La ONG Foro Penal, que defiende a detenidos por motivos políticos en Venezuela, anunció que presentará ante el Parlamento una lista con 232 casos para que sean incluidos en la reciente Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional.
La iniciativa pretende evitar que personas que han sufrido violaciones de derechos humanos queden fuera de los beneficios previstos por la nueva norma.
Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, indicó que el documento será entregado a la comisión de seguimiento del Parlamento una vez que la ley se publique en la Gaceta Oficial.
El texto, ya redactado, solicita la revisión de los expedientes porque la mayor parte de las personas señaladas permanece fuera del alcance de la amnistía tal como está formulada.
La Ley de Amnistía fue promulgada la noche del jueves por la presidenta interina Delcy Rodríguez. Tras su sanción parlamentaria, la norma fue firmada y ordena la revisión inmediata de los casos vinculados a confrontaciones políticas desde 1999.
La ley concede amnistía a quienes hayan sido investigados o condenados por hechos relacionados con manifestaciones, protestas, episodios de violencia y procesos electorales, incluyendo detenciones ocurridas después de las elecciones presidenciales de 2024, cuando se registraron arrestos masivos.
Su aplicación está acotada a trece coyunturas políticas específicas dentro del periodo desde 1999, por lo que quedan excluidos arrestos registrados en quince de los veintisiete años que abarca la norma.
Foro Penal estima que, al menos, 400 presos políticos podrían seguir encarcelados y fuera de la amnistía, mientras que cerca de 300 podrían figurar entre los beneficiarios, cifra que depende de la implementación de la ley.
Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, calificó la amnistía como un logro de los familiares de presos políticos, pero advirtió que persiste una represión estructural en el país.
Además, Romero subrayó que la amnistía no es condición imprescindible para las liberaciones y defendió la continuidad del proceso de excarcelaciones iniciado el 8 de enero por el gobierno encargado; hasta el 18 de febrero, Foro Penal verificó la liberación de 448 personas.
En ese marco, la Asamblea Nacional creó una comisión especial para supervisar la aplicación de la nueva ley de amnistía para presos políticos, aprobada y firmada por la presidenta interina Delcy Rodríguez.
El diputado Jorge Arreaza, responsable de la comisión, explicó que el seguimiento se organizará por áreas y buscará mantener informada a la población sobre el avance del proceso.
La ley exige que los beneficiarios se presenten ante las autoridades; quienes están en el exilio podrán ser representados por un abogado y no podrán ser detenidos mientras dure el trámite. La medida fue impulsada tras la detención del exmandatario Nicolás Maduro en Estados Unidos a comienzos de 2026. (Con información de EFE)
