A comienzos de 2026, el Gobierno argentino encara un momento clave para la economía, nueve meses después de la cadena nacional en la que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un nuevo acuerdo con el FMI y el levantamiento inmediato del cepo cambiario para personas. Desde entonces la política cambiaria y las restricciones financieras han sufrido ajustes y generaron nuevas dudas, especialmente por el calendario electoral de medio término y ahora por la autorización para girar dividendos empresariales.
Tras la incertidumbre electoral, el equipo económico reintrodujo ciertas restricciones. Aunque inicialmente se esperaba una liberalización completa del mercado de cambios, se impusieron límites —por ejemplo, en operaciones cruzadas entre el dólar oficial y los mercados financieros—. A partir de ahora, sin embargo, las empresas podrán girar al exterior dividendos correspondientes al ejercicio 2025.
La autorización rige solo para utilidades originadas en balances cerrados en 2025; no alcanza a utilidades o deudas acumuladas de periodos anteriores (2019-2024).
Con esto se levanta una de las restricciones cambiarias más relevantes, aunque la medida puede incluir límites y estará sujeta a seguimiento por su efecto sobre las reservas. La liberación está orientada a dividendos de inversiones nuevas y busca normalizar el mercado tras años de controles, permitiendo la distribución de ganancias generadas desde 2025, pero con cautela frente a posibles salidas de dólares y presión sobre el tipo de cambio.
Es importante reiterar que la medida aplica únicamente a utilidades de ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2025, y que el acceso al mercado de cambios para girar dividendos a no residentes requiere balances auditados que acrediten esas ganancias.
En este contexto, la administración de Javier Milei emitió distintas series de Bopreal (Bonos para la Reconstrucción de la Argentina Libre) para atender obligaciones en divisas acumuladas por el estricto control de capitales heredado.
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Los Bopreal son pasivos remunerados en el balance del Banco Central con vencimientos de corto plazo, por lo que su cancelación —al igual que el giro de utilidades autorizado— puede presionar las reservas internacionales. Al cierre reciente las reservas brutas superaban los USD 41.000 millones, aunque en términos netos pueden resultar negativas al descontar pasivos y depósitos del sector privado. El stock de Bopreal sumaba USD 12.975 millones al 29 de diciembre.
Fuentes del Banco Central indicaron a Infobae en noviembre que los giros correspondientes a utilidades de 2025 podrían efectuarse durante 2026, probablemente a partir de la segunda mitad del año. “Una vez que las empresas cierren sus balances, que en general es a partir de junio, está liberada la posibilidad de girar al exterior. No hay ninguna implementación, en especial”, señalaron desde el BCRA.
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Durante la tensión cambiaria de octubre, el BCRA, bajo la presidencia de Santiago Bausili, aplicó controles sobre operaciones con el dólar oficial y sobre los mercados financieros MEP y Contado con Liquidación (CCL). Las medidas comenzaron focalizadas en funcionarios de entidades financieras y luego se extendieron a todo el mercado. La persistente brecha entre la cotización oficial y las financieras es, según las autoridades, una razón para mantener restricciones.
Después de las elecciones la demanda de pesos se recuperó con rapidez, lo que podría ayudar a absorber el exceso de liquidez y abrir la puerta a una flexibilización mayor del cepo en el transcurso del año. No obstante, buena parte de la cartera en pesos del sector privado está en instrumentos de corto plazo, de modo que la normalización dependerá tanto de factores domésticos como de la evolución del mercado.
La discusión sobre el futuro del cepo y de los controles cambiarios mantiene en alerta a empresas, inversores y analistas. Mientras el Gobierno aboga por la prudencia ante la brecha cambiaria y los riesgos sobre reservas, el sector privado espera definiciones claras sobre una apertura definitiva del mercado de cambios.
