La investigacion sobre una presunta red de corrupcion en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) senala que exfuncionarios y empresarios habrian desviado mas de 48.783 millones de pesos mediante direccionamiento de compras y pagos irregulares. El fiscal Franco Picardi inicio indagatorias que se concretan esta semana: esta citada la comparecencia de Miguel Angel Calvete ante el juez Sebastian Casanello, y en la jornada siguiente esta previsto el llamamiento del ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo.
La causa, con quince imputados en esta primera etapa, describe una estructura que, segun la fiscalia, opero durante casi dos anos para manipular la adquisicion de medicamentos e insumos de alto costo, provocando sobreprecios y limitando la competencia en los procesos de compra.
El dictamen de Picardi califica el accionar como una “organizacion delictiva” dedicada al direccionamiento de compras y la obtencion de sobreprecios desde el interior de ANDIS. En ese marco, se senala que Calvete mantenia comunicacion directa con Spagnuolo y Daniel Garbellini, consultandolos sobre pagos irregulares que debian gestionarse desde la agencia, y que actuaba como articulador a traves de operadores internos para conseguir adjudicaciones millonarias y coordinar desembolsos hacia otras empresas del sector.
Un detenido en Mendoza
En el avance del proceso fue detenido Pablo Atchabahian, empresario y exfuncionario, quien cumple arresto domiciliario en un country de Las Heras, Mendoza, tras haber permanecido fuera del alcance judicial durante algunas semanas. El juez Sebastian Casanello justifico la medida al considerar que Atchabahian conocia la existencia de la investigacion y contaba con medios para eludirla. Los defensores pidieron sin exito el levantamiento de la prision domiciliaria, alegando que su cliente no habia sido citado formalmente con anterioridad.
La fiscalia sostiene que la estructura ilicita causo perjuicio a la administracion publica y afecto especialmente a beneficiarios del Programa Incluir Salud, que ampara a personas con pensiones no contributivas y sin otra cobertura medica. Segun el dictamen, el objetivo de la organizacion habria sido cometer delitos contra la administracion publica y obtener ganancias indebidas mediante maniobras fraudulentas y dadivas a funcionarios.
Transacciones bajo sospecha
Entre las pruebas reunidas figuran movimientos financieros -entregas de efectivo, transferencias y emision de cheques- entre droguerias y empresas proveedoras, que la fiscalia interpreta como intentos de blanquear fondos. Tambien se detecto la manipulacion de mecanismos de compulsa de precios para restringir la participacion de oferentes y conformar un circuito cerrado de proveedores predeterminados, principalmente Profarma, Genesis, New Farma y Floresta, con vinculos directos o indirectos con funcionarios y operadores de la agencia.
Ese esquema permitio concentrar las adjudicaciones en un grupo reducido de oferentes, excluyendo competidores y repitiendo la asignacion de procesos a las mismas empresas mediante licitaciones restringidas a tres o cuatro droguerias. Posteriormente, las firmas favorecidas aumentaron sostenidamente los precios de los medicamentos. Picardi cuantifico el total involucrado en 48.783.043.406,77 pesos.
El desglose de adjudicaciones bajo sospecha indica que Genesis y Profarma concentraron el 93,11% de los 30.337.220.919,77 pesos adjudicados entre julio de 2024 y agosto de 2025 en licitaciones reducidas. New Farma y Floresta obtuvieron el 51,67% de los 13.328.004.541 pesos adjudicados en 2025 (hasta agosto) y el 50,36% de los 5.117.817.946 pesos asignados entre septiembre y diciembre de 2024 en el rubro de implantes cocleares, audifonos e insumos relacionados.
En la causa, Calvete aparece vinculado a droguerias y proveedores como INDECOMM, Profusion y Profarma. La fiscalia describe reuniones entre Calvete, Spagnuolo y Garbellini en domicilios y locales de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, y lo presenta como un operador capaz de gestionar adjudicaciones para sus empresas y coordinar pagos irregulares a funcionarios. Junto a Atchabahian, habria actuado como operador externo compartiendo informacion sobre pagos y decisiones relacionadas con prestaciones PACBI.
En los allanamientos a la vivienda de Calvete se secuestraron cuadernos manuscritos con registros de fechas, empresas, contactos y porcentajes, ademas de anotaciones con nombres de firmas (entre ellas INDECOMM y Profarma) y planillas que detallan movimientos de dinero entre companias vinculadas a prestaciones PACBI. Uno de los cuadernos contiene planillas con empresas como Expotrauma, Artrobone e IMNOVA, con datos de beneficiarios y montos agrupados por costos, diferencias y distribuciones de ganancias.
La fiscalia tambien investiga un posible vinculo con la drogueria Suizo-Argentina, cuyos responsables no fueron citados entre la primera tanda de quince indagatorias.
Ademas de las citaciones a Calvete y Spagnuolo, el cronograma de indagatorias incluye a Daniel Maria Garbellini, Eduardo Nelio Gonzalez, Lorena Di Giorno, Roger Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Munoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemi Lozano, Andres Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gaston Fuentes Acosta.
