Una joven japonesa de 23 años denunció haber sido víctima de violencia en Salta, donde afirma haber sufrido privación de la libertad y agresiones físicas y sexuales durante varios meses; los detalles del caso causaron conmoción en la provincia.
A. Y., nombre con el que se la identifica para proteger su identidad, permanece bajo custodia las 24 horas tras denunciar a M. L., también de 23 años. Recibe asistencia de la Fundación Volviendo a Casa y espera poder regresar a Japón junto a su hijo.
La relación entre ambos comenzó en Japón en septiembre de 2024 y, tras cinco meses, la joven quedó embarazada. Según su declaración, la gestación se produjo pese a que el acusado le había pedido que usara protección.
Según el testimonio al que accedió El Tribuno, el embarazo motivó que la pareja se estableciera en Argentina para acceder a un parto gratuito; a partir de su llegada se habrían iniciado los episodios de maltrato que ahora se denuncian.
La mujer relató haber sufrido violencia física y psicológica, incluyendo golpes en el rostro y otras partes del cuerpo, jalones de pelo y arrastres. También denunció robos de dinero y uso fraudulento de su tarjeta de crédito, y que fue forzada a pedir dinero a sus padres para el agresor.
Una persona que asiste a la víctima señaló que, durante el embarazo, el hombre la obligaba a mantener relaciones pese a que ella no quería, y que la imposibilidad de hablar español dificultó que pudiera denunciar antes. Las agresiones le habrían provocado lesiones, entre ellas la fractura de un dedo.
Para mantenerla aislada, el agresor le habría quitado el teléfono celular y la joven no contaba con familiares en la provincia. Además, se acusa a un familiar del hombre, que sería médico, de haber borrado el historial de lesiones que la víctima habría presentado en los meses anteriores.
Los allegados criticaron la actuación estatal por considerarla insuficiente y acusaron al Juzgado de Violencia Familiar y de Género 1a Nominación de haber intervenido de forma irregular. Según el testigo, la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género 3 nunca la llamó a declarar como víctima y afirmó, de manera falsa según ellos, que el expediente no estaba habilitado.
Cuando la joven denunció por primera vez, la Justicia dispuso que el acusado permaneciera en la vivienda que ambos compartían, bajo una consigna personalizada, alegando que ella presentaba diagnóstico de depresión posparto.
La custodia policial ordenada por la Justicia habría sido deficiente: denuncian que el hombre habría declarado en nombre de A. Y. para indicar que realizarían un viaje familiar a Jujuy. Además, entre el 25 y el 27 de diciembre la joven y su hijo permanecieron sin protección estatal, en circunstancias que no fueron aclaradas por las autoridades.
Finalmente la mujer pudo formalizar la denuncia por secuestro y abuso y la policía la rescató; al ingresar al domicilio la encontraron con el rostro visiblemente lesionado y oculta con su bebé en una habitación.
En la actualidad, la víctima vive en la casa de una persona que la acompaña de forma permanente mientras intenta juntar los fondos necesarios para regresar a Japón. Solicitó permiso para salir del país junto a su hijo, pero aún no recibió respuesta oficial.
Pese a la gravedad de las denuncias, sostienen que el agresor continúa en libertad y que mantiene contacto con la joven, a pesar de las restricciones judiciales impuestas en su contra.
