Calificar a las llamadas “viudas negras” como la modalidad delictiva de moda subraya un fenómeno en auge: mujeres que, según las investigaciones, drogan y roban joyas, relojes y sumas importantes de dinero a hombres considerablemente mayores, a menudo a través de contactos por redes sociales. Estos casos tuvieron amplia cobertura mediática y también inspiraron una serie protagonizada por Pilar Gamboa y Malena Pichot.
Al mismo tiempo, algunas de las acusadas se convirtieron en figuras públicas en redes. Lidia L., de 20 años, detenida en Choele Choel, Río Negro, se volvió viral tras difundirse las fotos de su arresto. Está acusada por una jueza porteña de haber drogado y desvalijado a dos hombres en Caballito y Saavedra y, según la acusación, llegó a exigir un rescate millonario por lo sustraído.
Según las actuaciones, Lidia volvió a la Patagonia cuando pesaba sobre ella un pedido de captura y permaneció con su familia hasta que la Policía provincial la localizó por orden de la jueza Ángeles Maiorano. Su caso trascendió también en redes internacionales: un reel con sus imágenes acumuló millones de vistas.
La utilización de sedantes y psicofármacos en estos hechos puede ser letal. En los últimos dos años, al menos ocho hombres fallecieron en el AMBA en circunstancias vinculadas a este tipo de episodios. Uno de los casos emblemáticos es el de Micaela “Cachorra” Vargas, acusada de apuñalar repetidamente a un empleado de comercio con quien había entablado una relación.
Otro caso relevante fue el del economista Pablo Jimenez: en junio último fue atado y golpeado hasta morir en su departamento de la calle Castex, en Palermo; por ese episodio hay dos jóvenes detenidas. La investigación señala que Jimenez había contactado por Tinder a dos mujeres y que, posteriormente, se sumaron otros dos hombres a la escena; el cadáver fue hallado horas después por el portero y la empleada doméstica del edificio.
El arquetipo clásico de la seductora que espera a su víctima en la noche no ha desaparecido y sigue vigente, sobre todo en lugares como las discotecas de Palermo, donde se aprovechan las mesas VIP y la presencia de turistas de entre 40 y 50 años. A comienzos de este año, la brigada de la Comuna 14 allanó una conocida disco sospechada de ser un punto de encuentro para estas prácticas.
En el circuito de bares también hubo casos llamativos. A principios de este año fue detenida Micaela Garrido, sindicada por el fiscal Cosme Iribarren de haber robado a un hombre en Plaza Serrano tras conocerlo en un encuentro social. Garrido, que era cabo de la Policía Federal Argentina, llamaba la atención por el contraste entre su cargo y ciertos bienes de los que disponía.
Las edades de las acusadas varían: no se trata solo de mujeres muy jóvenes. En marzo de 2025, por ejemplo, la Policía Bonaerense arrestó a Diana Arita Cornejo, de 62 años, acusada de matar a un jubilado 15 años mayor que ella. Cámaras de seguridad la mostraron saliendo del domicilio del hombre con dos bolsos.
Sexo sí
Las tácticas han cambiado con el tiempo. Antes muchas de estas mujeres evitaban el contacto físico, pero hoy la instancia de un encuentro sexual previo se utiliza con frecuencia para evaluar al objetivo y facilitar el robo. Un observador del mundo del delito describe ese cambio como una adaptación estratégica.
Un caso ilustrativo ocurrió el 7 de enero: un informático de 46 años, que había conocido por Tinder a una mujer llamada “Agustina” ocho meses antes, la invitó a su departamento en Palermo. Ella, de 20 años y oriunda de Lomas de Zamora, regresó tras una noche anterior y, según la acusación, esa cita terminó con el robo de dinero y pertenencias del hombre.
En marzo, la División Robos y Hurtos detuvo a “Agustina”, cuyo nombre verdadero sería Juliana J., y el juez Martín Peluso la procesó por el hecho. A la víctima le sustrajeron 24.000 dólares, unas gafas de marca y varias botellas de champán.
