Un enfrentamiento interno entre una poderosa coalición criminal y un grupo disidente dejó al menos 49 muertos en Puerto Príncipe, Haití, según reportaron organizaciones civiles.
Entre las víctimas se incluyen al menos 10 niños reclutados por las bandas y 19 mujeres que acompañaban a sus parejas heridas en busca de ayuda médica. El número de fallecidos podría aumentar, ya que los episodios violentos continúan y el acceso a la zona permanece restringido para autoridades y organizaciones humanitarias.
Entre los muertos se contó a Dèdè, uno de los líderes más notorios de Bel-Air, que fue decapitado durante los combates; también resultó herido Kempes Sanon, ex policía y jefe criminal, quien fue apartado del mando y hospitalizado.
La dirección del grupo pasó a dos individuos identificados como Jamesly y Ti Gason. La facción Krache Dife, que aún mantiene vínculos con Sanon, sigue aliada a la coalición Viv Ansanm, designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.
Actualmente, el 90% de los distritos de la capital haitiana está bajo control de bandas armadas.
Esta escalada de violencia ocurre después de que, en septiembre de 2023, varias pandillas acordaran una tregua bajo el paraguas de Viv Ansanm, lo que produjo una reducción temporal de los enfrentamientos. La ruptura interna desencadenó una nueva ola de asesinatos, mutilaciones e incendios.
La población civil, especialmente en las zonas marginales, quedó atrapada en un entorno de violencia constante. Cientos de personas se han desplazado y buscan refugio sin acceso a alimentos ni productos esenciales.
Los niños son reclutados y explotados por las bandas para tareas de vigilancia, mensajería y encargos de alto riesgo, mediante amenazas y coerción. Los pocos que logran escapar enfrentan desplazamientos forzados, pérdida de acceso a la educación y la atención médica, y en muchos casos carecen de agua potable y alimentos.
Más de la mitad de la población —cerca de 12 millones de personas— enfrenta hambre aguda. Según organizaciones de derechos humanos, Haití atraviesa una crisis humanitaria y de seguridad de extrema gravedad.
El asesinato del expresidente Jovenel Moïse en 2021 dejó al país sin un liderazgo político efectivo, lo que abrió paso a la expansión de las bandas armadas. El vacío de poder y el comercio ilegal de armas agravaron la inestabilidad institucional.
La escalada criminal y los ataques armados han paralizado amplias zonas del país, con agresiones reiteradas contra estaciones de policía, hospitales e infraestructuras vitales.
La infancia, en particular los menores con discapacidad, sufre de forma desproporcionada: enfrentan mayores barreras para escapar y reciben menos asistencia especializada, lo que agrava la pérdida de familiares, la interrupción de su educación y un ambiente permanente de temor.
En medio de la preparación para el proceso electoral de 2025 y bajo un gobierno de transición, la inseguridad y la violencia no ceden. Las organizaciones internacionales exigen una intervención urgente para proteger los derechos humanos y atender las necesidades más inmediatas de la población.
(Con información de AP)
