La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los amplios aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump, provocando reacciones inmediatas en varios socios comerciales, especialmente la Unión Europea y Canadá. Olof Gill, portavoz de comercio de la UE, informó que el bloque está analizando con detenimiento la sentencia y mantiene un diálogo estrecho con la administración estadounidense para determinar los pasos a seguir. Gill destacó la importancia de la estabilidad y la previsibilidad en las relaciones comerciales y reiteró el compromiso de la UE con la reducción de gravámenes y un entorno de tarifas bajas.
El fallo también introduce incertidumbre en el proceso legislativo y en acuerdos en trámite: cuestiona la implementación del reciente pacto comercial entre Estados Unidos y la UE, que preveía aranceles del 15% sobre la mayoría de productos europeos. Bernd Lange, presidente del Comité de Comercio del Parlamento Europeo, celebró la resolución y anunció la convocatoria urgente del equipo negociador del Parlamento para evaluar sus implicaciones antes de la próxima votación del comité.
El Parlamento Europeo programó una reunión extraordinaria para el lunes con el fin de analizar el impacto del fallo del Tribunal Supremo, que declaró inválida buena parte de los aranceles promulgados por la pasada administración.
El Reino Unido se mostró cauto ante la decisión. Un portavoz del Gobierno británico señaló que trabajarán con la administración estadounidense para comprender cómo afectará esta resolución a los aranceles aplicables al Reino Unido y a otros países.
El mismo comunicado subrayó que el Reino Unido se beneficia de aranceles recíprocos bajos con Estados Unidos y expresó la expectativa de que esa posición comercial privilegiada se mantenga, cualquiera sea el desenlace.
Actualmente, un acuerdo con Washington permite a Londres acogerse a tasas arancelarias limitadas, en torno al 10% para la mayoría de los productos británicos.
En México, el secretario de Economía Marcelo Ebrard pidió prudencia y calma ante los anuncios recientes y confirmó que viajará a Washington la próxima semana para buscar claridad sobre el alcance de las medidas y defender los intereses del país.
Ebrard señaló que es necesario actuar con “sangre fría” para evaluar el impacto, incluidos los anuncios del presidente estadounidense sobre la imposición de nuevas tarifas que, según dijo, sustituirían a las anuladas por la Corte.
El funcionario mexicano insistió en la necesidad de esperar a conocer los detalles de cualquier medida sustituta, dado que la decisión de la Suprema Corte se produjo casi en paralelo con anuncios de nuevas tarifas desde la Casa Blanca.
Canadá acogió favorablemente el fallo y lo consideró un respaldo a su posición de que los aranceles amparados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional eran injustificados. El ministro Dominic LeBlanc recordó, no obstante, que sectores como acero, aluminio y automoción siguen sujetos a aranceles bajo la Sección 232, aplicados por motivos de seguridad nacional.
El ministro de Economía francés, Roland Lescure, comentó que la decisión del Tribunal Supremo demuestra que los aranceles fueron objeto de debate y añadió que la magnitud del déficit comercial estadounidense sugiere que esas medidas no fueron la solución milagrosa que algunos esperaban.
Lescure señaló además que la determinación sobre posibles reembolsos corresponderá a la administración estadounidense y a los tribunales, y estimó que Washington habría recaudado alrededor de 185.000 millones de dólares en aranceles durante el último año, una cifra que calificó de significativa.
La anulación de la norma que permitía imponer aranceles generales bajo la IEEPA de 1977 supuso una victoria para miles de empresas: el fallo abre la vía a reclamaciones de devolución de gravámenes pagados. Economistas del Penn-Wharton Budget Model han calculado que los reembolsos podrían alcanzar hasta 175.000 millones de dólares, aunque las estimaciones varían.
Los mercados reaccionaron al alza: las bolsas de Estados Unidos y Europa registraron subidas, con beneficios especialmente notorios en empresas afectadas por los aranceles, como LVMH, Hermès y Moncler, así como fabricantes de automóviles, electrónica y confección que dependen de insumos importados de bajo coste. Los gravámenes aumentaron previamente los costos de importación, presionaron márgenes y complicaron cadenas de suministro globales.
Desde abril se multiplicaron las demandas contra los aranceles: más de 1.800 causas fueron presentadas ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, frente a menos de veinte casos en 2024. Grandes empresas como Toyota, Costco, Goodyear, Alcoa, Kawasaki Motors y EssilorLuxottica figuran entre los demandantes.
Abogados y especialistas advierten que determinar con precisión los montos pagados será complejo, porque los regímenes arancelarios se aplicaron en periodos diferentes y muchas multinacionales no mantienen registros unificados.
La sentencia generó expectativas entre organizaciones empresariales: grupos como We Pay the Tariffs piden compensaciones concretas, y la Federación Nacional de Minoristas de EE. UU. valoró la certeza jurídica que aporta la resolución. Consultoras como Capital Economics estiman que las reclamaciones de reembolso podrían situarse en torno a 120.000 millones de dólares, aunque la cifra final dependerá del resultado de litigios y trámites administrativos.
En la política estadounidense las reacciones fueron mixtas. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, celebró la decisión como un alivio para los consumidores y criticó la gobernanza por decreto que, según él, dejó a las familias con los costos. Para Schumer, el fallo pone fin a una etapa de “guerra comercial”.
Entre republicanos hubo matices: el senador Rand Paul interpretó la resolución como una garantía contra el uso de poderes de emergencia para imponer medidas económicas de gran alcance, sin emitir una crítica directa a la administración anterior pero reconociendo el alcance jurídico del fallo.
Expertos en comercio, como Scott Lincicome del Instituto Cato, consideraron la decisión positiva para los importadores y la economía en general y reclamaron que el Gobierno federal reembolse las sumas recaudadas bajo la norma invalidada. Lincicome advirtió que el proceso de devolución podría implicar nuevos litigios y procedimientos administrativos.
Organizaciones empresariales enfatizaron la importancia de convertir la victoria legal en alivio efectivo para las empresas afectadas. Dan Anthony, director ejecutivo de We Pay the Tariffs, afirmó que la resolución judicial necesita traducirse en compensaciones reales para quienes enfrentaron los costos.
El origen de la controversia fue el uso, por parte de la administración Trump, de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para imponer aranceles amplios sobre importaciones, alegando razones de seguridad nacional y protección de la industria. Esos gravámenes afectaron a socios como la UE, Canadá, México y China, y tuvieron impacto en sectores como el acero, aluminio, automoción y bienes de consumo.
La política arancelaria desencadenó negociaciones bilaterales y multilaterales. En 2025 la UE y Estados Unidos habían acordado aplicar un arancel del 15% sobre la mayoría de productos europeos, un pacto cuya continuidad ahora queda en entredicho. En Canadá la imposición de aranceles impulsó medidas para diversificar mercados y reducir la dependencia de Estados Unidos.
La ampliación de los gravámenes también provocó una oleada de litigios empresariales ante el Tribunal de Comercio Internacional, con un aumento notable en el número de demandas presentadas desde abril. Este fenómeno evidencia el alcance transversal de las medidas y la urgencia de resolver reclamaciones vinculadas a montos pagados en distintos periodos.
En conjunto, el fallo del Supremo marca un cambio en la política comercial estadounidense al restringir el margen de acción unilateral del Ejecutivo y reforzar el control judicial sobre decisiones que afectan la economía global, empresas, trabajadores y consumidores.
(Con información de AFP, Reuters y EFE)
