El uso de fondos públicos para pagar seguros privados a funcionarios volvió al centro del debate legislativo en Panamá tras el análisis del proyecto de ley 421 en la Asamblea Nacional.
La iniciativa plantea prohibir que las instituciones públicas incluyan en sus presupuestos partidas destinadas a seguros médicos, de vida y otros seguros privados para servidores públicos, lo que ha reavivado cuestionamientos sobre el manejo del gasto estatal y la existencia de beneficios que se consideran privilegios dentro del sector público.
El proyecto fue estudiado por una subcomisión de la Comisión de Economía y Finanzas, presidida por el diputado Luis Duke, en un contexto de crecientes presiones fiscales y de malestar de sectores de la sociedad civil que cuestionan el uso de recursos públicos para financiar coberturas privadas cuando el país dispone de un sistema de salud estatal, como la Caja de Seguro Social y los hospitales del Ministerio de Salud.
Quienes critican este mecanismo sostienen que, además de representar un gasto oneroso, profundiza la percepción de desigualdad dentro del propio empleo público al beneficiar a un grupo reducido mientras la mayoría de funcionarios y ciudadanos debe costear sus pólizas privadas.
La propuesta fue presentada por el diputado independiente Ernesto Cedeño, quien afirma que el pago de seguros privados con fondos del Estado no se justifica en un país con un sistema de salud pública financiado por aportes de los trabajadores.
Cedeño ha señalado que su intención no es señalar a beneficiarios individuales, sino corregir lo que considera un trato desigual en la administración pública.
Durante la discusión, se informó que al menos 14 instituciones públicas mantienen este tipo de beneficios financiados con recursos estatales.
Entre las entidades mencionadas están el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el Banco Nacional de Panamá, el Cuerpo de Bomberos, la Contraloría General de la República, la Empresa de Transmisión Eléctrica, el Ministerio de Seguridad, el Órgano Judicial, el Tribunal Electoral y la Zona Libre de Colón, entre otras.
Según información suministrada por la Contraloría General de la República al diputado, en al menos siete de esas entidades el Estado destina más de 168,9 millones de dólares al pago de seguros privados.
El proyecto 421 no es la única iniciativa en esta línea: en la subcomisión también se analizaron propuestas similares presentadas por los diputados Jairo Salazar y Luis Duke, con la intención de unificar criterios, recomendaciones y excepciones en un solo texto para su discusión en primer debate.
Según Duke, el objetivo es fortalecer la iniciativa y darle viabilidad jurídica y presupuestaria.
En el análisis participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, de la empresa MiBus y de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, quienes expusieron observaciones sobre el impacto financiero, contractual y operativo que tendría la eliminación de estos seguros en las instituciones del Estado.
Aunque no se tomaron decisiones definitivas, el intercambio dejó en evidencia que se trata de un tema con implicaciones complejas para la gestión pública.
El anteproyecto presentado por Cedeño prohíbe expresamente la inclusión de partidas presupuestarias para seguros de salud, vida y accidentes en todas las entidades, órganos, empresas y dependencias del Estado, incluidas municipalidades y empresas mixtas con participación estatal.
No obstante, el texto contempla excepciones puntuales, como seguros obligatorios derivados de tratados internacionales, coberturas para misiones diplomáticas en el exterior y seguros de vida para estamentos de seguridad, siempre que estén debidamente justificados.
Para sectores críticos, el debate trasciende lo presupuestario y cuestiona la coherencia entre el discurso oficial sobre austeridad y la práctica en el uso de recursos públicos.
En un contexto en el que amplios sectores enfrentan deficiencias en el acceso a servicios de salud y largas listas de espera en hospitales públicos, los seguros privados financiados por el Estado para ciertos funcionarios se perciben como un símbolo de trato desigual.
La discusión está en sus etapas iniciales y se anticipa que encontrará resistencia tanto dentro como fuera del Legislativo. El análisis del proyecto 421, en todo caso, reabre un debate más amplio sobre cómo el Estado administra sus recursos, establece prioridades y responde a demandas de transparencia y equidad en el uso del dinero público.
