El régimen iraní reconoció este miércoles que al menos 3.117 personas murieron durante las protestas que comenzaron a finales de diciembre, aunque activistas y organizaciones de derechos humanos advierten que la cifra real podría ser considerablemente mayor.
El anuncio fue divulgado por la Fundación de Veteranos y Mártires y difundido por la televisión estatal; supone el primer reconocimiento oficial de la magnitud de la violencia, pero observadores independientes han puesto en duda los datos.
El movimiento, que nació por descontento económico, derivó en una ola de huelgas y manifestaciones a nivel nacional que desafió al liderazgo clerical instaurado tras la revolución de 1979.
Según Ali Akbar Pourjamshidian, secretario del Consejo de Seguridad Nacional, 2.427 de los fallecidos son considerados “mártires”, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, y otros 690 habrían sido clasificados, en la versión oficial, como “terroristas, alborotadores y atacantes de instalaciones militares”.
Fuentes independientes subrayan que el régimen tiene un historial de minimizar el impacto de la represión. Mahmood Amiry-Moghaddam, director de Iran Human Rights (IHR), dijo que “todas las pruebas disponibles apuntan a que el verdadero número de muertos durante las protestas es mucho más alto”.
Amiry-Moghaddam añadió que, si se aplicara el mismo patrón de ocultación observado en otros casos como las ejecuciones, el balance podría alcanzar o incluso superar las 25.000 víctimas fatales.
El director de IHR afirmó que las evidencias señalan consistentemente la responsabilidad estatal: los manifestantes habrían sido atacados con fuego real por parte de las fuerzas de seguridad y sus aliados, incluyendo el uso de ametralladoras pesadas.
La Human Rights Activists News Agency (HRANA) elevó el número de muertos verificados a 4.560, aunque reconoció que la cifra podría ser mayor debido a las dificultades para recopilar información en un país afectado por un apagón de internet.
El régimen ha justificado la actuación de las fuerzas de seguridad alegando que los disturbios fueron provocados por “elementos terroristas” apoyados por Estados Unidos e Israel. Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado uso deliberado de munición real, disparos dirigidos a los ojos desde tejados y posiciones elevadas, y represión contra mujeres y menores. El grupo Hengaw informó de al menos 42 mujeres fallecidas por acciones de las fuerzas estatales.
La falta de acceso a fuentes independientes es un obstáculo importante para determinar el alcance real de la represión. Netblocks registró más de 300 horas de apagón total de internet y telefonía desde el 8 de enero, lo que dificulta la comunicación dentro y fuera del país. Videos que han salido de Irán muestran morgues saturadas, cuerpos con heridas de bala y familiares intentando identificar a los muertos en condiciones caóticas.
Las protestas, originadas por el aumento del coste de la vida y una crisis económica agravada por sanciones internacionales, se convirtieron en un desafío directo al liderazgo clerical. La respuesta oficial incluyó el despliegue de fuerzas policiales y militares en las principales ciudades, cortes de comunicaciones y maniobras represivas contra manifestantes.
“El mundo está observando”, afirmó Mahmood Amiry-Moghaddam, que solicitó a la comunidad internacional la creación de mecanismos para proteger a la población civil iraní y sancionar a los responsables de la represión.
Paralelamente, las tensiones con Estados Unidos se han intensificado. El canciller Abbas Araqchi advirtió en The Wall Street Journal que “si Irán es atacado, responderá con toda su fuerza”, mientras el entonces presidente Donald Trump aseguró que cualquier agresión iraní recibiría una respuesta “fulminante”.
Mientras las autoridades intentan cerrar el capítulo de las protestas y culpan a “enemigos externos”, la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos insisten en que la violencia estatal no debe quedar impune. El verdadero coste humano de la represión podría conocerse con mayor precisión en semanas o meses, pero ya supera episodios similares recientes en el país.
(Con información de AFP y EFE)