Hay equipo
Una particularidad del caso de Juliana es que actuó, según la causa, sin un equipo de apoyo in situ: pidió un auto de aplicación para transportar el botín, en lugar de contar con el clásico operativo de personas que esperan fuera.
Un detective que investigó múltiples casos señala que, con frecuencia, las cómplices y cómplices de las acusadas provienen de sus mismos barrios y tienen antecedentes por hurtos o tenencia de estupefacientes. Esas redes juveniles suelen consolidarse como apoyo logístico y operativo de las mujeres implicadas. Por ejemplo, la banda implicada en la muerte de Jimenez se vinculó a residentes de un edificio en Constitución.
Durante los hechos, los cómplices mantienen comunicación permanente con las mujeres mediante teléfonos celulares, coordinan la extracción del botín y aseguran una salida si la situación se complica. No se trata, en general, de delitos puramente ocasionales ni de una oferta informal de ingreso a la actividad criminal por parte de un tercero.
¿Por qué lo hacen?
Varios factores pueden explicar la expansión de esta modalidad: la posibilidad de obtener un botín significativo frente a sanciones que, en muchos casos, no contemplan agravantes por el uso de psicofármacos. Penalmente, muchos episodios se encuadran como robo simple o robo con violencia; la utilización de drogas para neutralizar a la víctima se menciona en el artículo 78 del Código Penal, pero no siempre genera una calificación más severa.
Algunos jueces han aplicado la figura de abandono de persona —como el magistrado Martín Yadarola en el caso de “Cachorra” Vargas—, lo que puede agravar la pena, pero la tentativa de homicidio no suele encuadrarse porque, según la calificación judicial común, la intención de matar no está probada de antemano. No obstante, el riesgo de un desenlace fatal por sobredosis es real.
Un juez que sigue estos procesos señaló su frustración por la falta de estudios sobre el daño corporal que causan las dosis excesivas de psicofármacos y propuso que una evaluación científica podría ayudar a diseñar respuestas penales y preventivas más eficaces antes de que se produzcan más muertes.
También existen patrones geográficos: barrios como Villa Zavaleta, la 1-11-14 o sectores de Constitución surgieron en distintos momentos como focos de acusadas y de redes relacionadas con estos hechos.
Pero, más allá de la geografía, las historias personales y el contexto socioeconómico de las acusadas son frecuentes en las causas. Un ejemplo es el de “Ayelén” —identificada como Mónica B.—, condenada en septiembre por el Tribunal N°22 a seis años de prisión, junto a otros integrantes de una banda, por robos y amenazas, entre otros delitos. Ese grupo, según la sentencia, actuó en múltiples hechos y coordinó la logística para retirar el botín.
Según la condena, Mónica B. participó en al menos tres episodios, incluido un robo a mano armada, y su sentencia la tendrá privada de la libertad hasta, aproximadamente, 2029.
El vacío y el deseo
La idea de que las “viudas negras” son invariablemente maestras del engaño no siempre se corresponde con la realidad. Investigadores y policías señalan que algunas detenidas muestran ingenuidad frente a los hechos; en un caso, una de las arrestadas por la muerte de Jimenez dijo no saber que la víctima había fallecido.
Para muchas, la modalidad ofrece una vía de acceso al “mercado del delito” y, al mismo tiempo, responde a vacíos personales y económicos. Las estructuras familiares y comunitarias, y la precariedad, influyen en que algunas mujeres opten por este tipo de actividades.
Un juez porteño observó que, en contextos de marginalidad y con numerosos varones privados de libertad, mujeres que antes no participaban activamente del delito encuentran formas distintas de ingresar al mundo criminal. Acciones como drogar y robar permiten a jóvenes con limitaciones físicas o sociales obtener resultados que, de otra manera, no alcanzarían con métodos armados tradicionales.
El deseo sexual de la víctima suele facilitar la aproximación y, en muchos casos, cerrar la maniobra delictiva. Un ejemplo reciente es el de Nicole S., de 22 años, condenada por drogar y desvalijar a dos comerciantes junto a una menor de edad. Nicole, madre de dos hijos —al mayor lo tuvo cuando tenía 14 años—, proviene de un entorno con familiares privados de la libertad.
