El régimen iraní endureció este lunes su respuesta ante la ola de protestas que sacude al país y advirtió que aplicará “castigos decisivos” a quienes considere responsables de los llamados “incidentes terroristas”.
En una declaración conjunta, el presidente Masoud Pezeshkian, el presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf y el jefe del Poder Judicial Gholamhossein Mohseni Ejei prometieron mano dura contra los organizadores de las movilizaciones, en un intento por frenar el mayor desafío popular que enfrenta la teocracia en décadas.
En paralelo, el jefe nacional de la policía, Ahmad-Reza Radan, lanzó un ultimátum a quienes participaron en las manifestaciones, que el régimen califica de “disturbios”.
Radan amenazó con la aplicación “de todo el peso de la ley” si los jóvenes movilizados no se entregan a las autoridades en un plazo de tres días. Afirmó que quienes se involucraron de manera involuntaria recibirán clemencia, pero advirtió que la represión será implacable contra los que consideran instigadores.
El trasfondo de estas amenazas es una represión que organizaciones internacionales describen como brutal y con un elevado número de víctimas. Iran Human Rights documentó al menos 3.428 muertes a manos de las fuerzas de seguridad, aunque advierte que la cifra real podría ser mayor debido al apagón de internet impuesto por las autoridades, que dificulta la verificación independiente. Las estimaciones sobre detenciones varían: funcionarios iraníes reconocen 3.000 arrestos, mientras que ONG sospechan que el número podría superar los 20.000.
El régimen justifica la violencia acusando a “enemigos externos”, principalmente Estados Unidos e Israel, de promover la “sedición” y buscar la desestabilización de Irán. El ayatolá Alí Khamenei dijo que “hay que romper la espalda de los sediciosos”, en un llamado a aplastar la oposición. La represión ha incluido además la aplicación sistemática de la pena de muerte: la ONU denunció que Irán ejecutó a 1.500 personas el año pasado y advirtió que la ejecución se ha convertido en un instrumento de intimidación masiva.
Mientras se multiplican los informes sobre ejecuciones y desapariciones forzadas, el régimen busca dar señales de control. Las autoridades prometen “trabajar sin descanso” para resolver los problemas económicos que alimentaron las protestas, pero insisten en que no habrá tolerancia con quienes desafíen el orden impuesto. El apagón de internet, que ya supera los diez días, ha servido para aislar a la sociedad iraní y dificultar la difusión de información sobre la magnitud de la represión.
Las imágenes de la represión recorren el mundo. En ciudades como Teherán y Mashhad se observa destrucción de infraestructura pública y las autoridades locales calculan pérdidas por millones de dólares. Pese a la censura, la indignación ciudadana persiste y los manifestantes exigen el fin de la violencia y la apertura de un proceso democrático.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, en su primera intervención sobre la crisis, calificó la situación en Irán como “una nueva prueba” y pidió evitar iniciativas que puedan arrastrar a la región al caos. Erdogan abogó por el diálogo y la diplomacia como salida a la crisis.
Sin embargo, el régimen se mantiene firme en su estrategia de represión y amenaza con castigos ejemplares a quienes sigan movilizándose por sus derechos. Mientras tanto, la sociedad iraní enfrenta una de las etapas más violentas y oscuras de su historia reciente, bajo la mirada atenta —y en ocasiones impotente— de la comunidad internacional.
(Con información de AFP)
