Directores de bancos centrales de todo el mundo emitieron un comunicado en apoyo a Jerome “Jay” Powell, presidente de la Reserva Federal, que afirma estar siendo objeto de acciones por parte de la administración Trump en represalia por no reducir las tasas de interés con mayor celeridad. The Economist ha obtenido un memorando privado que esos banqueros centrales enviaron a sus respectivos gobiernos.
Estimado/a Primer Ministro/Presidente: comprendemos que le pueda resultar llamativo que tecnócratas se pronuncien de esta manera, pero la defensa de Powell pone de manifiesto los riesgos de someter a los bancos centrales a presiones políticas. Este caso ilustra las consecuencias negativas que pueden derivarse de intentar doblegar la independencia monetaria.
En perspectiva histórica, aunque la inflación fue elevada en 2022 y 2023, en las décadas de 1970 y 1980 la tasa anual promedio mundial fue del 7–8%. Algunos atribuyen la caída posterior a factores globales como la globalización más que a una gestión deliberada. Desde que la Reserva Federal fijó su objetivo de inflación en 2% en 2012, la inflación media anual se ha situado cerca del 2,3%; en países donde se intentó subordinar la política monetaria al poder ejecutivo, como Turquía, la inflación fue sustancialmente más alta. La independencia de los bancos centrales ha sido un factor importante en la estabilidad de precios.
Si la inflación vuelve a dispararse, los votantes pueden castigar a los gobiernos, ya que los precios elevados suelen perjudicar el apoyo electoral. La estrategia de Powell parece haber obtenido respaldo público y político: la Casa Blanca negó conocimiento de la investigación y algunos senadores republicanos han amenazado con retrasar nominaciones en la Fed. Es comprensible que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, esté preocupado por las implicaciones políticas y económicas.
Los mercados de bonos también muestran apoyo a la independencia monetaria. Si las medidas contra los bancos centrales lograran sus objetivos, el costo de la deuda pública aumentaría y las monedas podrían debilitarse, obligando a los gobiernos a elegir entre tolerar la inflación o aplicar medidas de austeridad. El caso de Japón evidencia cómo las reacciones políticas y las condiciones de mercado pueden cambiar cuando los responsables públicos modifican su discurso al asumir el cargo.
La credibilidad del banco central es fundamental. Cuando el mercado de bonos británico se tensionó durante el episodio asociado a Liz Truss, el Banco de Inglaterra solo pudo intervenir con eficacia porque quedó claro que no estaba monetizando deuda. Si se difuminan los límites entre política fiscal y monetaria, el rol del prestamista de última instancia queda cuestionado, lo que aumentaría la inestabilidad financiera y la volatilidad económica.
Reconocemos errores: varias rondas de flexibilización cuantitativa no cumplieron plenamente sus objetivos y hubo falta de rendición de cuentas pública; también podría haberse hecho más para compensar la expansión fiscal tras la pandemia. No obstante, las autoridades monetarias han corregido en gran medida los desequilibrios y han implementado medidas para contener el sobrecalentamiento crediticio y la subida de precios en el mercado hipotecario. Medidas alternativas como controles de precios o la subordinación rígida de la política monetaria al Ejecutivo suelen acarrear resultados problemáticos.
Asimismo, aceptamos que las instituciones pueden concentrar demasiado poder y que propuestas como la revisión pública de la flexibilización cuantitativa, planteada por el señor Bessent, merecen ser consideradas. No toda exigencia de responsabilidad es inadecuada. Pero los gobiernos deberían valorar los logros de las últimas décadas antes de impulsar cambios drásticos en el marco macroeconómico, pues podría agravarse la inestabilidad y reducirse el crecimiento.
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