Los ataques dirigidos a hospitales, ambulancias y personal sanitario en zonas de conflicto han alcanzado niveles sin precedentes, según un informe global de Médicos Sin Fronteras (MSF) que alerta sobre la erosión sistemática de las protecciones humanitarias en las guerras contemporáneas.
El documento, titulado “Asistencia médica en el punto de mira: el ataque a la humanidad”, indica que la violencia contra la misión médica se ha duplicado desde 2021. En 2024, la Coalición para la Salvaguardia de la Salud en los Conflictos (SHCC) registró 3.623 incidentes violentos, un 15% más que el año anterior y un aumento del 62% respecto a 2022.
“Realmente creía que el hospital era un lugar seguro. Ya no puedo decir lo mismo de ninguna instalación médica en las líneas de frente hoy en día”, declaró la presidencia internacional de MSF, subrayando que muchas infraestructuras sanitarias han dejado de ser refugios neutrales y, en numerosos casos, se han visto involucradas en el escenario del combate.
Una crisis global de seguridad sanitaria
El informe señala que la gran mayoría de estos incidentes —el 81% en 2024— se atribuyen a actores estatales, y destaca el empleo de armamento explosivo en zonas densamente pobladas como el principal responsable de la destrucción de clínicas y hospitales.
Aunque la violencia se registra en múltiples regiones, MSF identifica impactos particularmente graves en conflictos concretos, entre ellos Ucrania, Sudán, Myanmar y la Franja de Gaza.
En Sudán, la organización describe una de las situaciones más mortíferas para el personal humanitario a nivel mundial. Aunque el país representó alrededor del 4% de los incidentes globales, concentró más de la mitad de las muertes de trabajadores humanitarios registradas en 2025, lo que refleja una violencia extrema en el marco de la guerra civil.
Desafíos en el entorno urbano y legal
MSF advierte sobre un cambio en la interpretación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) por parte de fuerzas combatientes. El informe alerta del uso de la doctrina de “pérdida de protección”, mediante la cual se justifican ataques a instalaciones médicas alegando un uso militar de esas infraestructuras.
“La retórica de la ‘pérdida de protección’ basada en una determinación unilateral representa una peligrosa desviación de las normas internacionales”, señala el informe. MSF enfatiza que, incluso cuando se acusa a una instalación de uso indebido, las partes en conflicto están legalmente obligadas a emitir advertencias claras y a permitir un tiempo suficiente para evacuaciones, prácticas que se observan cada vez con menos frecuencia.
En la Franja de Gaza, el informe documenta cifras preocupantes de mortalidad entre el personal sanitario: al menos 572 trabajadores de ayuda perdieron la vida en el territorio entre 2023 y 2025. MSF pone de relieve la destrucción masiva de la red hospitalaria en el enclave, indicando que la mayoría de las instalaciones han quedado fuera de servicio o han sufrido daños severos durante las operaciones militares israelíes dirigidas contra Hamas.
En el frente oriental de Europa y en Siria, MSF atribuye la “vasta mayoría” de los ataques a las fuerzas rusas, y denuncia el empleo de armamento explosivo en áreas urbanas que arrasa clínicas completas. Según la organización, esta táctica no sólo persigue objetivos militares, sino que también provoca el colapso de servicios esenciales al privar a la población de atención sanitaria.
Impunidad y falta de rendición de cuentas
A pesar de más de una década de iniciativas diplomáticas para frenar estos ataques —incluida la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de la ONU en 2016—, el informe concluye que la rendición de cuentas es prácticamente inexistente. MSF denuncia que, de los miles de incidentes documentados en los últimos diez años, casi ninguno ha dado lugar a investigaciones independientes o procesos judiciales contra los responsables.
El informe sitúa el deterioro de las normas de seguridad desde 2015, observando que lo que antes se consideraba una línea roja ahora se asume como un riesgo aceptado por las organizaciones sobre el terreno. Esta realidad obliga a muchas ONG a restringir su presencia en las zonas de mayor necesidad, por la incapacidad de garantizar la seguridad de sus equipos.
“Para la violencia infligida a la atención médica, la justicia ni siquiera se ha intentado”, afirma el documento, que solicita a la comunidad internacional medidas concretas para restablecer la neutralidad de los hospitales.
MSF insta a los Estados miembros de la ONU a traducir la diplomacia en acciones operativas: garantizar corredores seguros para el suministro médico y respetar el principio de que las personas heridas, independientemente de su afiliación, deben recibir atención sin riesgo de represalias ni ataques directos a los centros sanitarios.
El informe completo
Puede consultarse el informe íntegro a través del documento enlazado a continuación.
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