La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles generalizados impuestos por el expresidente Donald Trump, lo que provocó reacciones inmediatas en el exterior, especialmente en la Unión Europea y Canadá. Olof Gill, portavoz de comercio de la UE, indicó que el bloque está “analizando cuidadosamente” la sentencia y mantiene un diálogo estrecho con la administración estadounidense para definir los pasos a seguir. Gill destacó que las empresas en ambos lados del Atlántico requieren estabilidad y previsibilidad en las relaciones comerciales y reiteró el compromiso europeo con la reducción de gravámenes y un entorno de tarifas bajas.
El fallo también afecta el proceso legislativo europeo, ya que pone en duda la implementación de un acuerdo comercial reciente entre Estados Unidos y la UE que contemplaba aranceles del 15% sobre la mayoría de productos europeos. Bernd Lange, presidente del Comité de Comercio del Parlamento Europeo, celebró la decisión judicial y convocó con urgencia al equipo negociador del parlamento para evaluar las implicaciones de cara a la próxima votación del comité.
En Reino Unido las autoridades mostraron cautela. Un portavoz del gobierno británico señaló que trabajarán con la administración estadounidense para comprender cómo la decisión influirá en los aranceles aplicables al Reino Unido y al resto del mundo.
El gobierno británico recordó que Reino Unido disfruta de aranceles recíprocos reducidos y confía en que, independientemente del escenario, su posición comercial con Estados Unidos se mantendrá favorecida.
Un acuerdo con Washington permite a Londres beneficiarse de tasas arancelarias limitadas, de hasta el 10% sobre la mayoría de los productos británicos.
El Gobierno de Canadá respaldó el fallo, al considerarlo un refuerzo a la postura canadiense de que los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) carecían de justificación. El ministro Dominic LeBlanc advirtió, sin embargo, que aranceles establecidos por la Sección 232 por motivos de seguridad nacional —especialmente sobre acero, aluminio y algunos productos automotrices— siguen vigentes. LeBlanc agregó que, ante la próxima revisión del T-MEC, Ottawa trabaja para diversificar sus vínculos comerciales y reducir la dependencia del mercado estadounidense.
Miles de empresas obtuvieron una victoria relevante con la invalidación del uso de la IEEPA para imponer aranceles generales. El fallo abre la vía a un proceso de reembolsos que, según economistas del Penn-Wharton Budget Model, podría llegar a los 175.000 millones de dólares. Esa posibilidad afecta no solo a las compañías que demandaron al Gobierno, sino a un conjunto más amplio de firmas que ahora podrán solicitar la devolución de los gravámenes pagados.
La reacción en los mercados fue inmediata: las bolsas de Estados Unidos y Europa subieron, con ganancias especialmente marcadas en empresas directamente afectadas por los aranceles. Entre los beneficiados se mencionaron LVMH, Hermès y Moncler, así como fabricantes de automóviles, electrónica y confección que dependen de insumos de bajo costo procedentes de Asia. Los aranceles aplicados por la administración Trump habían incrementado los costos de importación, comprimido márgenes y perturbado cadenas de suministro globales.
Desde abril, más de 1.800 demandas relacionadas con los aranceles se han presentado ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, frente a menos de veinte casos registrados en 2024. Entre los demandantes figuran empresas como Toyota, Costco, Goodyear, Alcoa, Kawasaki Motors y EssilorLuxottica. Especialistas legales advierten que la recopilación de datos para calcular los montos pagados será compleja, porque los regímenes arancelarios se aplicaron en distintos periodos y muchas multinacionales no disponen de registros unificados.
Asociaciones empresariales estadounidenses reaccionaron con distintas demandas y evaluaciones. El grupo We Pay the Tariffs exige compensaciones para las empresas afectadas, mientras que la Federación Nacional de Minoristas valoró la certeza jurídica aportada por la sentencia y consideró que la devolución de fondos podría actuar como estímulo económico, facilitando reinversiones en operaciones y empleo. Consultoras como Capital Economics estiman que las reclamaciones de reembolso podrían situarse en torno a 120.000 millones de dólares, aunque la cifra final dependerá de la resolución de litigios y de trámites administrativos.
En el plano político estadounidense la respuesta mostró divisiones partidistas y también coincidencias sobre el impacto económico de los aranceles. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó la decisión como “una victoria para el bolsillo de todos los consumidores estadounidenses”, criticando la política arancelaria previa por trasladar costes a las familias.
En el espectro republicano las valoraciones fueron más matizadas. El senador Rand Paul señaló que el fallo garantiza que ningún futuro presidente podrá usar poderes de emergencia para imponer medidas económicas de amplio alcance, evitando una crítica directa al expresidente Trump pero reconociendo la importancia de la resolución judicial.
Expertos en política comercial como Scott Lincicome, del Instituto Cato, consideraron la sentencia favorable para los importadores y la economía en general, y reclamaron que el Gobierno federal reembolse las “decenas de miles de millones de dólares” recaudados bajo la legislación ahora invalidada. Lincicome advirtió que el proceso de devolución probablemente requerirá nuevos litigios y trámites administrativos.
Organizaciones empresariales destacaron la utilidad de la claridad jurídica para planificar inversiones y operaciones, mientras que grupos que han desafiado los aranceles insisten en obtener alivio efectivo. Dan Anthony, director ejecutivo de We Pay the Tariffs, afirmó que una victoria legal necesita traducirse en compensaciones reales para las compañías perjudicadas.
La controversia se originó en el uso por parte de Donald Trump de la IEEPA de 1977, que faculta al presidente a imponer medidas comerciales en situaciones excepcionales. Trump invocó esa ley para establecer aranceles amplios sobre importaciones de diversos socios comerciales, alegando motivos de seguridad nacional y la protección de la industria doméstica. Esos gravámenes afectaron a la Unión Europea, Canadá, México y China, con impacto notable en sectores como acero, aluminio, automoción y bienes de consumo.
La política arancelaria de Trump desencadenó negociaciones bilaterales y multilaterales. En 2025 la UE y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para aplicar un arancel del 15% sobre la mayoría de productos europeos, pero la reciente sentencia del Supremo pone en incertidumbre ese pacto. En el caso de Canadá, los aranceles forzaron al país a buscar alternativas de exportación y a diversificar su economía, dado que una parte importante de sus ventas al exterior se destinaba a Estados Unidos.
El endurecimiento arancelario también provocó una oleada de litigios empresariales ante el Tribunal de Comercio Internacional: desde abril más de 1.800 compañías iniciaron acciones para recuperar importes pagados, un salto significativo respecto a los menos de veinte casos de 2024. Los demandantes provienen de sectores automotriz, manufacturero y de bienes de consumo, lo que evidencia el alcance transversal de la medida.
En conjunto, el fallo del Supremo marca una inflexión en la política comercial estadounidense al limitar la capacidad de actuación unilateral del Ejecutivo y reforzar la supervisión judicial sobre decisiones que afectan a la economía global, a empresas y a millones de trabajadores y consumidores.
(Con información de AFP, Reuters y EFE)
