22 de enero de 2026
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Irán admite más de 3.100 muertos en protestas; activistas aseguran cifra mayor

El régimen iraní reconoció este miércoles que, al menos, 3.117 personas fallecieron durante las protestas iniciadas a finales de diciembre, aunque activistas y organizaciones de derechos humanos sostienen que la cifra real podría ser considerablemente mayor.

El dato fue comunicado por la Fundación de Veteranos y Mártires y difundido por la televisión estatal; es la primera cifra oficial sobre la magnitud de la violencia, pero observadores independientes han cuestionado su veracidad.

Las movilizaciones comenzaron por el descontento económico y el aumento del costo de vida, y derivaron en una ola nacional de huelgas y manifestaciones que planteó un desafío directo al liderazgo instaurado tras la revolución de 1979.

Ali Akbar Pourjamshidian, secretario del Consejo de Seguridad Nacional, indicó que 2.427 de los fallecidos son considerados “mártires”, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, y que otros 690 fueron catalogados oficialmente como “terroristas, alborotadores y atacantes de instalaciones militares”.

Organizaciones independientes recuerdan que el régimen tiene un historial de minimizar el impacto de la represión. Mahmood Amiry-Moghaddam, director de Iran Human Rights (IHR), advirtió que las pruebas disponibles apuntan a un número de muertos mucho mayor que el reconocido oficialmente.

Amiry-Moghaddam afirmó que, siguiendo patrones observados en otras prácticas del régimen, el balance real de víctimas podría situarse muy por encima de las cifras oficiales e incluso alcanzar o superar las 25.000 personas.

Según este y otros colectivos, la evidencia reunida indica responsabilidad estatal: describen ataques contra manifestantes con munición real por parte de fuerzas de seguridad y aliados, incluyendo el uso de armas pesadas desde posiciones elevadas.

La Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, elevó el número de fallecidos verificados a 4.560, aunque reconoció las limitaciones para confirmar casos debido al estricto control informativo y las dificultades para recopilar datos en el terreno.

El régimen ha defendido la actuación de sus fuerzas, atribuyendo los disturbios a “elementos terroristas” y a la injerencia de Estados Unidos e Israel. Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado el uso de munición real, disparos dirigidos a los ojos de manifestantes y represión específica contra mujeres y menores. El grupo Hengaw, desde Noruega, registró al menos 42 mujeres muertas por acciones estatales.

La falta de acceso a información independiente es un obstáculo central para determinar el alcance de la represión. Netblocks documentó más de 300 horas de apagón total de internet y telefonía desde el 8 de enero, lo que ha limitado la comunicación y la verificación de hechos. Videos difundidos fuera de Irán muestran morgues saturadas, cuerpos con heridas de bala y familiares intentando identificar a los fallecidos en condiciones caóticas.

Frente a las protestas, el gobierno desplegó fuerzas policiales y militares en las principales ciudades, cortó comunicaciones y emprendió acciones directas contra los manifestantes, en un intento de restablecer el orden y contener las movilizaciones.

Amiry-Moghaddam subrayó que “el mundo está observando” y reclamó a la comunidad internacional la implementación de mecanismos para proteger a la población civil iraní y sancionar a los responsables de la represión.

En paralelo, las tensiones entre Irán y Estados Unidos se intensificaron: el canciller iraní Abbas Araqchi advirtió en The Wall Street Journal que “si Irán es atacado, responderá con toda su fuerza”, mientras que el entonces presidente Donald Trump afirmó que cualquier agresión iraní recibiría una respuesta “fulminante”.

Las autoridades insisten en que los disturbios fueron instigados por “enemigos externos” y buscan cerrar el episodio; por su parte, la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos reclaman investigaciones independientes y que la violencia estatal no quede impune. El verdadero costo humano de la represión podría tardar semanas o meses en conocerse con claridad, pero ya supera otros episodios de las últimas décadas.

(Con información de AFP y EFE)

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