El gobierno iraní difundió este viernes su propio recuento de víctimas por las protestas que se iniciaron a finales de diciembre, en un intento de fijar su versión sobre una represión que ha provocado condenas internacionales.
El ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, informó que 3.117 personas murieron durante las manifestaciones, entre ellas 600 a las que las autoridades califican como “terroristas”, además de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.
De ese total, 2.427 corresponden, según Araqchi, a “civiles y agentes de seguridad”.
Araqchi afirmó que “entre los muertos hay 600 terroristas”, sin detallar los criterios empleados para esa clasificación ni presentar pruebas independientes que la respalden.
Se trata del primer reconocimiento oficial amplio desde el inicio de los enfrentamientos, después de semanas de informaciones fragmentarias y comunicados parciales.
El anuncio se produjo días después de que la Fundación de Asuntos de los Mártires y Veteranos, un organismo estatal encargado de apoyar a familiares de fallecidos en conflictos, difundiera un balance similar.
Para observadores internacionales, que el propio gobierno haya recurrido a una entidad vinculada históricamente a contextos bélicos para informar sobre víctimas internas subraya la gravedad de la crisis.
Las cifras oficiales contrastan con las estimaciones de organizaciones de derechos humanos, que señalan hasta 5.000 muertos y decenas de miles de detenidos, y denuncian el uso de fuerza letal contra manifestantes y detenciones masivas sin garantías judiciales.
Araqchi también atribuyó a los disturbios una gran destrucción de infraestructura pública, y aseguró que los “ataques terroristas” dañaron más de 400 edificios oficiales, 750 comisarías, 200 escuelas, 300 ambulancias, 800 vehículos y cerca de 5.000 centros religiosos.
Las protestas comenzaron a finales de diciembre en el contexto de una profunda crisis económica, con el desplome del rial y una inflación persistente que afectan a amplios sectores de la población. Las manifestaciones se extendieron por Teherán y otras ciudades, con reivindicaciones económicas y críticas a la gestión política, y la respuesta de las fuerzas de seguridad fue rápida y contundente.
El régimen atribuye la violencia a actores externos y opositores en el exilio, a los que acusa de alimentar los disturbios para justificar una posible intervención internacional. Esa narrativa se vio reforzada tras declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiendo de que su país podría volver a atacar a Irán si continuaba la represión.
Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que “deplora profundamente” la situación en Irán y exige el fin de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas contra manifestantes pacíficos.
El texto pide además asegurar juicios ante “tribunales competentes, independientes e imparciales” y evitar condenas a muerte por delitos que no constituyan los más graves.
“Hago un llamamiento a las autoridades iraníes para que recapaciten y pongan fin a su brutal represión”, declaró el Alto Comisionado Volker Türk en la sesión del Consejo de Derechos Humanos celebrada en Ginebra.
(Fuente: Europa Press y EFE)
