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En enero de 2026 Siria recuperó formalmente la unidad territorial perdida hace catorce años, pero esa reunificación supuso la disolución del experimento político más ambicioso de su reciente historia: la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, conocida como Rojava. Lo que se inició en 2012 como un intento de democracia directa inspirado en las ideas de Abdullah Öcalan terminó con la integración forzada de sus milicias en el ejército central y la eliminación de sus instituciones de autogobierno.
La caída no fue el resultado de una batalla decisiva exterior, sino de una implosión interna: tribus árabes que habían apoyado o coexistido con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) se pasaron en masa al gobierno de Damasco cuando éste les ofreció la reintegración al Estado sirio —algo que los líderes kurdos no lograron garantizar. En el plazo de dos semanas, aproximadamente el 90% del territorio controlado por el Rojava cambió de manos. Estados Unidos reculó respecto a su respaldo de una década, y las tensiones internas —autoritarismo, clientelismo y dependencia de los ingresos petroleros— terminaron minando el proyecto desde dentro.
Este acuerdo de enero fue el segundo intento formal de arreglo entre las partes desde la caída de Bashar al-Assad en diciembre de 2024; un pacto similar alcanzado en marzo de 2025 nunca se implementó por desacuerdos. En esta ocasión, la presión militar fue determinante: la ofensiva del gobierno, iniciada el 6 de enero, arrebató en menos de dos semanas la mayor parte del territorio controlado por las fuerzas kurdas, incluyendo ciudades importantes como Raqqa y Deir ez-Zor. Para observadores como Charles Lister, director del Programa de Siria en el Middle East Institute, el resultado fue un colapso operativo casi total de las fuerzas kurdas.
Una oportunidad en medio del desastre
El origen del Rojava está ligado al vacío de poder que dejó la retirada de las tropas del gobierno del noreste sirio en 2012, cuando el régimen concentró sus recursos en los frentes de Damasco y Alepo. En ese contexto, el Partido de la Unión Democrática (PYD) y sus milicias YPG/YPJ establecieron una administración que proponía transformar la política mediante comunas, un feminismo activo, laicismo y una visión que rechazaba el Estado-nación tradicional.
La resistencia de Kobane en 2014 frente al Estado Islámico proyectó esa experiencia al escenario internacional: las imágenes de combatientes kurdas enfrentando a los yihadistas consolidaron la reputación del Rojava como símbolo de resistencia. Ese prestigio facilitó la alianza con la coalición internacional liderada por Estados Unidos y, con la creación de las FDS en 2015, la expansión del control territorial hasta abarcar cerca de un tercio de Siria, incluidos amplios recursos petroleros y las fértiles tierras de la región de Jazira.
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Sin embargo, el mismo éxito contenía factores que luego lo debilitaron. Por presiones occidentales, las autoridades kurdas asumieron la administración de territorios mayoritariamente árabes en Deir ez-Zor y Al-Raqa, una responsabilidad que, según expertos como Cédric Labrousse analizado en L’Opinion, aceptaron más por la necesidad de derrotar a ISIS que por legítima adhesión local. Las tribus árabes se acomodaron mientras la alternativa parecía ser el retorno al control de Assad.
El reverso de la utopía
La imagen exterior de un Rojava feminista y participativo ocultaba tensiones profundas. Críticas y reportes de organizaciones como el Centro Sirio para los Medios y la Libertad de Expresión documentaron prácticas autoritarias: cierres de sedes opositoras, reclutamiento forzoso de menores y censura. La propuesta teórica de Öcalan —una “tercera vía” entre capitalismo y Estado-nación— chocó con una realidad militarizada y dependiente de la explotación petrolera y del respaldo estadounidense.
Investigaciones de campo, como la crónica de Faris Zwirahn en New Lines Magazine, revelaron que el poder efectivo residía en una red paralela de cuadros vinculados al PKK que operaban como una autoridad informal, desplazando a los consejos civiles locales y concentrando el control de la seguridad y de los ingresos petroleros. Zwirahn documentó asimismo episodios de represión cultural y política —desde prohibiciones simbólicas hasta detenciones— que alimentaron resentimiento en la población árabe. Esa falta de arraigo social explicó en gran parte la velocidad con que el proyecto se desmoronó cuando se rompió el equilibrio.
