Arabia Saudita registró en 2025 la mayor cifra de ejecuciones documentadas desde que existen registros: 347 personas fueron ejecutadas, dos más que en 2024, informó la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR), una ONG saudí que opera desde el exilio.
Los delitos relacionados con las drogas representaron el 69 % del total, con 238 personas condenadas a muerte frente a las 222 del año anterior. La organización advirtió de un aumento notable en las ejecuciones vinculadas específicamente al cannabis: 97 personas fueron ejecutadas por delitos relacionados únicamente con esta sustancia, frente a 15 en 2024.
En los últimos años el reino ha intensificado su ofensiva contra el narcotráfico, considerado uno de sus principales problemas. La elevada demanda interna, el poder adquisitivo del mercado y la posición geográfica de Arabia Saudita la han convertido en un destino relevante para redes internacionales de tráfico de drogas.
La legislación saudí contempla la pena de muerte como el castigo más severo para el contrabando de estupefacientes. La ley define como “contrabandista” tanto al que introduce drogas desde el extranjero como al que las recibe y distribuye, y distingue entre infractores primerizos y reincidentes: al primer delito puede imponerse prisión, azotes, multa o una combinación; a los reincidentes se les aplica un castigo mayor que puede incluir la pena capital.
En noviembre de 2022 el país reanudó las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas tras casi tres años de suspensión, revocando una moratoria anunciada por la Comisión Saudí de Derechos Humanos en 2021.
El informe también advierte sobre un aumento en la persecución de extranjeros: representaron el 57 % de las personas ejecutadas en 2025, es decir 202 casos, y el 94 % de esos casos estuvieron relacionados con narcotráfico. Además, se documentaron ejecuciones de dos personas detenidas por crímenes cometidos cuando eran menores de edad.
ESOHR recordó que el príncipe heredero y líder de facto, Mohamed bin Salmán, declaró en 2018 su intención de reducir de forma significativa el número de ejecuciones.
Para la ONG, este récord “no solo refleja el colapso del discurso sobre la reforma de los derechos humanos, sino que también confirma la persistencia del uso de la ejecución como castigo”, que suele afectar a los grupos más vulnerables y contraviene declaraciones y compromisos recientes.
La organización subraya que las cifras oficiales podrían no reflejar el total real debido a la falta de transparencia y a la posibilidad de que se ejecuten sentencias sin previo aviso, en un contexto que incluye prácticas como tortura y la negativa a permitir a las familias despedirse o enterrar a los fallecidos. Aunque la mayoría de las ejecuciones se anuncian mediante comunicados del Ministerio del Interior, algunas no se hacen públicas.
(Con información de EFE)
