El régimen iraní reconoció este miércoles que al menos 3.117 personas murieron durante las protestas iniciadas a finales de diciembre, aunque activistas y organizaciones de derechos humanos advierten que la cifra real podría ser mucho mayor.
El anuncio, difundido por la Fundación de Veteranos y Mártires en la televisión estatal, supone el primer reconocimiento oficial de la magnitud de la violencia, si bien observadores independientes han puesto en duda los datos proporcionados por las autoridades.
Las movilizaciones, que empezaron por el descontento económico, se convirtieron en una ola nacional de huelgas y manifestaciones que desafió abiertamente al liderazgo clerical establecido tras la revolución de 1979.
Según Ali Akbar Pourjamshidian, secretario del Consejo de Seguridad Nacional, 2.427 de los muertos son considerados “mártires”, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, y 690 han sido clasificados oficialmente como “terroristas, alborotadores y atacantes de instalaciones militares”.
Fuentes independientes señalan que el régimen tiene un historial de minimizar el alcance de la represión. Mahmood Amiry-Moghaddam, director de Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, afirmó que “todas las pruebas disponibles indican que el número real de muertos es mucho más alto”.
Amiry-Moghaddam advirtió que, aplicando patrones de ocultamiento observados en otros casos como las ejecuciones, el total de fallecidos podría alcanzar o incluso superar las 25.000 personas.
Según sus declaraciones, la evidencia apunta a la responsabilidad estatal: manifestantes fueron atacados con fuego real por parte de las fuerzas de seguridad y sus aliados, incluido el uso de ametralladoras pesadas.
La agencia Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, elevó el recuento de muertes verificadas a 4.560, aunque reconoció que la cifra podría ser mucho mayor debido a las dificultades para recopilar información en un contexto de apagón de internet.
El gobierno defiende la actuación de las fuerzas de seguridad y sostiene que los disturbios fueron provocados por “elementos terroristas” con apoyo de Estados Unidos e Israel. Organizaciones como Amnistía Internacional, sin embargo, han documentado el uso deliberado de munición real, disparos dirigidos a los ojos de manifestantes desde tejados y posiciones elevadas, y represión contra mujeres y menores. El grupo Hengaw, también con sede en Noruega, informó de al menos 42 mujeres muertas por acciones estatales.
La falta de acceso a información independiente sigue siendo un obstáculo principal para conocer el alcance de la represión. El monitor Netblocks documentó más de 300 horas de apagón total de internet y telefonía desde el 8 de enero, lo que dificulta la comunicación y la verificación de datos. Videos que han salido del país muestran morgues saturadas, cuerpos con heridas de bala y familiares intentando identificar a los fallecidos en condiciones caóticas.
Las protestas, originadas por el aumento del costo de vida y una crisis económica agravada por sanciones internacionales, rápidamente se transformaron en un desafío directo al liderazgo clerical. La respuesta del Estado incluyó el despliegue de fuerzas policiales y militares en las principales ciudades, cortes de comunicación y ataques directos contra manifestantes.
“El mundo está observando”, dijo Amiry-Moghaddam, y pidió a la comunidad internacional que adopte mecanismos para proteger a la población civil iraní y sancionar a los responsables de la represión.
En paralelo, las tensiones con Estados Unidos se intensificaron. El canciller iraní, Abbas Araqchi, advirtió en un artículo en The Wall Street Journal que “si Irán es atacado, responderá con toda su fuerza”, mientras que el presidente Donald Trump afirmó que cualquier agresión iraní recibiría una respuesta “fulminante”.
Mientras las autoridades intentan cerrar el capítulo de las protestas y responsabilizan a “enemigos externos”, la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos insisten en que la violencia estatal no puede quedar impune. El verdadero costo humano de la represión podría tardar semanas o meses en conocerse con precisión, pero ya supera episodios similares de las últimas décadas.
(Con información de AFP y EFE)
