La pesquisa judicial sobre la fabricación y distribución de fentanilo contaminado sumó un nuevo capítulo: se agravarán las imputaciones y 14 acusados serán indagados nuevamente.
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, pidió al Cuerpo Médico Forense que precise las secuelas físicas y mentales de los 48 pacientes que sobrevivieron tras recibir el anestésico adulterado, y que determine en qué medida aumentó el riesgo de muerte entre los 111 fallecidos que el juzgado acreditó inicialmente a partir de historias clínicas y análisis bacteriológicos, informes que deberán ser ratificados por peritos oficiales.
El caso es calificado como el mayor desastre sanitario del país y se lo compara con episodios trágicos de la historia reciente, como el siniestro ferroviario de Once —con 53 muertos y una persona por nacer— y la tragedia en el boliche Cromañón, con 194 víctimas fatales.
En la actualidad, los acusados, que hasta ahora estaban procesados por 20 muertes, podrían ser indagados por un número mucho mayor si los peritos confirman que el total de fallecidos alcanza 111. La expectativa de pena oscila entre 10 y 25 años de prisión por los delitos tipificados como adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración en un modo peligroso para la salud pública.
Las defensas de los 14 procesados apelaron ante la Cámara Federal de La Plata y los magistrados revisan esas observaciones. Tras las nuevas indagatorias y el eventual agravamiento de la situación procesal, se espera que las defensas presenten nuevas apelaciones.
Si las apelaciones se plantean antes de que la Cámara dicte una resolución, los jueces podrían unificar decisiones en un solo fallo, lo que acortaría plazos y permitiría elevar la causa a juicio oral alrededor de mediados de 2026. La investigación, por su complejidad, es asimismo destacada por la velocidad en la recolección de pruebas y la consolidación de datos científicos.
Un dato relevante: el 8 de mayo de 2025 la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió la primera advertencia que prohibió el uso del fentanilo contaminado fabricado por HLB Pharma Group SA y producido por Laboratorios Ramallo SA, empresa vinculada a Ariel García Furfaro. Ese comunicado dio inicio a una pesquisa de mayor alcance.
Para avanzar, el juez ordenó una batería de pericias que el Cuerpo Médico Forense debe responder con alto grado de precisión. La instrucción prioriza tres preguntas centrales:
Si las infecciones bacterianas que sufrieron los pacientes causaron daños irreversibles en órganos, sentidos o miembros, o provocaron dificultades permanentes para hablar, incapacidad laboral prolongada, riesgo vital o deformidad facial.Si las consecuencias alcanzaron un grado aún más grave, como enfermedades mentales o físicas incurables, pérdida definitiva de funciones vitales o la imposibilidad de procrear.Si existió cualquier otro tipo de daño no contemplado en los puntos anteriores.
En el último caso, los peritos deberán describirlo con el mismo nivel de detalle.
El magistrado agregó que todos los informes de la junta médica deben tomar en cuenta la información consolidada en los legajos digitales de los pacientes y dispuso que esa documentación esté accesible para las partes a través del Drive institucional del juzgado, con el objetivo de evitar obstáculos y la dispersión de datos que retardaron el avance del expediente.
El dictamen del Cuerpo Médico Forense será determinante para fijar cuántos delitos se imputarán finalmente y para establecer la base sobre la cual se calculará el daño provocado por el fentanilo contaminado.
Hasta ahora, los peritos oficiales identificaron a 52 pacientes fallecidos después de haber sido tratados con fentanilo contaminado por las bacterias Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y/o Ralstonia mannitolilytica.
Según dos dictámenes ya incorporados al expediente, los resultados de las pericias son los siguientes:
“La causa de muerte se relaciona con la bacteriemia asociada a los gérmenes mencionados”.“La infección por esos microorganismos incrementó el riesgo de muerte y la falla multiorgánica derivada fue un factor determinante en el desenlace fatal”.
Los peritos también señalaron que las bacterias multirresistentes pueden provocar muertes en menos de 30 días y recomendaron revisar la documentación médica de receptores de órganos que hubieran recibido tejidos de donantes infectados.
Por otra parte, los especialistas del Instituto Malbrán, laboratorio de referencia, detectaron fallas graves en la cadena de producción de las ampollas de Fentanilo HLB Pharma, especialmente en los lotes 31202 y 31244, que presentaban “riesgos significativos que comprometerían la calidad y seguridad del producto”. Los peritos describieron el proceso de fabricación como “poco robusto e inconsistente” y constataron “deficiencias en la calidad de llenado y cierre”.
También se identificaron deficiencias en los controles que deberían haber ejercido los organismos estatales sobre los laboratorios.
Aunque inicialmente el juzgado trabajó con 174 historias clínicas de pacientes fallecidos presuntamente vinculados al fentanilo contaminado, en las primeras semanas de la feria judicial el equipo de Kreplak depuró los expedientes en los casos en los que las historias clínicas estaban mal confeccionadas o no se habían realizado estudios bacteriológicos en las muestras de sangre. Como resultado, quedaron 159 casos en los que la presencia de los microorganismos contaminantes quedó debidamente acreditada.
Los procesados, que podrían ser indagados nuevamente una vez que el Cuerpo Médico Forense se expida sobre los 159 casos bajo análisis, son:
Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo;Diego García Furfaro, su hermano y directivo de ambas compañías;Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura de HLB Pharma Group SA;José Antonio Maiorano, director técnico responsable de la producción y liberación de los lotes contaminados.
En la actualidad, los hermanos García Furfaro y Tchukrán están detenidos.
Mientras tanto, Nilda Furfaro, madre de los hermanos García, y Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo SA, fueron beneficiadas con prisión domiciliaria.
Otros ocho involucrados vinculados a la producción y al control de calidad fueron procesados sin prisión preventiva: Eduardo Darchuk, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Rocío del Cielo Garay, Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar, Adriana Iudica, Wilson Daniel Pons, María Victoria García y Víctor Pablo Boccaccio.
Desde el entorno del magistrado sostienen que la cifra de víctimas fatales podría ser mayor que la que se ha acreditado hasta ahora.
