La política exterior y migratoria de Donald Trump no puede explicarse como un desvío personal ni como una excentricidad individual. No inventó el intervencionismo, la persecución selectiva ni la lógica imperial de Estados Unidos; las manifestó con mayor crudeza y sin eufemismos.
La injerencia en Venezuela no es un hecho aislado ni una reacción coyuntural. Forma parte de una larga trayectoria de acciones que han vulnerado el derecho internacional y que, bajo distintos gobiernos, se han justificado en nombre de la “democracia” o la “seguridad”. Hoy esa retórica funciona como una expresión directa del uso del poder.
En materia migratoria no se trata de una novedad. La criminalización de las personas migrantes, las deportaciones masivas y el uso del miedo como instrumento político han sido políticas de Estado durante años. Trump no las creó: las intensificó y las expresó públicamente sin reservas.
Las referencias a la anexión de Groenlandia o a la expansión territorial hacia Canadá no deben interprestarse simplemente como comentarios frívolos. Revelan una concepción colonial persistente según la cual ciertos territorios y poblaciones pueden subordinarse a intereses estratégicos ajenos.
El problema de fondo no es solo el estilo personal de Trump, sino el sistema que lo produjo y que puede continuar operando después de su salida. Concentrar el debate en su figura tiende a ocultar la continuidad de un modelo que afecta sobranías, derechos humanos y principios básicos del derecho internacional.
Debe rechazarse toda forma de intervención, persecución o dominación que se disfrace de orden, seguridad o democracia. Criticar a Trump sin cuestionar el sistema que lo sostiene equivale a una forma de complicidad.
La discusión esencial no es quién gobierna Estados Unidos, sino qué modelo de poder se aplica y se impone en el mundo.
