La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles generalizados impuestos por el expresidente Donald Trump, lo que provocó reacciones inmediatas en el exterior, especialmente en la Unión Europea y Canadá. Olof Gill, portavoz de comercio de la UE, dijo que el bloque está “analizando cuidadosamente” la decisión y mantiene un diálogo estrecho con la administración estadounidense para definir los pasos a seguir. Gill subrayó la importancia de la estabilidad y previsibilidad en las relaciones comerciales y reiteró el compromiso europeo con la reducción de gravámenes y un entorno de tarifas bajas.
El fallo complicó el proceso legislativo europeo relacionado con un acuerdo comercial entre la UE y EE. UU., que preveía aranceles del 15% sobre la mayoría de productos europeos. Bernd Lange, presidente del Comité de Comercio del Parlamento Europeo, celebró la resolución y afirmó que los jueces han dejado claro que ni siquiera el presidente opera sin límites legales. Lange convocó con urgencia al equipo negociador del parlamento para evaluar las implicaciones antes de la próxima votación del comité.
El Reino Unido mostró cautela. Un portavoz del gobierno indicó que trabajarán con la administración estadounidense para comprender cómo afectará la decisión a los aranceles que inciden sobre el Reino Unido y otros socios.
El gobierno británico sostuvo que el país se beneficia de aranceles recíprocos bajos y espera que, cualquiera sea el desenlace, su posición comercial privilegiada con Estados Unidos se mantenga.
Según el acuerdo con Washington, Londres podría beneficiarse de tasas arancelarias limitadas al 10% en la mayoría de los productos británicos.
Canadá respaldó el fallo y lo consideró un refuerzo de su posición de que los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional eran “injustificados”. El ministro Dominic LeBlanc recordó que, pese a la sentencia, siguen vigentes aranceles aplicados bajo la Sección 232 por motivos de seguridad nacional sobre sectores como acero, aluminio y automoción. LeBlanc dijo que, ante la próxima revisión del T-MEC, Ottawa busca diversificar sus vínculos comerciales para reducir la dependencia del mercado estadounidense.
La resolución del Supremo fue considerada una victoria relevante para miles de empresas porque invalida el uso de la IEEPA de 1977 para imponer aranceles generales. El fallo abre la puerta a un proceso de reembolsos que, según estimaciones del Penn-Wharton Budget Model, podría alcanzar hasta 175.000 millones de dólares, beneficiando no solo a las compañías que demandaron al Gobierno sino a un conjunto más amplio de firmas que podrán reclamar devoluciones.
El impacto en los mercados fue inmediato: las bolsas de Estados Unidos y Europa registraron alzas, especialmente en empresas que habían sufrido directamente los aranceles. Entre las más favorecidas se citaron LVMH, Hermès y Moncler, así como fabricantes de automóviles, electrónica y confección que dependen de insumos de bajo costo. Los aranceles habían elevado los costos de importación, comprimido márgenes y generado disrupciones en las cadenas de suministro globales.
Desde abril se han presentado más de 1.800 demandas sobre aranceles ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, frente a menos de veinte casos en 2024. Entre los demandantes figuran Toyota, Costco, Goodyear, Alcoa, Kawasaki Motors y EssilorLuxottica. Expertos legales advierten que recopilar los datos necesarios para calcular los montos a devolver será complejo, dada la aplicación de regímenes arancelarios en distintos periodos y la falta de registros unificados en muchas multinacionales.
La sentencia generó expectativas entre asociaciones empresariales estadounidenses. El colectivo We Pay the Tariffs reclama compensaciones para las empresas afectadas, mientras que la Federación Nacional de Minoristas valoró la certeza jurídica aportada y consideró que la devolución de fondos podría actuar como estímulo económico para reinversión en operaciones y empleo. Consultoras como Capital Economics estiman que las reclamaciones podrían rondar los 120.000 millones de dólares, aunque la cifra definitiva dependerá de litigios y trámites administrativos.
Las reacciones políticas internas mostraron tanto divisiones partidistas como consensos sobre el impacto económico. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó la decisión como “una victoria para el bolsillo de todos los consumidores estadounidenses”, criticando la política arancelaria de Trump por imponer costos a las familias.
En el ámbito republicano la respuesta fue más matizada. El senador Rand Paul interpretó el fallo como una garantía de que futuros presidentes no podrán utilizar poderes de emergencia para imponer medidas de amplio alcance, evitando una confrontación directa con la administración anterior pero reconociendo el alcance del veredicto judicial.
Expertos en política comercial, como Scott Lincicome del Instituto Cato, consideraron el fallo beneficioso para los importadores y la economía en general, y reclamaron que el Gobierno federal reembolse las “decenas de miles de millones de dólares” recaudados bajo la legislación ahora invalidada. Según Lincicome, el proceso de devolución podría implicar nuevos litigios y trámites administrativos.
Organizaciones empresariales reiteraron posiciones diversas: la Federación Nacional de Minoristas valoró la claridad jurídica para planificar inversiones, mientras que grupos como We Pay the Tariffs pidieron alivio práctico para las empresas afectadas. Dan Anthony, director ejecutivo de esta última organización, señaló que una victoria legal debe traducirse en un alivio real para quienes asumieron esos costos.
La controversia se remonta al uso por parte de Donald Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, que autoriza al presidente a imponer medidas comerciales en circunstancias excepcionales. Trump aplicó esa norma para fijar aranceles amplios con argumentos de seguridad nacional, afectando a socios como la UE, Canadá, México y China, y golpeando sectores como acero, aluminio, automoción y bienes de consumo.
La política arancelaria de Trump impulsó una ola de negociaciones bilaterales y multilaterales. En 2025 la UE y Estados Unidos acordaron la aplicación de un arancel del 15% sobre la mayoría de productos europeos, aunque la reciente sentencia del Supremo dejó incierto el futuro de ese pacto. En el caso de Canadá, los gravámenes obligaron al país a buscar alternativas de exportación y a acelerar la diversificación de su economía, dado que una gran parte de sus ventas externas se destinaba a Estados Unidos.
El endurecimiento arancelario también motivó un aumento significativo de litigios empresariales ante el Tribunal de Comercio Internacional: desde abril, más de 1.800 empresas presentaron acciones para recuperar importes pagados, un salto frente a los menos de veinte casos de 2024. Los demandantes proceden de sectores automotriz, manufacturero y de bienes de consumo, lo que evidencia el alcance transversal de las medidas.
En conjunto, el fallo del Supremo supone un punto de inflexión en la política comercial estadounidense: limita la capacidad del Ejecutivo para actuar de forma unilateral en materia arancelaria y refuerza la supervisión judicial sobre decisiones que afectan a la economía global, a empresas, trabajadores y consumidores.
(Con información de AFP, Reuters y EFE)
