Miles de manifestantes heridos en las recientes protestas en Irán habrían sido sacados de hospitales y detenidos por fuerzas de seguridad, denunció la relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato. Esa práctica, según la experta, violaría gravemente el derecho a la atención médica reconocido por el derecho internacional.
Sato, profesora en la Universidad Birkbeck de Londres, dijo haber recibido múltiples informes sobre retiradas forzosas de pacientes en hospitales de varias provincias. En declaraciones a Reuters señaló que familias que fueron al día siguiente a buscar a sus seres queridos no los encontraron; además, informó que a familiares les exigirían entre 5.000 y 7.000 dólares para entregar cuerpos de fallecidos, una carga económica considerable en el contexto actual del país.
La organización de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, calcula que las muertes vinculadas a las protestas suman 5.937, incluyendo 214 miembros de fuerzas de seguridad. Las autoridades iraníes reconocen oficialmente 3.117 fallecidos. Sato y Reuters indicaron que no pudieron verificar de forma independiente estas cifras, aunque la relatora considera que el número real de víctimas es mucho mayor que el oficial.
Profesionales sanitarios en Irán, entrevistados bajo anonimato por Reuters, confirmaron que fuerzas de seguridad han ingresado a hospitales para retirar pacientes y buscar registros que permitan identificar y detener a manifestantes heridos. Un médico en Rasht declaró que, tras operaciones por heridas de bala, decenas de pacientes fueron sacados por la Guardia Revolucionaria y su paradero se desconoce. En hospitales de Teherán, una enfermera y dos médicos relataron que agentes de la Guardia y la policía inspeccionaron habitaciones en busca de heridos por las protestas.
Estas intervenciones han disuadido a muchas personas de buscar atención médica por temor a ser arrestadas, lo que pone en riesgo la vida y la salud de los lesionados. Sato advirtió que tales acciones vulneran el principio de neutralidad médica protegido por los Convenios de Ginebra, que garantizan la protección de personal sanitario, instalaciones y pacientes para asegurar una atención imparcial.
Según los informes citados por Sato, las fuerzas de seguridad habrían disparado a manifestantes en el pecho y la cabeza en las 31 provincias del país, apuntando a órganos vitales y usando fuerza letal de forma indiscriminada. El derecho internacional permite el uso de fuerza letal solo como último recurso y de manera proporcional. Sato afirmó que estos hechos podrían constituir “muertes ilegales y ejecuciones arbitrarias” y alertó sobre un incremento de lesiones oculares por perdigones en las recientes protestas.
La relatora también denunció que las exigencias de pago para la entrega de cadáveres agravan el sufrimiento de las familias, combinando dolor y extorsión. Señaló que las autoridades intentan etiquetar a los manifestantes como “terroristas” o “alborotadores” para justificar la represión de un movimiento que, según describió, nació de forma local y espontánea.
Irán difunde “confesiones” forzadas para disuadir la disidencia
Al menos 240 confesiones forzadas han sido transmitidas recientemente por la televisión estatal iraní, según denuncias de organizaciones de derechos humanos. En los videos, arrestados admiten delitos que van desde violencia contra fuerzas de seguridad hasta colaboración con opositores o potencias extranjeras, e incluso por interacción en redes sociales con cuentas críticas.
Organizaciones como Amnistía Internacional han calificado esos videos de propaganda y denunciado que las confesiones serían obtenidas mediante tortura física y psicológica. Se ha informado que detenidos son obligados a firmar declaraciones que no pueden leer y a admitir crímenes que no cometieron, incluidas formas pacíficas de disenso.
El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha encabezado personalmente algunas de estas interrogaciones televisadas. Roya Boroumand, directora del Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán, indicó que las confesiones sirven para fabricar legitimidad política, mostrar a manifestantes como agentes violentos de intereses extranjeros y desalentar la disidencia. Boroumand señaló que tales prácticas persiguen humillar y desacreditar opositores y recordar a la población el alto costo de desafiar al Estado.
Las protestas, inicialmente por motivos económicos, se convirtieron en un movimiento masivo contra la república islámica, especialmente desde el 8 de enero cuando se impuso un apagón de internet. HRANA reporta miles de muertes durante la represión, más de 41.000 arrestos y 240 confesiones forzadas en el marco del operativo.
El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI) ha calificado la magnitud de las confesiones forzadas como sin precedentes y advierte que esas declaraciones suelen ser la única prueba usada para condenar, incluso en casos con pena de muerte. Boroumand explicó que al exhibir a disidentes confesando “colusión con potencias extranjeras”, el Estado pretende legitimar la represión en nombre de la seguridad nacional y emplea las confesiones televisadas como evidencia para justificar castigos severos.
(Con información de Reuters y AFP)
