Las autoridades iraníes están obligando a numerosas personas a declarar en televisión lo que denominan “confesiones forzadas”, en el marco de una campaña represiva que, según diversas fuentes, también dejó miles de muertos durante las protestas.
La agencia de derechos humanos Human Rights Activists News Agency (HRANA) informó que, en las últimas semanas, se emitieron al menos 240 “confesiones forzadas” en la televisión estatal, una cifra que describen como “sin precedentes”.
Este fenómeno se produjo después de la detención de miles de personas durante las protestas que sacudieron al régimen teocrático.
En las emisiones, interrogadores hacen declarar a los detenidos sobre supuestos delitos como agredir a miembros de las fuerzas de seguridad, recibir dinero de grupos monárquicos o de los denominados enemigos de Irán, o compartir imágenes con organizaciones prohibidas o medios de comunicación.
También se han transmitido acusaciones menores, como seguir cuentas de opositores en redes sociales.
Activistas sostienen que muchas de estas confesiones se obtienen mediante tortura psicológica y física y que la práctica ya se utilizó anteriormente, en ocasiones en juicios que terminaron en ejecuciones.
Amnistía Internacional calificó esos materiales de “videos propagandísticos” y afirmó haber recibido denuncias de que las autoridades obligan a los detenidos a leer confesiones de crímenes que no cometieron, así como a admitir actos de disidencia pacífica.
El relator especial de la ONU para los derechos humanos en Irán, Mai Sato, declaró ante el Consejo de Derechos Humanos que las “confesiones falsas” buscan reforzar la narrativa oficial de que los manifestantes son delincuentes peligrosos.
Disuadir disidentes
El jefe del Poder Judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, llegó a interrogar personalmente a algunos detenidos en sesiones retransmitidas por la televisión estatal.
Roya Boroumand, directora del Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán, explicó a AFP que las confesiones televisadas bajo coacción en regímenes autoritarios cumplen varias funciones: fabricar legitimidad política, crear una narrativa oficial que presente a manifestantes pacíficos como agentes violentos de influencias extranjeras y disuadir la disidencia.
Las protestas comenzaron en diciembre por reivindicaciones económicas y se convirtieron en un movimiento más amplio contra la República Islámica, con grandes movilizaciones desde el 8 de enero, cuando el gobierno suspendió el acceso a internet.
La represión dejó miles de muertos y, aunque las protestas han disminuido, las autoridades responsabilizan de las movilizaciones a enemigos externos, entre ellos Israel y Estados Unidos.
HRANA informó que más de 41.800 personas fueron detenidas en la represión y documentó 240 casos de “confesiones forzadas”.
La misma ONG, con base en Estados Unidos, dijo haber confirmado 6.126 fallecimientos vinculados a las protestas: 5.777 manifestantes, 86 menores, 214 miembros de las fuerzas de seguridad y 49 transeúntes. Añadió que investiga más de 17.000 posibles muertes y advirtió que las detenciones continúan.
Un video difundido en redes muestra a un joven identificado por usuarios como Shervin Bagherian, de 18 años, siendo interrogado por la muerte de un miembro de las fuerzas de seguridad y advertido de que podría enfrentarse a cargos con pena capital.
En otro caso que circuló ampliamente, un hombre aparece admitiendo haber enviado imágenes de las protestas por redes sociales al entonces presidente estadounidense Donald Trump.
Organizaciones y activistas señalan que estas emisiones se han utilizado previamente antes de ejecutar condenas, incluso en casos que afectaron a extranjeros.
En octubre de 2022 la ciudadana francesa Cecile Kohler fue mostrada en la televisión iraní realizando lo que activistas consideraron una “confesión forzada” antes de ser condenada por espionaje, acusación que su familia niega.
Kohler y su compatriota Jacques Paris fueron liberados a fines del año pasado, pero continúan sin poder abandonar Irán.
Humillar disidentes
El Centro para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Estados Unidos, indicó que esas confesiones suelen emplearse como única prueba en procesos que a veces concluyen con penas capitales.
Roya Boroumand afirmó que al forzar a disidentes a “confesar” públicamente vínculos con potencias extranjeras, el Estado busca legitimar su represión bajo el argumento de proteger la seguridad nacional.
Asimismo, subrayó que las transmisiones pretenden humillar a los disidentes, destruir su credibilidad y recordar al público el alto costo de desafiar al Estado.
(AFP)
