El gobierno iraní publicó este viernes su propio recuento de víctimas de las protestas iniciadas a finales de diciembre, en un intento por fijar su versión frente a la condena internacional por la represión.
El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, declaró que 3.117 personas murieron durante las manifestaciones, entre ellas 600 a las que las autoridades califican como “terroristas”, además de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.
Según Araqchi, del total de fallecidos 2.427 corresponden a “civiles y agentes de seguridad”.
“Entre los muertos hay 600 terroristas”, afirmó el ministro en un comunicado público, sin especificar los criterios para esa clasificación ni aportar verificación independiente.
Se trata del primer reconocimiento oficial amplio desde el inicio de los enfrentamientos, después de semanas de informaciones fragmentarias y comunicados parciales.
El anuncio se produjo pocos días después de que la Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos, un organismo estatal responsable de asistir a familiares de fallecidos en conflictos, difundiera un balance similar.
Observadores internacionales han señalado que el uso de una entidad vinculada históricamente a contextos bélicos para informar sobre víctimas internas subraya la gravedad de la crisis.
Las cifras oficiales contrastan con las estimaciones de organizaciones de derechos humanos, que elevan el número de muertos hasta 5.000 y denuncian decenas de miles de detenciones en una represión que se extendió por numerosas ciudades. Esos grupos señalan el uso de fuerza letal contra manifestantes y detenciones masivas sin garantías judiciales.
Araqchi también atribuyó a los disturbios una destrucción importante de infraestructura pública: aseguró que los “ataques terroristas” causaron daños en más de 400 edificios oficiales, 750 comisarías, 200 escuelas, 300 ambulancias y 800 vehículos, además de cerca de 5.000 centros religiosos.
Las protestas comenzaron a fines de diciembre en el contexto de una profunda crisis económica marcada por el desplome del rial y una inflación persistente que afecta a amplios sectores de la población. Durante varios días, las manifestaciones se multiplicaron en Teherán y otras grandes ciudades con consignas centradas en la situación económica y el rechazo a la gestión política; la respuesta de las fuerzas de seguridad fue rápida y contundente.
El régimen ha responsabilizado a actores externos de la violencia, sosteniendo que fuerzas extranjeras y opositores en el exilio habrían alimentado los disturbios para justificar una posible intervención internacional. Esa narrativa se reforzó tras la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de nuevos ataques si continuaba la represión.
Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que “deplora profundamente” la situación en Irán y reclama el fin de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas contra manifestantes pacíficos.
El texto pide además garantizar juicios ante “tribunales competentes, independientes e imparciales” y evitar condenas a muerte por delitos que no constituyan los más graves.
“Hago un llamamiento a las autoridades iraníes para que recapaciten y pongan fin a su brutal represión”, declaró el Alto Comisionado Volker Türk en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrada en Ginebra.
(Con información de Europa Press y EFE)