Colapso interno y traición
En enero de 2026 la ofensiva del gobierno no topó con una defensa cohesionada, sino con deserciones masivas. Formaciones tribales integradas en las FDS, como la Fuerza Sanadid de la tribu Shammar, abandonaron posiciones e incluso facilitaron la toma de pasos estratégicos, por ejemplo el cruce de Yarubiyah. Los kurdos denunciaron además el apoyo de Turquía mediante ataques con drones.
La figura de Ahmed al-Sharaa, un líder árabe sunita presentado como moderado, fue clave: ofrecía a las tribus la reintegración al Estado sirio, una opción que los kurdos no pudieron garantizar. Sin el sostén de sus aliados árabes y con el aparente retiro del respaldo estadounidense, las YPG/YPJ quedaron aisladas. La llegada de tropas gubernamentales a ciudades como Raqqa fue recibida por amplios sectores como la restauración del control estatal, reflejando la percepción local de los kurdos como una fuerza ocupante.
El abandono estadounidense
El giro de Washington resultó decisivo. En plena escalada, el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, afirmó en X que ya no había razones para que los aliados kurdos lideraran la lucha contra el Estado Islámico y señaló al gobierno central de Damasco como “socio natural”. Barrack reconoció el papel que las FDS desempeñaron contra el califato en 2019, pero argumentó que la situación había cambiado y que era posible cooperar con un Estado central más estable.
Analistas señalan asimismo que la administración de Trump optó por priorizar la normalización con Damasco y reducir la protección a un enclave kurdo que irritaba a Turquía, aliado de la OTAN. En 2025, Siria se incorporó formalmente a la Coalición Global para Derrotar al EI, un gesto que reafirmó el giro del régimen hacia la cooperación con actores occidentales.
Derechos culturales, cero poder
En el proceso quedó una concesión simbólica: el Decreto Presidencial número 14 reconoce al pueblo kurdo como “componente esencial” de Siria, oficializa su lengua y declara el Nowruz como festividad nacional, derechos largamente negados. Sin embargo, para especialistas como Fabrice Balanche —citando la recuperación de campos petroleros como objetivo principal— estos gestos son en gran medida cosméticos y no compensan la pérdida del poder político.
El acuerdo pactado exige la integración “individual” de combatientes en el ejército sirio tras controles de seguridad, desarticulando la cadena de mando colectiva; obliga además a expulsar del país a miembros extranjeros de las YPG. Instituciones como Chatham House advirtieron que la redistribución de esos combatientes en unidades de mayoría árabe puede ser una “bomba de tiempo” para la cohesión militar. La desconfianza prevalece: Damasco ve a las FDS como separatistas con apoyo extranjero; los kurdos temen integrar un ejército fragmentado y con rencores residuales de la guerra civil.
Expertos del International Crisis Group han señalado que el gobierno prioriza el control territorial sobre la gestión de amenazas como la posible reemergencia del Estado Islámico, riesgo que se vio agravado cuando las FDS denunciaron la falta de apoyo internacional para detener un asalto a una cárcel que acabó con fugas masivas de presos de ISIS.
El espectro de la insurgencia
Analistas como Francesco Petronella del ISPI defendieron que la capitulación pudo ser la única salida para evitar una catástrofe humanitaria a gran escala, pero advirtieron sobre las consecuencias a medio plazo. Aunque el acuerdo formaliza el fin de la entidad autónoma tal como se conocía, no resuelve la cuestión kurda en Siria. Si la integración falla, existe la posibilidad de que un núcleo duro de milicianos opte por una insurgencia prolongada, con el doble riesgo de desangrar al nuevo gobierno y de crear un vacío que el Estado Islámico pudiera aprovechar para resurgir. En este contexto, los kurdos han comenzado a buscar nuevos apoyos internacionales —incluyendo llamadas públicas a Israel—, mientras el futuro político y de seguridad de la región sigue siendo altamente incierto.
