La discusión interna sobre la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei sumó un nuevo foco de tensión, esta vez con impacto en las provincias.
Desde el kirchnerismo, la diputada nacional Julia Strada (UP) responsabilizó directamente a varios gobernadores, señalando que se encuentran en negociaciones que podrían implicar canjes de derechos laborales por alivios fiscales.
La denuncia de Strada se concentra en los artículos 190 y 191 del proyecto oficial. Según su interpretación, esos artículos incluyen cambios tributarios que implicarían una reducción de las alícuotas del Impuesto a las Sociedades y del Impuesto a las Ganancias.
Como se trata de tributos coparticipables, cualquier disminución en esas cargas fiscales repercutiría en los ingresos provinciales, lo que, según la diputada, estaría siendo utilizado como moneda de negociación.
«La jefa de bloque del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, ya les está ofreciendo sacar esa parte impositiva, para no desfinanciar a las provincias, pero a cambio de que voten todo el resto de la reforma laboral», explicó Strada en declaraciones radiales.__IP__
Un llamado a la resistencia federal
Con la advertencia «no entreguen los derechos por dos pesos con cincuenta», Strada apeló a la responsabilidad de los gobernadores frente a sus electorados. Subrayó que los trabajadores potencialmente afectados por la reforma son los mismos ciudadanos a los que los mandatarios provinciales deben proteger.
La señal del kirchnerismo llega en un momento clave del debate en la Cámara de Senadores, donde el oficialismo intenta consolidar una mayoría para aprobar el paquete de reformas antes de que finalice el período de sesiones extraordinarias. Strada pidió prestar atención a esas negociaciones y sostuvo que el compromiso con la recaudación no puede prevalecer sobre la seguridad jurídica de los trabajadores argentinos.
