarios estadounidenses reciban el mensaje de que se retiren”. Otros ciudadanos, como el ingeniero Lars Vintner y su amigo Hans Nørgaard, pusieron en duda el argumento de la amenaza rusa o china en la isla y sugirieron que el interés de Trump responde a los recursos naturales aún sin explotar.
La presión de Washington también se ha hecho sentir en el plano diplomático. Rasmussen y Motzfeldt, junto con el embajador danés, mantuvieron encuentros con senadores estadounidenses del Arctic Caucus. Además, una delegación bipartidista del Congreso estadounidense tiene previsto viajar a Copenhague para reuniones con autoridades danesas y groenlandesas.
Según un sondeo de Reuters/Ipsos, solo el 17% de los estadounidenses apoya los esfuerzos de anexar Groenlandia, mientras que la mayoría rechaza cualquier uso de la fuerza militar.
La disputa por Groenlandia ha planteado interrogantes sobre la cohesión de la OTAN y la estabilidad en el Ártico, una región donde el deshielo facilita nuevas rutas comerciales y el acceso a minerales estratégicos. Dinamarca, miembro fundador de la alianza atlántica, reiteró su compromiso de fortalecer la cooperación militar y buscar una solución diplomática a la crisis.
(Con información de AFP, Reuters y AP)
