Indonesia entró en vigor este viernes con un nuevo código penal que contempla penas de cárcel por mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, convivir sin estar casados y difundir información falsa.
La normativa introduce medidas de carácter conservador al tipificar como delitos actos como la promoción del ateísmo y la crítica al presidente o al vicepresidente, lo que ha provocado reproches de organizaciones de derechos humanos y especialistas.
Según la ley, mantener relaciones sexuales con una persona que no sea el cónyuge puede conllevar hasta un año de prisión, mientras que la convivencia fuera del matrimonio se sanciona con hasta seis meses.
Para que se abra un proceso penal es necesario que un familiar directo —padre, hijo o pareja legal— presente una denuncia, lo que excluye expresamente a turistas extranjeros de estas prohibiciones. Esta excepción es relevante en destinos como Bali, que recibió siete millones de viajeros internacionales en 2025.
El código prevé penas de hasta seis años de prisión para quienes difundan deliberadamente informaciones falsas que causen desorden social. Esta disposición otorga al gobierno capacidad para considerar desestabilizadoras a determinadas personas en periodos de tensión política o económica. Aunque la ley aclara que la crítica fundada por interés público no es delito, persiste la preocupación sobre su posible uso para limitar a la prensa independiente.
La incitación pública a la apostasía puede implicar hasta cuatro años de cárcel, especialmente si va acompañada de amenazas o violencia, y se establecen hasta tres años de prisión por “atacar el honor” del presidente o vicepresidente cuando exista una denuncia formal de la autoridad.
También se penaliza la promoción del comunismo y las declaraciones sobre poderes sobrenaturales usados para causar daño, con sanciones de hasta 18 meses de privación de libertad.
La aprobación parlamentaria de la reforma en diciembre de 2022 y su entrada en vigor ahora han reavivado el debate sobre la orientación política y social de Indonesia, la tercera mayor democracia mundial y el país con la mayor población musulmana. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han advertido que estas normas suponen un retroceso en derechos fundamentales y en el espacio para las libertades civiles.
En respuesta a las críticas, el ministro de Interior y Justicia, Yusril Ihza Mahendra, afirmó que la normativa contempla alternativas a la prisión, como el servicio comunitario, y pone énfasis en la rehabilitación médica y social de personas con consumo de drogas para aliviar la presión sobre las cárceles. Sobre delitos de carácter privado, como el sexo extramarital, destacó la exigencia de denuncia familiar para minimizar la intervención estatal en la vida personal.
Desde su independencia en 1945, Indonesia se identifica con la ideología Pancasila, que defiende la pluralidad y el carácter secular del Estado. No obstante, el auge de la religiosidad y de movimientos islamistas genera inquietud en la sociedad civil, que interpreta la reforma penal como un retorno a restricciones asociadas con periodos autoritarios previos a la democracia actual.
El turismo sigue siendo un motor económico clave para regiones como Bali, y la exclusión de extranjeros de los delitos relacionados con la convivencia y el sexo fuera del matrimonio se entiende como un intento de proteger esa fuente de ingresos.
En este contexto, expertos como Abdul Fikar Hadjar, profesor de Derecho Penal en la Universidad Trisakti, subrayan la importancia de la vigilancia ciudadana y del uso de mecanismos legales, como el Tribunal Constitucional, para proteger los derechos fundamentales frente a posibles abusos del poder estatal.
