La Comisión Europea propuso este martes prohibir las exportaciones a Irán de componentes que puedan emplearse en la fabricación de drones y misiles, y confirmó que prepara nuevas sanciones contra Teherán por la represión de las protestas que sacuden al país.
El anuncio lo realizó la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, durante un debate en el Parlamento Europeo en Estrasburgo sobre la situación de los derechos humanos en Irán. Kallas calificó la actuación de las autoridades iraníes como una “brutal represión” y mostró el apoyo de la UE a las reivindicaciones del pueblo iraní.
Según Kallas, las nuevas restricciones buscan limitar el acceso de Irán a tecnologías y componentes clave que pueden ser utilizados en drones y misiles. Señaló que estas capacidades han sido empleadas por Teherán para respaldar militarmente a Rusia en su guerra contra Ucrania, lo que ha reforzado la determinación europea de endurecer las medidas.
La propuesta forma parte de una estrategia más amplia que combina sanciones por violaciones de derechos humanos, por actividades relacionadas con la proliferación nuclear y por el suministro de armamento a Moscú. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, la UE ha destacado el uso de drones iraníes en ataques contra infraestructuras ucranianas, lo que ya motivó sanciones anteriores.
Kallas recordó que la Unión ya ha impuesto restricciones a personas y entidades iraníes responsables de la represión interna y a actores vinculados a los programas de drones y misiles. Entre las medidas aplicadas figuran congelaciones de activos, prohibiciones de viaje y limitaciones comerciales en sectores sensibles.
Paralelamente, la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior continúan evaluando nuevas opciones. Kallas indicó que se examina “activamente” qué otras medidas pueden adoptarse para responder a la actuación de las fuerzas de seguridad iraníes, que han recurrido a detenciones masivas, uso de la fuerza y restricciones a las comunicaciones.
Las protestas en Irán, motivadas por descontento social y político, han reavivado las críticas internacionales sobre el historial de derechos humanos del país. Organizaciones y gobiernos occidentales denuncian ejecuciones, juicios sin garantías y la persecución de activistas, periodistas y defensores de derechos civiles. Según las autoridades iraníes, más de 5.000 personas han muerto durante las manifestaciones.
En el plano institucional, la Comisión lleva días negociando con los 27 Estados miembros un nuevo paquete de sanciones. Las conversaciones se desarrollan a nivel de embajadores con el fin de alcanzar un consenso que permita su aprobación formal en el Consejo de Asuntos Exteriores.
La fecha prevista es el 29 de enero, cuando los ministros de Exteriores de la UE se reunirán para decidir sobre la aprobación final. Como en otras ocasiones, la política de sanciones requiere unanimidad entre los Estados miembros, un requisito que a veces ralentiza o modera el alcance de las medidas.
Más allá del efecto inmediato, el endurecimiento de la posición europea refleja una convergencia entre la agenda de derechos humanos y la dimensión geopolítica del conflicto en Ucrania. Para Bruselas, limitar la capacidad industrial y militar de Irán es clave tanto para presionar al régimen internamente como para reducir su proyección militar externa.
La evolución de las protestas en Irán y la capacidad de la UE para mantener la cohesión entre sus Estados miembros serán determinantes para el alcance final de las sanciones. En un contexto de tensiones regionales y guerra en Europa del Este, Bruselas busca enviar una señal política clara: la represión interna y la implicación militar indirecta en conflictos internacionales tendrán un coste creciente para Teherán.
