Con el presidente Javier Milei en Davos para participar del Foro Económico Mundial, el Gobierno sigue negociando para conseguir los votos necesarios para aprobar la reforma laboral y, al mismo tiempo, intenta mantener sin cambios el artículo sobre el impuesto a las ganancias que varias provincias consideran perjudicial para sus finanzas.
Al tratarse de un tributo coparticipable, los gobernadores advierten que una reducción de las alícuotas que pagan las empresas afectaría sus ingresos y por eso solicitan revisar la medida o establecer algún tipo de compensación por la pérdida de recursos.
Ese reclamo —por ejemplo— fue planteado por el gobernador mendocino Alfredo Cornejo al ministro del Interior, Diego Santilli, durante la reunión que mantuvieron la semana pasada para analizar las iniciativas que se discutirán en las sesiones extraordinarias de febrero.
Santilli retomó una gira por el interior del país para reunirse con distintos mandatarios —algunos más afines al gobierno y otros críticos— en la antesala de los debates parlamentarios.
El conflicto se originó porque el proyecto enviado al Senado modifica la escala del impuesto a las ganancias para sociedades: propone bajar la alícuota del Tramo 2 de 30% a 27% y la del Tramo 3 de 35% a 31,5%.
Una fuente vinculada a las negociaciones explicó a este medio que hay un bloque de aliados que apoya la reforma pero se niega a votar medidas que impliquen un costo fiscal para sus provincias, mientras que otro grupo, en su mayoría peronista, pide atenuar el impacto y aplicar los cambios en dos años en lugar de uno.
Según el dictamen de mayoría que obtuvo el texto antes del cierre de 2025, la reducción de impuestos incluida no se aplicaría automáticamente con la sanción de la ley, sino cuando lo determine el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo.
La postura más rotunda proviene de representantes de Provincias Unidas —Córdoba, Santa Fe, Chubut y Jujuy—, que son los más firmes en el rechazo por el efecto fiscal; la solicitud de escalonar el cambio responde a otros gobernadores vinculados al peronismo.
En general, los mandatarios plantean que “ya aportaron demasiado en estos tres años” de gestión de Milei y subrayan la necesidad de alguna medida compensatoria, en un contexto de caída de la coparticipación y de la recaudación en términos generales.
Este miércoles, Santilli continuará su recorrida: visitará Neuquén para reunirse con Rolando Figueroa y luego irá a Entre Ríos para un encuentro con Rogelio Frigerio, dirigente que apoya la baja de impuestos.
“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, afirmó el ministro tras un encuentro con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.
Fuentes cercanas al funcionario destacaron que la conversación con Sáenz, que tiene influencia en ambas cámaras, fue “muy positiva”.
Desde la Casa Rosada señalaron que Sáenz se manifestó públicamente a favor de acompañar la ley de modernización laboral a través de un comunicado en sus redes sociales.
Con ese pronunciamiento, ya suman cuatro gobernadores dispuestos a apoyar el tratamiento de la ley, lo que constituye un respaldo político significativo para avanzar con la iniciativa, según voceros oficiales.
No obstante, pese a que dicen que se escucharán “todas las voces” en los próximos días para buscar el mayor consenso posible antes de la votación, por ahora no hay intención de modificar el artículo referido a las ganancias.
“No se está hablando sobre eso”, afirmó uno de los participantes de las negociaciones que ya comenzaron en el Senado, donde se inauguró esta semana una comisión técnica encabezada por la abogada Josefina Tajes.
Ese grupo fue impulsado por la jefatura del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien había señalado que el Gobierno estaba dispuesto a considerar diversas opiniones antes del tratamiento de la reforma.
Una fuente del Ministerio del Interior resumió que Santilli inició conversaciones con gobernadores, diputados, senadores y con los más de 2.000 pedidos de audiencia que hay en el Senado, y que ahora es tiempo de encuentros y diálogo con todos los dirigentes.
En paralelo, el sindicalismo volvió a cuestionar la iniciativa: aunque la CGT no avala la medida, el titular de la UOM, Abel Furlán, convocó a varios gremios para este miércoles con el objetivo de definir un paro con movilización contra la ley propuesta por el oficialismo; esa convocatoria no cuenta con el respaldo de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT).
