La Justicia Federal de Salta ordenó la exclusión de 2.150 personas del padrón electoral de la localidad fronteriza de Aguas Blancas por no acreditar de forma fehaciente residencia real en Argentina.
La resolución, firmada por el juez federal Julio Leonardo Bavio, cierra una investigación iniciada hace más de dos años que ya había generado medidas preliminares sobre los registros de electores.
La medida alcanza exactamente a 2.150 ciudadanos cuyos nombres estaban vinculados a domicilios declarados que no pudieron verificarse en las comprobaciones oficiales.
El fallo advierte sobre un desfase entre habitantes censados y electores registrados: el censo de 2022 registra 3.648 habitantes en Aguas Blancas, mientras que los padrones habilitaban a 5.736 personas para votar. Entre 2015 y 2025 el padrón creció casi un 75%, en tanto la población lo hizo en torno al 52%.
Esos desajustes fueron la base de las sospechas de empadronamientos irregulares, especialmente en domicilios sin número.
La denuncia fue presentada en 2023 por un dirigente de Juntos por el Cambio, que señaló el cruce masivo de personas provenientes de Bolivia durante jornadas electorales y la facilidad para tramitar documentación argentina con fines, entre otros, de acceder a subsidios.
A partir de la denuncia, el expediente incorporó informes de la Secretaría Electoral, del RENAPER, del INDEC y de la Policía de Salta, además de testimonios y relevamientos de campo realizados con drones y personal de seguridad.
La investigación detectó patrones anómalos en cuatro calles próximas al río Bermejo —20 de Febrero, 25 de Mayo, 9 de Julio y Rivadavia— donde constaron cientos de electores registrados en domicilios no identificables: espacios verdes, galpones, hoteles o terrenos baldíos que no corresponden a residencias reales.
Como ejemplo, en la calle 20 de Febrero, de 619 metros, figuraban 793 votantes, una cifra superior al número de viviendas existentes. Situaciones similares se observaron en las otras calles y en varias intersecciones, según el fallo.
El municipio se encuentra bajo intervención desde septiembre de 2024 y se realiza una revisión administrativa para regularizar la numeración de casas y depurar la base de datos electoral.
Durante las elecciones de 2023, los reportes oficiales indicaron que entre 300 y 400 personas ingresaron desde Bolivia por jornada electoral a través del paso fronterizo. Parte de ese flujo figuraba como residente en Aguas Blancas, aunque la mayoría no pudo demostrar domicilio estable en las verificaciones.
El juez Bavio estableció que las personas excluidas deberán iniciar un reclamo individual para recuperar el derecho a voto y aportar prueba de residencia, como facturas o referencias de geolocalización. En los demás casos la suspensión del padrón será provisional mientras la Secretaría Electoral analiza los reportes y extiende el procedimiento a otras localidades fronterizas.
La investigación muestra que el fenómeno afecta especialmente a municipios del norte de Salta, con antecedentes de inscripciones masivas en padrones tanto con fines electorales como para acceder a beneficios estatales.
En el marco de la causa, la Justicia notificó a organismos nacionales como ANSeS, ARCA, la Dirección Nacional de Migraciones, la Agencia Nacional de Discapacidad y otras áreas estatales.
Crimen organizado
En la resolución, el juez Bavio advierte que las irregularidades detectadas en el padrón —domicilios falsos o imprecisos— no solo facilitan la migración transfronteriza irregular y el acceso indebido a beneficios, sino que también aumentan el riesgo de infiltración del crimen organizado.
El magistrado señala que si estas irregularidades persisten “se avizora un riesgo mucho más grave”, al dejar abierto el camino a la infiltración de organizaciones criminales.
El fallo cita antecedentes concretos: el caso de Sergio Gerardo Oliva, ex intendente de Aguas Blancas, condenado por violación de los deberes de funcionario público por autorizar la apertura de una calle junto al puesto de control fronterizo sin los permisos legales, lo que facilitó ingresos y egresos irregulares en una zona con historial de contrabando; y la causa 7903/2015, que culminó con la condena de dos concejales de Salvador Mazza (Gabriel Alejandro Maurín y Mauricio Esteban Gerónimo) por integrar una banda dedicada al traslado de grandes cantidades de cocaína desde Bolivia, en vinculación con el narcotraficante Wilson Maldonado Balderrama, alias “Chichin” o “Tío”.
Bavio subraya el peligro de que integrantes del crimen organizado ocupen cargos públicos y condicionen la política local, sobre todo en municipios fronterizos con pocos electores, donde unos pocos votos pueden decidir una elección.
En sus palabras: “En las elecciones municipales en localidades fronterizas como las mencionadas con pocos electores, la suerte electoral puede depender de unos cuantos votos. Ello con el riesgo que de suyo implica que grandes organizaciones narco criminales capten en sus filas a autoridades y funcionarios de municipios como los aquí referidos”.
