Brasil corre el riesgo de perder la oportunidad de convertirse en un referente tecnológico para la construcción de nuevos centros de datos. Aunque el país dispone de abundantes energías renovables y se ha planteado como un hub internacional del sector, la burocracia está frenando ese avance.
Hasta ahora ninguna empresa ha accedido a los incentivos anunciados por el gobierno de Lula, que exigían destinar el 2% de las inversiones a investigación y al menos el 10% de los servicios al mercado interno. A cambio, el Ejecutivo renunciaría a recaudar impuestos por 7.500 millones de reales (1.410 millones de dólares) en los próximos tres años. El problema es que la medida provisional incluida en el plan Redata en septiembre vence en febrero y el Gobierno no ha publicado la reglamentación necesaria para su aplicación.
Inversiones millonarias en riesgo
La Asociación Brasileña de Empresas de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Brasscom) estima entre 10.000 y 20.000 millones de dólares en inversiones en el sector para este año, pero la falta de claridad administrativa podría dejar fuera a empresas brasileñas de esta carrera tecnológica.
El Ejecutivo pretendía incorporar la medida al proyecto de ley sobre inteligencia artificial, cuyo relator es el diputado Aguinaldo Ribeiro (Progressistas). Sin embargo, ese proyecto también está estancado. “Nos enfrentamos a incertidumbre jurídica y fiscal y no sabemos qué escenario se aprobará respecto a Redata y la ley de inteligencia artificial”, dijo al diario O Globo Renan Lima, presidente de la Asociación Brasileña de Centros de Datos (ABDC).
Según datos de la ABDC de 2025, Brasil cuenta con 162 centros de datos, mayoritariamente en el sudeste. Por los retrasos burocráticos, ese número podría crecer poco en los próximos meses, afectando especialmente a empresas medianas; los grandes operadores, en cambio, siguen considerando a Brasil como un destino estratégico.
ByteDance apuesta fuerte por Ceará
Un ejemplo es la inversión de ByteDance, propietaria de TikTok, en un megadata center cerca del puerto de Pecém, en Ceará. Será la mayor instalación de un solo cliente en Brasil y la primera orientada a la exportación, pues procesará datos de usuarios internacionales. Las obras comenzaron a inicios de este mes. El complejo, con capacidad inicial de 200 MW, prevé cinco centros de datos y una inversión superior a 580.000 millones de reales (unos 109.050 millones de dólares), según el Ministerio de Desarrollo e Industria. La primera fase está prevista para septiembre de 2027.
Los retrasos en los beneficios fiscales no han impedido que ByteDance ubique el proyecto dentro de la Zona de Procesamiento de Exportaciones (ZPE) de Ceará, que ya ofrece incentivos fiscales y aduaneros. El plan incluye también la construcción de un parque eólico y una red de transmisión de alta tensión para el suministro energético.
Preocupaciones ambientales y sociales
La obra recibió una licencia ambiental preliminar de Ceará por considerarse de bajo impacto, pero en noviembre de 2025 el Ministerio Público Federal pidió una pericia para determinar si se requiere un estudio de impacto ambiental más exhaustivo. La pericia ya se concluyó, aunque sus resultados no se han hecho públicos.
Comunidades locales, grupos indígenas y ambientalistas han expresado inquietudes, pues el proyecto se autorizó con un “estudio ambiental simplificado”, similar al exigido para obras de menor envergadura, según el portal G1. También generan preocupación el consumo y el origen del agua que usará la instalación, y el posible agravamiento del estado de la Lagoa do Cauípe, la principal reserva hídrica regional, que ha sufrido episodios de sequía en 16 de los últimos 21 años.
Ceará: el nuevo hub tecnológico de Brasil
Con 13 centros de datos, Ceará es la tercera región de Brasil por número de instalaciones, tras São Paulo y Río de Janeiro. Sus centros cuentan con infraestructura avanzada y certificación TIER III, que garantiza un alto nivel de fiabilidad. El estado es también el segundo en las Américas por número de cables submarinos —16 pasan por su litoral—, lo que suscita temores sobre sabotaje o espionaje, dado que esos cables transportan datos internacionales.
Ceará busca además posicionarse como hub para la minería de bitcoin, apoyado en la Digital Belt, una red de fibra óptica de más de 6.000 kilómetros en el estado. Cinco de los doce pares de fibra están sin uso y tres podrían activarse para atender centros de datos en zonas rurales. Tether es una de las empresas que ha expresado interés en minar bitcoin en Brasil usando energías renovables.
En inteligencia artificial, el plan anunciado por Lula en 2024 para instalar uno de los cinco superordenadores más potentes del mundo y destinar unos 23.000 millones de reales (4.324 millones de dólares) en cuatro años avanza con lentitud. El sector necesita rapidez para mantener competitividad, y además aún falta una ley sobre inteligencia artificial y soberanía digital.
Regulación de las Big Tech: acciones puntuales sin visión integral
La regulación de las grandes plataformas en Brasil tiende a ser puntual y carece de una estrategia integral. Recientemente, la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon), la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) y la Fiscalía General solicitaron a la empresa que controla X que impida el uso indebido de Grok para crear contenidos sexualizados ilegales. Les pidieron, en 30 días, procedimientos para identificarlos y retirarlos, la suspensión de cuentas implicadas y mecanismos efectivos de denuncia y protección de datos personales.
El debate electoral y la censura preventiva
En un año decisivo por las elecciones presidenciales de octubre, el Tribunal Superior Electoral (TSE) abrió una consulta pública sobre normas electorales que propone obligar a las plataformas digitales a retirar de forma proactiva e inmediata, incluso sin orden judicial, contenidos considerados ataques al sistema de votación electrónica o actos antidemocráticos.
La propuesta adopta el enfoque del Supremo Tribunal Federal sobre el “deber de cuidado” de las plataformas y supera el modelo del Marco Civil de Internet, que vinculaba la responsabilidad de las empresas a decisiones judiciales. En caso de omisión, las Big Tech podrían ser responsables civil y administrativamente. Expertos advierten, no obstante, que esto podría delegar en las plataformas un poder de control propio del ámbito judicial, favoreciendo bloqueos preventivos y un aumento de la censura automatizada (overblocking).
